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La causa por la desaparición de una veintena de perros en la localidad de Guaraní sumó un nuevo capítulo de controversia, luego de que la abogada querellante Micaela Pereira denunciara que fue apartada del expediente judicial sin notificación previa. El caso, que involucra cuestionamientos hacia la gestión municipal, continúa sin respuestas claras sobre el destino de los animales.
Pereira, representante legal de diversas organizaciones proteccionistas, explicó que el acceso a la causa se realiza a través del sistema digital judicial. Sin embargo, en las últimas horas, se le quitó la visualización del expediente, lo que le impide seguir el avance del proceso. Según indicó, esta medida habría sido impulsada por el fiscal interviniente, quien además cuestionó la legitimidad de las ONG para actuar como querellantes.
La letrada detalló que el argumento oficial se basa en la supuesta falta de documentación que acredite la vigencia de las asociaciones. No obstante, sostuvo que se trata de un requisito meramente burocrático y remarcó que las entidades están debidamente constituidas. “Es una causa de gran relevancia social y no pueden dejarnos afuera por formalidades”, planteó.
En ese sentido, también cuestionó que desde la fiscalía se haya señalado que las organizaciones “no existen en el expediente” o que no poseen “título de propiedad” sobre los animales, algo que consideró inapropiado. “Hoy los animales son entendidos como sujetos de derecho, no como cosas. El daño afecta a toda la sociedad”, afirmó.
Sobre el avance de la investigación, Pereira indicó que la única versión oficial hasta el momento es la brindada por el intendente, quien aseguró haber dado los perros en adopción a distintas personas. Sin embargo, ninguno de los supuestos adoptantes se presentó a declarar, ni hay pruebas que respalden esa afirmación.
Además, cuestionó la eficacia de los allanamientos realizados hasta ahora, al considerar que fueron insuficientes para determinar qué ocurrió realmente. “No se puede descartar nada si no se investiga con mayor profundidad”, advirtió.
Frente a esta situación, la abogada confirmó que ya presentaron un reclamo formal para ser reincorporados al expediente y, en caso de existir una resolución judicial que los excluya, poder apelar dentro de los plazos legales.
A más de un mes de la denuncia, el caso sigue sin resultados concretos. “Queremos creer que los perros están con vida, pero si no aparecen, al menos necesitamos saber qué pasó”, expresó Pereira, quien además remarcó la creciente conciencia social sobre la protección animal, aunque señaló que aún falta avanzar en legislación y aplicación de normas en la provincia.
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