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La Cámara de Diputados de la Nación afronta este miércoles 21 de octubre una extensa sesión en la que el debate sobre discapacidad podría terminar con un acuerdo político para aprobar una nueva normativa que incorpore parte sustancial de los reclamos planteados por las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones del sector.
En el centro de la negociación aparece el diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, quien planteó modificaciones de fondo al dictamen de mayoría y trabajó para que esos cambios sean incorporados al texto que llegará al recinto.
La negociación adquirió relevancia en las horas previas a la sesión. Según trascendió, La Libertad Avanza habría aceptado puntos propuestos por Herrera Ahuad, mientras también existiría la posibilidad de acompañamiento de Unión por la Patria si se alcanzan nuevas incorporaciones. El objetivo del legislador misionero es transformar un dictamen sobre el cual Argentina Federal había expresado disidencias en una norma con mayores garantías para el colectivo de discapacidad.
“Entendemos que es un dictamen al que le falta bastante para cumplir con lo que piden. No son exigencias, son derechos de las personas con discapacidad”, remarcó Herrera Ahuad en la previa de la sesión.
Herrera Ahuad llevó cinco modificaciones de fondo al dictamen
El diputado explicó que el trabajo no surgió solamente de las negociaciones parlamentarias, sino también del diálogo mantenido con organizaciones y representantes del sector. “Estamos hablando con diferentes organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad, diferentes colectivos, no todos, pero con muchos de ellos”, explicó.
De esas conversaciones surgió inicialmente un paquete de cinco modificaciones consideradas medulares, al que podrían agregarse otros cambios durante la discusión parlamentaria. “Eso lo pudimos consolidar en cinco puntos que a esta hora podrían ser seis o siete, pero ya con cuestiones más de forma, no tanto de fondo como las que nosotros proponemos”, señaló.
Herrera Ahuad también destacó que durante las conversaciones fueron incorporándose propuestas provenientes de otros espacios políticos. La intención, explicó, es utilizar el debate en particular dentro del recinto para mejorar definitivamente el articulado. “Estamos dispuestos a trabajar en el recinto y lograr que estas modificaciones puedan ser aceptadas y, de esta manera, podamos tener un buen resultado, algo que dé previsibilidad a las personas discapacitadas de la Argentina”, sostuvo.
Presupuesto para discapacidad: uno de los cambios centrales
Uno de los aspectos considerados centrales por Argentina Federal está relacionado con el financiamiento. La propuesta apunta a establecer de manera expresa la incorporación de una partida presupuestaria destinada a garantizar la sostenibilidad de las políticas de discapacidad. “Una de ellas es con respecto al financiamiento. En esto es taxativo lo que hace a la incorporación de la partida presupuestaria en el artículo 7”, explicó Herrera Ahuad.
Para el legislador, dejar expresamente establecida esa obligación permitirá que, al momento de discutirse el Presupuesto nacional, el Congreso cuente con una herramienta concreta para debatir los recursos correspondientes. “Nos va a permitir, si es que nos aceptan incorporarlo, que después, cuando discutamos Presupuesto, podamos discutir sabiendo que ya lo tenemos incorporado”, afirmó.
Entre los puntos difundidos de la negociación aparece además una garantía destinada a evitar retrocesos presupuestarios: el crédito por beneficiario no podría ser inferior, en términos reales, al contemplado durante el ejercicio inmediato anterior.
De concretarse, se buscaría establecer un piso para evitar que el financiamiento pierda capacidad real de cobertura con el paso del tiempo.
Los requisitos los fijaría el Congreso y no quedarían a discreción del Ejecutivo
Otro cambio relevante se concentra en el artículo 5. Herrera Ahuad cuestionó que el texto original dejara en manos del Poder Ejecutivo aspectos vinculados con los requisitos para acceder a determinadas prestaciones o beneficios.
La modificación propuesta busca que esos parámetros queden expresamente establecidos en la ley. “Esto quita discrecionalidad. Entonces los requisitos los pone el Congreso”, sintetizó.
Entre los requisitos difundidos en las horas previas al tratamiento figuran la acreditación del Certificado Único de Discapacidad (CUD); la acreditación de identidad, edad y nacionalidad mediante DNI; y condiciones objetivas vinculadas con los ingresos y la situación previsional.
Uno de los cambios relevantes establece que, para evaluar el límite económico, se tenga en cuenta el ingreso individual de la persona y no el del grupo familiar. El parámetro planteado es no percibir ingresos económicos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También se contempla que, en caso de ser propietario de una vivienda, deberá acreditarse que se trata de la vivienda única familiar.
La cobertura de salud, otro de los puntos que Herrera Ahuad busca “blindar”
La propuesta de Argentina Federal también introduce cambios en el artículo 10 vinculados con las prestaciones sanitarias. La intención es evitar que una modificación administrativa futura pueda provocar una pérdida de derechos o cobertura.
