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La reciente decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, de autorizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) a detener de manera transitoria a civiles que cometan delitos en flagrancia en la frontera norte, generó una ola de críticas de parte de destacados referentes del ámbito político y jurídico. Entre ellos, los exministros de Defensa Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena, junto con el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, calificaron la medida de “ilegal” y advirtieron sobre sus implicancias.
López Murphy advirtió que la iniciativa “viola la Ley de Seguridad Interior”, la cual impide expresamente el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. El actual diputado de Hacemos Coalición Federal remarcó además que el anuncio de Petri aún no fue formalizado a través de un instrumento público: “Una ley tiene jerarquía superior a un decreto y a una resolución”, recordó.
“Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo esta acción, ya que no tienen función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica”, señaló López Murphy. A su vez, calificó la medida como “absolutamente innecesaria” y recordó que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de personal de seguridad en relación con su población.
En la misma línea, Horacio Jaunarena afirmó que la decisión de Petri “contradice lo establecido en las Leyes de Defensa y Seguridad Interior” y subrayó que una resolución ministerial “no puede modificar una ley, por más buenas que sean las intenciones o por más que la normativa vigente resulte obsoleta”.
Jaunarena instó al Gobierno a impulsar un debate legislativo serio para modernizar el marco normativo: “Lo que corresponde es que nuestro Gobierno, junto con los legisladores, sean oficialistas u opositores, se aboquen a modernizar el plexo normativo, mediante los consensos necesarios para procurar, entre otras necesidades, un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, con una clara definición de los roles y misiones que tengan las FFAA y de Seguridad”, planteó.
También el constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la legalidad de la medida, señalando que las Fuerzas Armadas deben limitarse a la defensa de la Nación ante amenazas externas, y no involucrarse en tareas de seguridad interior.
Hasta el momento, desde el Ministerio de Defensa no se difundieron mayores detalles sobre la instrumentación de la medida, lo que genera mayor incertidumbre sobre su viabilidad legal y operativa.
