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La ANSES confirmó que Cristina Fernández de Kirchner volverá a percibir desde agosto una pensión mensual bruta de $15.683.154,06, en cumplimiento de una medida cautelar de la Justicia. Sin embargo, el Gobierno nacional informó que ese monto será reducido mediante dos descuentos, por lo que la exmandataria no recibirá el total anunciado.
El organismo previsional restituyó de forma provisoria uno de los beneficios contemplados en la Ley 24.018, que había sido suspendido en noviembre de 2024 luego de la condena de la ex presidenta en la causa Vialidad. Mientras continúa la disputa judicial, el Ejecutivo resolvió avanzar con deducciones sobre la asignación.
Una de las medidas será la eliminación del adicional por zona austral, al considerar que Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que, según el Gobierno, no corresponde el pago de ese concepto.
Además, se aplicará un descuento mensual de $3.136.630,81 hasta completar un reintegro de $660.052.338,87, suma que la administración nacional sostiene que fue percibida de manera indebida durante varios años.
Hasta fines de 2024, la ex mandataria cobraba dos beneficios previstos en la Ley 24.018: una asignación por haber ejercido la Presidencia y otra pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Ambos pagos fueron suspendidos tras quedar firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Pese a cumplir con la medida cautelar que ordenó restituir el beneficio, la ANSES ratificó que mantiene el recurso presentado ante la Corte Suprema para revertir esa decisión. En la misma línea, el Ministerio de Capital Humano continúa impulsando la apelación con el argumento de que una condena firme por delitos contra la administración pública resulta incompatible con el régimen previsional especial establecido para expresidentes y exvicepresidentes.
Desde el Gobierno sostienen que agotarán las instancias judiciales para impedir que Cristina Kirchner perciba una asignación de carácter excepcional, al considerar que ese beneficio está destinado a quienes acrediten honor, mérito y buen desempeño en el ejercicio del cargo, condiciones que, según la postura oficial, no se cumplen en este caso.
