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El Gobierno nacional buscará durante agosto reactivar en el Senado el tratamiento del paquete de leyes económicas que permanece pendiente desde hace meses. El objetivo de La Libertad Avanza es conseguir los consensos necesarios para avanzar con iniciativas que considera centrales para su programa económico, luego de que desde marzo solo lograra convertir en ley el acuerdo vinculado al pago a los fondos buitres.
Entre los proyectos que el oficialismo pretende impulsar figuran el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Propiedad Privada, la modificación del régimen de Zonas Frías, la reforma de la Ley General de Sociedades y una futura reforma del Banco Central, que busca impedir el financiamiento del Tesoro, fortalecer la autonomía de la entidad y fijar como único objetivo la preservación del valor de la moneda.
Reforma de la Ley de Propiedad Privada
Uno de los expedientes que podría avanzar primero es el de inviolabilidad de la propiedad, cuyo tratamiento fue convocado para el 6 de agosto después de haber sido postergado en cuatro oportunidades por falta de acuerdos políticos.
En las últimas semanas, el Gobierno también intentó resolver diferencias internas entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Patricia Bullrich, en torno a la reforma de la Ley de Tierras.
El texto consensuado con sectores dialoguistas mantiene la participación de las provincias en la autorización de operaciones de venta de tierras a inversores extranjeros y les permite dictar su propia normativa sobre la materia.
Además, la iniciativa establece que los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no podrán adquirir tierras, salvo que cuenten con autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
También se conserva la obligación de obtener ambas autorizaciones para la compra de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por parte de ciudadanos extranjeros.
Otro de los cambios incorporados elimina el mecanismo de silencio administrativo, por el cual la falta de respuesta oficial durante seis meses implicaba la aprobación automática de la operación.
Cambios en el régimen de Zonas Frías
Otro proyecto pendiente es la modificación del régimen de Zonas Frías, aprobado en la Cámara de Diputados el 20 de mayo y actualmente a la espera de tratamiento en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado.
La iniciativa propone restringir el beneficio tarifario a la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando sin el subsidio ampliado en 2021 a alrededor de 1,7 millones de hogares distribuidos en distintas provincias.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo reuniones con legisladores para intentar sumar apoyos, aunque el proyecto continúa encontrando resistencia en parte del radicalismo y de bloques provinciales.
El oficialismo apuesta al Súper RIGI
El Súper RIGI ingresó al Senado el 13 de julio, tras haber sido aprobado por Diputados el 24 de junio, y el oficialismo espera que comience a debatirse en comisión durante los primeros días de agosto.
La iniciativa está orientada a promover megainversiones en sectores vinculados a la innovación tecnológica mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
El régimen apunta a incentivar proyectos relacionados con la industrialización del litio y el uranio, la biotecnología, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, las energías renovables, los reactores nucleares de pequeña y mediana escala, los semiconductores y la inteligencia artificial.
Para acceder a los beneficios, los emprendimientos deberán acreditar una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, un monto considerablemente superior al previsto en el RIGI original.
Reforma de la Ley General de Sociedades
Otro de los proyectos impulsados por el Gobierno es la reforma de la Ley General de Sociedades, que ingresó al Senado a fines de mayo y hasta el momento solo tuvo una reunión informativa en comisión.
La propuesta, elaborada por Federico Sturzenegger, busca reducir la intervención estatal en la organización de las sociedades comerciales y otorgar mayor autonomía a los socios para definir el funcionamiento de sus empresas.
Entre las modificaciones previstas se establece que las limitaciones impuestas por el Estado serán excepcionales, se restringe la posibilidad de que los registros públicos impongan requisitos adicionales a los previstos por la ley y se flexibiliza el objeto social de las compañías.
El proyecto también habilita que las sociedades puedan acordar que sus conflictos internos se resuelvan mediante derecho extranjero, normas del comercio internacional o tribunales arbitrales, con el objetivo de evitar los tiempos de la Justicia ordinaria.
