El juez Alejandro Gallandat, titular del Juzgado Federal de Oberá, rechazó “in límine” la medida cautelar presentada por un grupo de productores que buscaban impedir la implementación de la ley provincial que prohíbe el uso de glifosato a partir del año 2029. La decisión se basó en la falta de agotamiento de las vías administrativas por parte de los demandantes y en la inexistencia de un “caso judicial” en el sentido estricto.
La presentación judicial, realizada el pasado 8 de agosto, buscaba que tanto el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como el gobierno de Misiones se abstuvieran de aplicar la Ley VIII Nº 103, que prohíbe el uso del glifosato en el territorio provincial a partir de 2029. Según los productores, esta normativa generaría graves perjuicios económicos al encarecer los costos de producción y reducir las ventas de productos agrícolas.
Sin embargo, el juez Gallandat consideró que no se había cumplido con las instancias administrativas previas necesarias, ya que los productores habían presentado un reclamo ante el Senasa que aún no había sido respondido. En su fallo, el magistrado argumentó que “el agotamiento de la vía administrativa” es un paso esencial antes de recurrir a la justicia, y que los demandantes no esperaron la resolución de su planteo antes de solicitar la intervención judicial.
Inexistencia de un caso judicial
Uno de los puntos clave del fallo fue la determinación de Gallandat sobre la falta de un “caso judicial”. El juez explicó que la prohibición del uso del glifosato no entrará en vigor hasta agosto de 2029 y que el gobierno de Misiones recientemente prorrogó su implementación por cinco años más, lo que convierte la cuestión en una “hipótesis” que podría cambiar en el futuro.
“Podrían ocurrir diversas contingencias de aquí al 2029, como por ejemplo que la provincia derogue la norma”, señaló Gallandat. Bajo esta lógica, el juez concluyó que emitir una sentencia sobre la cuestión en este momento sería “meramente especulativo”.
La causa tuvo su origen en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, pero fue derivada a Oberá debido al domicilio de los demandantes. En su defensa, los productores argumentaron que el Senasa es el único organismo con competencia para regular el uso de herbicidas en el país, y que el Ministerio del Agro de Misiones no tiene autoridad para prohibir su uso en la provincia.
El juez Gallandat, en su análisis, afirmó que el Juzgado Federal de Oberá sí tenía competencia para entender en este tema, a pesar de la opinión en contrario del Ministerio Público Fiscal, que consideraba que no había una cuestión litigiosa que justificara la intervención judicial.
El fallo de Gallandat también tuvo en cuenta otros factores que, en su opinión, disipaban la urgencia de dictar una medida cautelar. Entre ellos, mencionó la reciente prórroga de la ley que prohíbe el uso del glifosato, lo que elimina el “peligro en la demora” que los demandantes esgrimían como argumento.
Por otro lado, el juez consideró que la formación de precios y la planificación de cultivos como el té, donde se utiliza el agroquímico, no se verían alteradas hasta que la prohibición entrara en vigor, lo cual no ocurrirá antes de 2029.
