Lo planteó Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, quien cuestionó la decisión del gobierno de continuar con la concesión a través de la empresa estatal Corredores Viales SA. Según Lasca, el sistema empleado en Argentina, que ideó el expresidente Carlos Menem, propicia “serios perjuicios económicos y sociales para los usuarios viales y para toda la comunidad”, dado que los impuestos del peaje encarecen a todas las mercancías transportadas por las rutas.
A partir de noviembre, la concesión del Corredor Vial 18 (que involucra a las rutas nacionales 12 y 14) volverá a quedar en manos del Estado, maniobra que fue condenada desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, por considerarla un intento de perpetuar el cobro de un canon que genera “perjuicios económicos y sociales” a los conductores y a la sociedad en su conjunto, porque a través de los peajes, se encarecen los precios de todas las mercancías transportadas por ruta, según explicó a Radio Up 95.5, Ricardo Lasca, referente del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv)
El 31 de octubre próximo vencerá el actual contrato de concesión que tiene la empresa Caminos del Río Uruguay SA en el Corredor Vial 18 (rutas nacionales 12 y 14) y el Puente Rosario-Victoria (ruta nacional 174), pero se continuará cobrando el peaje a través de la empresa del Estado “Corredores Viales SA”. “A partir de noviembre 2023 la estafa vial continuará en manos de la empresa ‘estatal’ Corredores Viales”, advirtieron desde el Conaduv, a través de un duro comunicado de prensa.
“Los usuarios viales y la asociación de profesionales y personal superior de Vialidad Nacional rechazan la decisión insensata del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y solicitan que la concesión vial vuelva a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), libre de peaje, y se audite la polémica gestión privada”, enfatizaron desde el comité, en el citado comunicado.
En esta línea, el Conaduv propuso “la urgente convocatoria a una Audiencia Pública ‘vinculante’, de manera de poder debatir seriamente el tema en cuestión, haciendo extensivo el requerimiento a legisladores nacionales y provinciales de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, como así también a los respectivos Gobernadores, Intendentes y Concejales”.
Según el Conaduv, “la concesión del Corredor Vial N° 18, Rutas Nacionales 12 y 14, llevada a cabo en el año 1990, incorporando posteriormente el Puente Rosario – Victoria y Ruta Nacional 174, es una estafa vial que lamentablemente seguirá vigente a partir de noviembre próximo, dando continuidad a los serios perjuicios económicos y sociales para los usuarios viales y toda la comunidad”.
Con el ingreso de la empresa Corredores Viales S. A., se “seguirá esquilmando a los usuarios viales a través del falso peaje o impuesto al tránsito que se cobra desde los años 90”.
Al respecto, la comisión enfatizó que “la red vial es de dominio público y no propiedad de un presidente, gobernador o funcionario público. Sin embargo, lamentablemente, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce Gabriel Katopodis, a espalda de los usuarios viales directos e indirectos, con una actitud claramente irresponsable, autoritaria y antidemocrática, sin existir marco regulatorio (y) Ente Regulador y sin convocar por lo menos a una Audiencia Pública ‘vinculante’, ha decidido tomar la errónea decisión de continuar con el mismo esquema de ‘falso peaje’ a través de la innecesaria, costosa, burocrática y deficitaria empresa Corredores Viales S. A., que actuando indebidamente en forma paralela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), sólo se limitará al cobro del falso peaje”, denunciaron desde el Conaduv.
Para la entidad que defiende los derechos de los usuarios viales, la de Katopodis es “una medida claramente recaudatoria y para seguir haciendo caja política a través de cada una de las estaciones de peaje existentes”, porque “se dará la continuidad a un régimen perverso de ‘falso peaje o impuesto al tránsito’, claramente inconstitucional, injusto, inviable desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, que actúa como un nuevo costo o cargo económico, y que además ha demostrado ser un fracaso”.
Asimismo, el Conaduv y la AP, “rechazan categóricamente la decisión tomada por el ministro Katopodis, y que lamentablemente es avalada por el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta”.
En este punto, el comunicado del Comité de usuarios viales puso de relieve “que no es cierto que Corredores Viales S.A. sea una empresa estatal; es una sociedad anónima que maneja capitales públicos. Tanto es así, que no se rige por Ley de Obras Públicas (nº 13.064), ni tiene los controles que debe tener cualquier organismo estatal”, denunciaron.
