Un informe elaborado por el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral expuso que durante la gestión de Javier Milei se triplicó el uso de los decretos delegados, consolidándose como una de las principales herramientas normativas del Poder Ejecutivo ante la falta de mayoría en el Congreso.
El estudio, titulado “Impacto de la Ley Bases en la delegación legislativa a la luz de la praxis en la Argentina. Actualización y comparación de DNU y decretos delegados”, fue realizado por los expertos Alfonso Santiago, Luis Vivacqua, Verónica Nolazco y Alejandro Krüeger French, y analiza cómo la Ley Bases (27.742) amplió las facultades del Ejecutivo.

En diálogo con Radio Up, Luis Vivacqua, director ejecutivo del ODCL y profesor de posgrado en Derecho de la Universidad Austral, explicó que “los decretos delegados son una institución de larga data en la República Argentina”. Recordó que “ya en la década de 1870 se delegaba al Poder Ejecutivo la facultad de fijar el valor de la moneda extranjera”, lo que demuestra la persistencia de este mecanismo en la historia legislativa del país.
Vivacqua detalló que la Constitución Nacional, en su artículo 76, permite transferir de forma temporal competencias del Congreso al Poder Ejecutivo, con el fin de regular materias de emergencia pública o administración. “Es un permiso que el Legislativo aprueba y transfiere de forma temporal. No transfiere la competencia definitiva, sino la facultad de dictar normas específicas”, precisó.

El especialista aclaró además que el equipo del observatorio realizó un análisis cuantitativo y temático, clasificando las delegaciones “en cuatro tipos: política, gubernamental, administrativa, técnica normativa e internacional”. En ese sentido, explicó que “estas delegaciones permiten al Ejecutivo implementar programas de gobierno transitorios, muchas veces en momentos de crisis o reestructuración del Estado”.
Sobre los temas más comunes, Vivacqua indicó que se detectaron numerosas delegaciones relacionadas con la “organización de estructuras administrativas, disolución o creación de entes públicos”.
El informe también compara los distintos períodos presidenciales desde 1995. “Vemos que desde el año 1995 a la fecha apareció un montón de leyes que transfirieron competencias al Ejecutivo. Hay una práctica reiterada”, sostuvo el académico. Entre ellas, mencionó la Ley de Reforma del Estado (24.629), la Ley de Emergencia de Competitividad (25.014), la Ley 25.790 de renegociación de contratos durante el kirchnerismo y la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del gobierno de Fernández.
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Respecto a los datos actuales, Vivacqua puntualizó que “en lo que va de este año ya se registraron 63 decretos delegados, triplicando la cantidad de decretos de necesidad y urgencia, que son 22”. Y agregó: “En el gobierno anterior de Milei fueron 47 contra 27. El otro período alto fue en 2020, al inicio de la pandemia, con 35 delegados y 77 de emergencia”.
El académico subrayó que el uso de esta herramienta aumenta cuando los gobiernos no tienen mayoría parlamentaria. “Los gobiernos con minoría tienden a utilizar DNU o decretos delegados. Durante Milei predominan los delegados; durante Alberto Fernández, los DNU; y en la etapa de Cristina Fernández de Kirchner, los delegados reaparecieron tras la derrota legislativa de 2009”, analizó.

Finalmente, Vivacqua hizo una observación clave sobre el alcance institucional del fenómeno: “Vos dijiste que los decretos delegados son excepcionales. No sé si son tan excepcionales. Tenemos una larga práctica desde 1994 a la fecha”. Y advirtió sobre el impacto de la reforma impulsada por el actual gobierno: “La reforma mete a los decretos delegados en la misma bolsa que los DNU, y eso puede generar mayor conflictividad en la implementación del plan de gobierno”.
El estudio
Entre la crisis y la dependencia: “Milei va a tener que aceptar lo que le diga Donald Trump” https://t.co/rxNNDJAbu8 pic.twitter.com/iJebxIYqDm
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