Francia encara una nueva jornada de protestas y movilizaciones donde 5,8 millones de empleados públicos fueron convocados a manifestarse para exigir aumentos salariales y mejoras en sus condiciones económicas. La medida forma parte de un conflicto social que se extiende desde hace casi dos meses y suma presión sobre el Gobierno francés.
La convocatoria incluye a trabajadores de distintos sectores de la administración pública, entre ellos empleados de Radio France Internationale. La protesta se produjo después de una reunión realizada el viernes 13 de noviembre entre representantes sindicales y el primer ministro, Sébastien Lecornu, en un intento por acercar posiciones frente al reclamo salarial.
El encuentro, que representó la primera reunión de este tipo en aproximadamente 20 años, no consiguió desactivar el malestar de las organizaciones gremiales. Los sindicatos esperaban que el Ejecutivo anunciara aumentos generales de salarios, especialmente después de la reciente actualización del salario mínimo para los trabajadores del sector privado.
Sin embargo, los representantes sindicales abandonaron la sede del Gobierno, conocida como Matignon, con fuertes cuestionamientos por la negativa oficial a conceder una recomposición salarial general. Las organizaciones consideraron que las medidas propuestas no respondían a la urgencia económica que atraviesan los empleados estatales.
A la convocatoria inicial se sumó el viernes la CFDT, una de las principales centrales sindicales de Francia, que expresó su decepción por los resultados de las conversaciones. De esta manera, se concretó el tercer llamado unitario a la movilización y la huelga en el sector público desde el regreso a clases, después de las jornadas del 29 de septiembre y el 5 de noviembre.
Las manifestaciones también contaban con la adhesión de organizaciones estudiantiles y juveniles, como Interfac IDF, la intersindical USL-Fage-Unef-Union étudiante y una coordinación de los chalecos amarillos. La participación de estos sectores amplió el alcance de una protesta que busca visibilizar el deterioro de los ingresos y el malestar social.
Uno de los principales reclamos de los empleados públicos apunta al descongelamiento del punto de índice, un mecanismo utilizado para calcular el salario base de los funcionarios. Los sindicatos exigen que el Gobierno actualice su valor para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.
El conflicto se profundizó luego de que el Ejecutivo, en su proyecto de presupuesto 2027, descartara nuevamente la posibilidad de otorgar un aumento salarial general. De concretarse esa decisión, sería el cuarto año consecutivo sin una recomposición de este tipo para los trabajadores de la administración pública.
Según estimaciones de las organizaciones sindicales, los empleados públicos acumulan una pérdida del 16% de su poder adquisitivo desde 2017. Los gremios advierten que la inflación y la falta de actualizaciones salariales están provocando un proceso de precarización de los ingresos, al que definen como smicardización, en referencia a la creciente cantidad de trabajadores cuyos salarios se acercan al mínimo legal.
El panorama podría agravarse con la revalorización del salario mínimo, prevista para el 1 de diciembre. De acuerdo con los sindicatos, antes de los anuncios oficiales, unos 1,1 millones de empleados públicos podrían quedar con un salario base inferior al mínimo, lo que representa cerca del 20% del total de trabajadores estatales. Frente a este escenario, las organizaciones mantienen la presión sobre el Gobierno para obtener respuestas a sus demandas.
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