El Gobierno nacional mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral y otorgará a sus titulares un plazo de 30 días hábiles para presentar documentación que permita revisar la continuidad de los beneficios.
La medida fue anunciada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Según explicó, la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones porque no se habrían presentado antecedentes médicos ni información socioeconómica suficiente para justificar su continuidad.
“Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, sostuvo el funcionario.
Las personas alcanzadas por la suspensión podrán aportar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o presentar otros antecedentes que permitan evaluar nuevamente cada situación.
Los trámites podrán realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el organismo.
Las presuntas irregularidades detectadas en la auditoría
Durante su exposición, Ravier señaló que el cruce de bases de datos oficiales permitió identificar beneficiarios de pensiones suspendidas que registran bienes patrimoniales que, según el Gobierno, podrían resultar incompatibles con el carácter asistencial de las prestaciones.
Entre los casos mencionados, el vocero indicó que se detectaron 38 titulares con dos o más vehículos registrados a su nombre, otros 26 con dos o más inmuebles y 40 personas que poseen al menos una propiedad de más de una hectárea.
“Incluso se detectó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión”, afirmó.
El Ejecutivo presentó estos registros como elementos que justifican una revisión de las condiciones de acceso y permanencia en el sistema. Sin embargo, la existencia de bienes patrimoniales no acredita por sí sola una irregularidad ni demuestra que se haya cometido fraude.
La auditoría también apunta a revisar los antecedentes médicos y socioeconómicos de los titulares para determinar si cumplen con los requisitos establecidos para recibir las prestaciones.
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Qué condiciones se exigen para mantener la pensión
Ravier recordó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y que carecen de medios de subsistencia.
En ese sentido, aclaró que el otorgamiento del beneficio no depende exclusivamente de la existencia de una discapacidad ni de contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sino también del cumplimiento de las condiciones previstas por la normativa para acceder a esa prestación.
La presentación de documentación dentro del plazo establecido permitirá que los beneficiarios soliciten la revisión de sus casos y aporten elementos para acreditar que reúnen los requisitos exigidos.
Con la continuidad de las suspensiones, el Gobierno busca avanzar en la revisión de las pensiones observadas durante las auditorías. El resultado de ese proceso determinará la situación de cada titular en función de la documentación y los antecedentes que se incorporen.
La confianza en el Gobierno subió 0,9% en octubre, pero cayó 7% interanual
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