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La Fundación Ohana, representada por su asesora legal Micaela Pereira, presentó una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Patricia Sandoval, directora de Biodiversidad; Estela Maris Brodzicz, jefa del Departamento de Fauna; y José Meriles, guardafauna del Ministerio de Ecología de Misiones.
La denuncia fue radicada ante la Justicia provincial y solicita que se investigue si los funcionarios incurrieron en responsabilidades penales por una presunta falta de cumplimiento de las funciones que la legislación les asigna en materia de protección, control y fiscalización de la fauna silvestre.
En diálogo con Radio Up, la fundadora de la organización, Marina Sarquiz, explicó que la presentación judicial es el resultado de un proceso que comenzó hace más de tres años, período durante el cual la fundación asegura haber mantenido reuniones y planteos con distintas autoridades sin obtener respuestas concretas.
"Nosotros trabajamos todos los días rehabilitando animales para devolverlos a su hábitat, pero quienes tienen la obligación legal de evitar que estos hechos ocurran no están haciendo su trabajo", sostuvo Sarquiz.
Una denuncia basada en numerosos antecedentes
Desde la Fundación Ohana aseguran que la decisión no responde a un hecho puntual, sino a una serie de situaciones que, a su entender, evidencian un patrón sistemático de ausencia de controles sobre la fauna silvestre en la provincia.
Entre los antecedentes mencionaron el caso de la veterinaria de Posadas investigada por la tenencia de animales silvestres, la situación del antiguo Zoo Bal Park, denuncias sobre particulares que mantienen especies protegidas como mascotas y distintos episodios vinculados al tráfico ilegal de fauna.
Según explicó Sarquiz, la organización nació con el objetivo de rescatar animales heridos o víctimas de actividades humanas para rehabilitarlos y devolverlos a su ambiente natural. Sin embargo, aseguró que el trabajo cotidiano les permitió detectar que muchos de esos ingresos podrían evitarse con mayores controles estatales.
"Nosotros invertimos recursos, tiempo y trabajo voluntario para rehabilitar animales que ingresan constantemente por las mismas causas. Mientras tanto, quienes tienen la responsabilidad de prevenir esas situaciones no están fiscalizando como corresponde", afirmó.
"La Justicia debe determinar las responsabilidades"
La abogada Micaela Pereira señaló que la denuncia fue presentada desde una perspectiva estrictamente jurídica y aclaró que será el Ministerio Público Fiscal quien determine si existieron delitos.
"Cuando tomamos conocimiento de un posible ilícito no podemos mirar para otro lado. Es una obligación ética de la Fundación", expresó.
Pereira indicó que la presentación se basa en la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el Código Penal, y explicó que la denuncia apunta a que la Justicia investigue si existió una omisión sistemática en el cumplimiento de las funciones que la ley asigna al Departamento de Biodiversidad.
Además, sostuvo que en la provincia existen normas suficientes para proteger la fauna, pero cuestionó la falta de aplicación efectiva de esas herramientas.
"Hay resoluciones provinciales y nacionales que regulan el traslado, la tenencia y la protección de especies silvestres. El problema es que muchas veces esas normas no se cumplen", aseguró.
Preocupación por el tráfico ilegal de fauna
Durante la entrevista, Pereira también advirtió sobre el crecimiento del tráfico ilegal de animales silvestres y recordó que incluso organismos nacionales manifestaron preocupación por la salida de especies protegidas desde Misiones hacia otras provincias.
Según explicó, la Fundación recibe con frecuencia denuncias de ciudadanos sobre criaderos clandestinos, venta ilegal de animales y casos de tenencia irregular de especies nativas.
En ese sentido, consideró que la provincia necesita fortalecer los controles y profesionalizar las intervenciones vinculadas a delitos ambientales.
Cuestionamientos a distintos procedimientos
Entre los fundamentos de la denuncia también aparecen cuestionamientos a la actuación del área de Fauna en procedimientos realizados durante los últimos años.
Los representantes de la Fundación sostienen que hubo intervenciones donde, a su criterio, no se aplicaron correctamente los protocolos previstos para el rescate y traslado de animales silvestres.
También señalaron que existen causas judiciales en las que los funcionarios denunciados continúan participando como representantes técnicos del organismo, situación que consideran incompatible con las irregularidades que denuncian.
Por ese motivo solicitaron que, mientras la Justicia investiga los hechos, sean apartados de aquellas actuaciones vinculadas con la fauna silvestre.
Sin respuestas oficiales
Consultadas sobre si existió algún contacto por parte del Ministerio de Ecología luego de la presentación judicial, tanto Marina Sarquiz como Micaela Pereira aseguraron que no recibieron ninguna comunicación.
Sarquiz sostuvo que durante más de tres años mantuvieron reuniones con funcionarios de distintas gestiones, incluyendo al actual ministro y autoridades anteriores, con el objetivo de impulsar mejoras en el sistema de control.
"Agotamos todas las instancias de diálogo. La denuncia penal fue el último paso después de muchos años de insistir para que se cumpla la ley", afirmó.
Investigación judicial
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y establecer eventuales responsabilidades penales de los funcionarios denunciados.
Hasta el momento, el Ministerio de Ecología de Misiones y los funcionarios mencionados no realizaron declaraciones públicas sobre la presentación judicial.
