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El Gobierno nacional anunció que remitirá al Congreso un proyecto de ley para modificar la normativa de salud mental vigente desde 2010, con el objetivo de actualizar criterios clínicos, redefinir herramientas de intervención y reordenar la estructura del sistema sanitario. La iniciativa fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y es impulsada por el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones.
Según fuentes oficiales, el proyecto surge de un proceso de evaluación que incluyó relevamientos de campo, consultas técnicas y recopilación de testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental, así como actores del ámbito judicial y legislativo. El objetivo fue identificar dificultades concretas en la aplicación de la ley actual, tanto en la práctica clínica como en la gestión institucional.
Diagnóstico oficial: limitaciones en la implementación
Uno de los puntos de partida del proyecto es el diagnóstico de implementación parcial y heterogénea de la ley vigente. De acuerdo con los datos relevados por el Ejecutivo, solo 16 de las 23 jurisdicciones del país formalizaron su adhesión plena, lo que deriva en asimetrías territoriales en el acceso y en la calidad de la atención.
A este escenario se suma una capacidad instalada considerada insuficiente. Actualmente, existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental, lo que limita la posibilidad de cumplir con el modelo previsto por la normativa actual, basado en la atención en hospitales generales y dispositivos comunitarios.
Este contexto, sostienen desde el Ministerio de Salud, genera dificultades operativas para abordar situaciones de urgencia, riesgo o crisis, especialmente en regiones con menor infraestructura sanitaria.
Revisión conceptual y cambio de paradigma diagnóstico
Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición de los conceptos que estructuran la ley vigente. En particular, el término “padecimiento mental” es considerado por el oficialismo como excesivamente amplio y poco operativo desde el punto de vista clínico, lo que podría derivar en interpretaciones dispares y demoras en la toma de decisiones.
En su reemplazo, la iniciativa propone adoptar criterios alineados con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y sus actualizaciones, incorporando la categoría de trastornos mentales o del comportamiento. Este cambio apunta a estandarizar diagnósticos, mejorar la precisión clínica y facilitar la articulación con protocolos internacionales.
Desde el Ejecutivo señalan que esta modificación permitiría reducir la discrecionalidad y mejorar la trazabilidad de las intervenciones, especialmente en contextos complejos.
Nuevo criterio de riesgo e intervención temprana
El proyecto también introduce un cambio sustancial en el criterio que habilita la intervención del sistema de salud. Se incorpora la noción de “riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que amplía el margen de acción frente a situaciones críticas.
Este enfoque busca fortalecer la capacidad preventiva del sistema, permitiendo actuar en etapas más tempranas de una crisis, en contraste con el esquema actual, que según el diagnóstico oficial puede resultar restrictivo en determinados casos.
La redefinición del criterio de riesgo se vincula directamente con la necesidad de acortar tiempos de respuesta y evitar desenlaces graves, especialmente en contextos donde intervienen múltiples actores institucionales.
Internaciones: continuidad del principio excepcional con ajustes operativos
En materia de internaciones, el proyecto mantiene el principio establecido por la ley vigente, que define esta práctica como un recurso terapéutico excepcional, pero introduce modificaciones orientadas a su operatividad.
Entre los cambios propuestos se destacan:
- La posibilidad de que profesionales de la psiquiatría indiquen internaciones involuntarias, sujetas a la validación posterior de un equipo interdisciplinario.
- La ampliación del plazo de notificación judicial de 10 a 24 horas, con el objetivo de facilitar la gestión administrativa en contextos de urgencia.
- La incorporación de mecanismos para que una internación voluntaria pueda transformarse en involuntaria, en caso de que se determine que el paciente no cuenta con capacidad para decidir su externación.
Estas modificaciones buscan equilibrar el respeto por la autonomía del paciente con la necesidad de intervención estatal en situaciones de riesgo, en un marco que continuará contemplando controles judiciales.
Estructura del sistema: red de atención y rol de hospitales especializados
Otro de los puntos centrales del proyecto es la revisión del modelo de atención en salud mental. La normativa vigente promueve el cierre progresivo de hospitales monovalentes y su reemplazo por dispositivos comunitarios y servicios en hospitales generales.
Sin embargo, el diagnóstico oficial indica que este proceso no logró consolidarse plenamente, en parte por limitaciones presupuestarias, falta de infraestructura y desigualdad territorial.
En este contexto, el proyecto propone fortalecer la red de atención existente, incluyendo el rol de hospitales especializados. Actualmente, el sistema cuenta con:
- 30 instituciones monovalentes públicas
- Al menos 139 establecimientos privados
- 18 hospitales generales con servicios específicos
La iniciativa plantea integrar estos dispositivos en una red articulada, que permita atender distintos niveles de complejidad sin excluir recursos disponibles.
Órgano de Revisión: mayor participación estatal y técnica
El proyecto también introduce modificaciones en la estructura y funcionamiento del Órgano de Revisión, encargado de supervisar las prácticas en salud mental y garantizar el cumplimiento de derechos.
En este sentido, se propone incrementar la participación del Ministerio de Salud, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización, y organismos especializados como SEDRONAR.
El objetivo es reforzar la capacidad de control, seguimiento y coordinación interinstitucional, en un sistema que involucra actores sanitarios, judiciales y sociales.
Impacto esperado y ejes de debate
El envío del proyecto al Congreso abre un proceso legislativo que se anticipa extenso y con múltiples posiciones en disputa. La reforma impacta sobre aspectos sensibles, como:
- Los criterios de intervención estatal en salud mental
- El equilibrio entre derechos individuales y seguridad
- El modelo de atención institucional
- La distribución de recursos y capacidades en el territorio
En este marco, distintos sectores podrían plantear posiciones divergentes. Mientras algunos respaldan la necesidad de actualizar herramientas para abordar situaciones de riesgo, otros podrían cuestionar eventuales retrocesos respecto del enfoque de derechos humanos que inspiró la ley vigente.
Glaciares en debate: el oficialismo busca aprobar la reforma este miércoles https://t.co/px0r6CQyif
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