Herrera Ahuad explicó que la redacción busca que los beneficiarios mantengan las prestaciones sanitarias y que también queden contemplados los programas que eventualmente reemplacen a los actualmente existentes. “Todos tienen no solamente que incluir salud, sino todo aquello que reemplace en el futuro a un programa y que esté contemplado, que esté incluido”, señaló.
Entre las incorporaciones difundidas aparece expresamente un programa médico y cobertura de salud que garantice las prestaciones de la Ley 24.901, una de las normas centrales del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.
Deudas: 30 días para reconocerlas y 60 para transferir los recursos
Otro capítulo considerado de fondo es el referido a las deudas existentes dentro del sistema. La modificación impulsada establece plazos específicos para otorgar previsibilidad a prestadores y beneficiarios: 30 días para el reconocimiento de la deuda y 60 días para la transferencia correspondiente, siempre que se hayan cumplido los procedimientos y presentado la documentación exigida para el pago.
Herrera Ahuad señaló que el objetivo es mejorar la “trazabilidad de la deuda” y evitar que los compromisos pendientes queden sujetos a tiempos indefinidos. “Lo que ponemos también en la normativa es que sea más claro con respecto a que a los 30 días tiene que estar reconocida y a los 60 días tiene que estar transferida, siempre y cuando se hayan realizado todas las acciones correspondientes y las documentaciones correspondientes para el pago”, detalló.
“Blindamos el nomenclador, el presupuesto, la partida y los requisitos”
Herrera Ahuad resumió el alcance político y legislativo de las modificaciones con una definición que marca el eje de la negociación. “Con esto blindamos parte del nomenclador, blindamos el presupuesto, blindamos la partida, blindamos los requisitos”, afirmó.
La frase sintetiza el objetivo de Argentina Federal: trasladar a la propia ley cuestiones sensibles que, de otro modo, podrían quedar sometidas a decisiones administrativas posteriores.
Además de los cambios considerados de fondo, el diputado anticipó que durante las últimas horas continuaban trabajando sobre otros artículos, principalmente relacionados con aspectos formales.
Una negociación abierta hasta el momento de la votación
El escenario parlamentario continuaba abierto en las horas previas a la sesión. La posibilidad de alcanzar una mayoría amplia dependerá finalmente de la redacción que llegue a la votación y de las modificaciones que sean aceptadas durante el tratamiento en particular. Las versiones conocidas antes de ingresar al recinto señalan que La Libertad Avanza habría receptado los principales planteos realizados por Herrera Ahuad y que las conversaciones continuaban para sumar aportes provenientes de otros bloques.
En ese contexto, también aparece la posibilidad de un acompañamiento de sectores de Unión por la Patria, aunque el entendimiento dependerá de la incorporación definitiva de sus planteos y del texto que resulte de la negociación.
Por eso, el dato político de la jornada no pasa solamente por la votación, sino por la posibilidad de que un dictamen originalmente cuestionado por Argentina Federal llegue al recinto con cambios sustanciales promovidos desde el bloque que conduce el legislador misionero.
Los principales cambios que llegan a la negociación
Las modificaciones planteadas y los puntos que trascendieron de las conversaciones incluyen:
- Financiamiento garantizado: incorporación expresa de una partida presupuestaria destinada a sostener las políticas de discapacidad.
- Piso presupuestario: el crédito por beneficiario no podría resultar inferior, en términos reales, al correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
- CUD: acreditación mediante el Certificado Único de Discapacidad.
- Identidad: acreditación de identidad, edad y nacionalidad mediante DNI.
- Ingresos individuales: para el parámetro económico se tomaría el ingreso de la persona y no el conjunto de ingresos de su familia.
- Vivienda: si el beneficiario posee un inmueble, deberá acreditarse su carácter de vivienda única familiar.
- Menor discrecionalidad del Ejecutivo: los requisitos quedarían determinados por el Congreso dentro de la propia ley.
- Cobertura sanitaria: protección de las prestaciones y programas médicos contemplados por la Ley 24.901.
- Continuidad de derechos: inclusión de los programas que en el futuro puedan reemplazar a los actualmente existentes.
- Deudas: establecimiento de plazos concretos para su reconocimiento y transferencia.
- Nomenclador: incorporación de mayores garantías para sostener el esquema de prestaciones.
La definición quedará ahora en manos del recinto. Herrera Ahuad llega a la sesión con una posición diferente a la que Argentina Federal sostuvo frente al dictamen original: mantiene sus cuestionamientos sobre aquello que considera insuficiente, pero apuesta a que las modificaciones negociadas permitan construir una mayoría y convertir el proyecto en una norma con mayores garantías.
El desafío será determinar si esas incorporaciones quedan efectivamente plasmadas en el texto que vote Diputados. Si eso ocurre y se reúne la mayoría necesaria, la Cámara podría dar este miércoles un paso decisivo hacia una ley de discapacidad que incorpore reclamos concretos del sector y establezca mayores garantías sobre financiamiento, prestaciones, requisitos y pago de deudas.