“La conservación y mantenimiento de la concesión en cuestión debe ser realizada por la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), libre de peaje. Incluso deben replantearse las concesiones por peaje que son deficitarias, buscando otro sistema de gestión que sea menos oneroso y más equitativo”, plantearon desde la Conaduv.
“Las rutas sin el cobro del falso peaje, mejorarán la competitividad regional y darán mayor posibilidad para exportar. Sin empresas estatales o privadas como concesionarias, se logrará terminar con las cajas políticas y los negociados con la obra pública que benefician a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder”, sentenciaron desde el Comité de usuarios. Y añadieron: “La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debe ser rejerarquizada y volver a ser el Organismo Rector de toda la política vial”.
Por último, la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) y la Conaduv pidió que se implemente “un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera, libre de peaje, reasignando en forma efectiva los fondos que se obtienen del Impuesto a los Combustibles”.
La ilegalidad del sistema de peajes creado por Menem en los 90
En diálogo con Radio Up 95.5, Lasca insistió en que el actual sistema de peajes que se emplea en el país, es único en el mundo porque no permite la opción al usuario de no utilizar la ruta y, en consecuencia, no pagar. “Este sistema lo creó el expresidente Carlos Menem en los 90. En rutas existentes en otros países que cobran peaje, existe camino alternativo libre de pago, pero acá no”, comentó Lasca, insistiendo en que de esta forma, el peaje se transforma en un mecanismo de recaudación compulsivo, que afecta a todos los usuarios viales y a la sociedad, porque se encarecen los costos de todas las mercancías que se transportan por ruta.
De acuerdo con Lasca, este sistema de peajes creado por el menemismo, “es un impuesto al tránsito y una estafa vial”, en el que empresas estatales y privadas cobran un canon, muchas veces, por obras de infraestructura que no realizaron y por mantenimientos, a toda luz, inexistentes.
Una recaudación que se direcciona al costo operativo de las estaciones de peajes
Y añadió que lo más insólito es que actualmente, como bajó el tránsito por las rutas, “lo que se recauda se gasta en el costo operativo en las estaciones de peaje”, por lo que es dinero que se emplea para la recaudación de las empresas. Es decir, no se estaría empleando en obras de infraestructura o en el mantenimiento. Por tal motivo, según explicó Lasca a este medio, son el Estado nacional o provincial, los que aportan los fondos para las obras de mayor importancia. Y esto lo realizan con los impuestos que recaudan a toda la sociedad, a través del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y otras alícuotas nacionales y provinciales.
Asimismo, Lasca planteó que suele ser la Secretaría de Obras Públicas la que se encarga de las reparaciones y construcciones, por lo que no es lícito el cobro de peajes. De hecho, según el referente de la Conaduv hay un múltiple cobro de impuestos al usuario y al ciudadano -peaje, impuesto al combustible, impuestos nacionales-, pero las obras y el mantenimiento las termina realizando el Estado.
Por otra parte, Lasca y el Conaduv rechazaron y cuestionaron el nuevo “tarifazo” en la ruta nacional 105 insistiendo en que el “falso peaje o impuesto al tránsito” que rige en este corredor vial en Misiones, “es inconstitucional por la falta de camino alternativo libre de pago y la doble imposición”. Pero también, denunciaron que es “ilegal por no existir un estudio técnico-económico de fundamentación de tarifas determinando la relación beneficio/costo del usuario”.
Cuestionamientos al tarifazo con el peaje de la ruta 105
Además, Lasca consideró el incremento del peaje de la ruta 105, “inviable y antieconómico por el bajo caudal de tránsito e injusto por ser un sistema ‘abierto’ y donde unos pagan y otros no, de acuerdo al tramo utilizado”.
“Es lamentable el desconocimiento en la materia por parte de las autoridades y la indiferencia de los legisladores provinciales, como de la Defensoría del Pueblo que tampoco actúa en defensa de los derechos de los usuarios viales que son pisoteados y vulnerados. Mientras tanto se continúa esquilmando en forma abusiva e ilegal el bolsillo de quienes transitan la red vial concesionada”, sentenció Lasca.
