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La medida, relacionada directamente con la emergencia en discapacidad, fue oficializada a través del Decreto 681/2025, que fundamenta la suspensión en el artículo 5° de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, los cuales establecen que toda norma con impacto fiscal requiere fuentes de financiamiento definidas.
Contexto: del veto al aval del Congreso
La Ley 27.793 había sido vetada por el Ejecutivo en agosto mediante el Decreto 534/25. Sin embargo, el Congreso Nacional insistió con dos tercios de los votos en ambas cámaras (Diputados el 20/8 y Senado el 4/9), lo que obligó al Poder Ejecutivo a promulgarla el 8 de septiembre. No obstante, la reglamentación aclara que la vigencia real de la norma depende de su financiamiento en el Presupuesto 2026, remitido al Parlamento el 15 de septiembre.
Qué dispone la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad
Aunque todavía no puede ejecutarse, la norma establece medidas centrales:
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Emergencia hasta el 31/12/2026 (prorrogable un año).
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Nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional. Compatible con empleo registrado hasta dos salarios mínimos; suspensión automática si se supera el tope y rehabilitación inmediata. Conversión de oficio de las PNC vigentes.
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Cobertura de salud garantizada mediante el Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
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Declaración de interés público de los servicios de prestadores de la Ley 24.901, con una compensación de emergencia por la brecha aranceles vs IPC (diciembre 2023–diciembre 2024). Además, fija aranceles únicos con movilidad mensual (Decreto 274/24 o su reemplazo) y un estudio anual de costos.
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Incentivos al empleo: extensión a tres años de la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad (art. 87 de la Ley 24.013).
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Fortalecimiento de ANDIS: ampliación de competencias en certificación (CUD), auditorías con debido proceso inclusivo e informes anuales sobre ejecución y pagos.
Impacto fiscal estimado por el Ejecutivo
El propio Gobierno difundió las cifras proyectadas:
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PNC por Discapacidad: $2,17 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,71 billones en 2026 (0,47% del PBI).
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Programa Incluir Salud: $574.200 millones en 2025 (0,07% del PBI) y $1,24 billones en 2026 (0,12%).
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Compensación a prestadores (art. 13): $278.323 millones (0,03% del PBI).
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Total requerido en 2025: $3,02 billones (0,35% del PBI).
El crédito disponible sin afectar los servicios sociales ronda los $2,3 billones, lo que resulta insuficiente para cubrir la totalidad de la norma.
Qué queda suspendido hasta que el Congreso asigne partidas
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Otorgamiento y conversiones de la nueva PNC por Discapacidad.
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Compatibilidad laboral y rehabilitación inmediata de las pensiones.
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Compensación a prestadores 24.901 por la brecha arancelaria 2024 vs IPC.
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Implementación plena de aranceles únicos con movilidad mensual.
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Incorporación de beneficiarios a Incluir Salud bajo la nueva modalidad.
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Despliegue operativo reforzado de ANDIS en materia de auditorías y transparencia.
Reforzamiento transitorio de ANDIS desde octubre
En paralelo, el Ejecutivo anunció que a partir del 1° de octubre se incrementarán los créditos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la Decisión Administrativa 24/2025, los fondos se reasignarán desde la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el fin de actualizar aranceles y acelerar pagos a prestadores de transporte, instituciones educativas y terapéuticas contemplados en la Ley 24.901.
No obstante, esta medida no activa los beneficios de la Ley 27.793, ya que su implementación sigue supeditada al tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso.
Emergencia en Discapacidad: la norma existe, los fondos no
A pesar de la promulgación, la Ley 27.793 sigue siendo un derecho en espera. Sus beneficios clave —nuevas pensiones, cobertura de salud ampliada y compensaciones a prestadores— no podrán ejecutarse hasta que el Congreso asigne los fondos necesarios en el Presupuesto 2026. Mientras tanto, las personas con discapacidad y los prestadores del sistema siguen dependiendo de medidas transitorias y ajustes parciales. La norma, entonces, se convierte en un recordatorio de que los avances legislativos sin financiamiento efectivo son promesas sobre papel, y que la verdadera emergencia social requiere más que decretos: requiere recursos concretos y compromiso político.
Decreto 681/2025 -
Resumen: El Decreto 681/2025 promulga la Ley N° 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Esta ley introduce modificaciones significativas al sistema de protección de personas con…
— BOA | Resumen del Boletín Oficial de Argentina (@BOAresumenes) September 22, 2025
