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Una auditoría interna del Ministerio de Salud reveló fallas graves en el control de drogas sensibles como el fentanilo. No hay trazabilidad ni inspecciones activas, y el sistema internacional de fiscalización está inoperativo. El caso involucra millonarios contratos estatales y conexiones políticas.
Una investigación interna encendió todas las alarmas en el sistema sanitario argentino. La auditoría, a la que accedió Noticias Argentinas, reveló que Argentina no está inspeccionando ni controlando correctamente sustancias como el fentanilo y la efedrina, lo que podría abrir la puerta a desvíos con fines ilegales.
La situación afecta directamente al funcionamiento de ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), organismo clave para fiscalizar medicamentos y sustancias sujetas a control especial. La auditoría fue revelada por el periodista Federico Teijeiro en Radio Rivadavia y expone una trama que combina negligencia técnica, contratos millonarios y vínculos políticos de alto nivel.
Sin trazabilidad ni control: la alerta por el fentanilo
El informe indica que el área que debe fiscalizar las sustancias más sensibles funciona con solo seis empleados y no realiza inspecciones desde hace años. Además, no está conectada a los sistemas internacionales que permiten monitorear en tiempo real el ingreso y egreso de drogas con potencial de abuso.
Uno de los datos más críticos: Argentina no utiliza el sistema I2ES, desarrollado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), a pesar de ser gratuito y de uso extendido en la región. En su lugar, se adquirió otro sistema, el NDS, que figura instalado pero no operativo.
“Las certificaciones se hacen en un Word y se suben al sistema TAD. Todo puede ser manipulado”, señaló Teijeiro, en base a fuentes dentro del propio organismo.
El caso HLB Pharma y los contratos millonarios
La firma HLB Pharma Group, propiedad de Ariel García Furfaro, firmó en marzo de 2024 un contrato por $100 millones con el municipio de José C. Paz, cuyo intendente es Mario Ishii. La operación fue avalada por el Concejo Deliberante y financiada con fondos provinciales.
Lo más llamativo: el apoderado legal del municipio era Sebastián Nanini, quien luego quedó como propietario de la firma proveedora, lo que podría configurar conflicto de intereses. Nanini tiene un historial como abogado de figuras controvertidas, como Lázaro Báez y el exbanquero Hernán Arbizu, y se lo ha visto en actos públicos junto a Alberto Fernández, Zaffaroni y el Papa Francisco.
Una estructura colapsada
La falta de control no es nueva. El informe 2022 de la OEA (CICAD) ya advertía que Argentina no utilizaba sistemas internacionales de trazabilidad. La base de datos de ANMAT fue hackeada en 2023, perdiéndose información clave. Desde entonces, se pidió a los laboratorios que envíen por sí mismos los expedientes de inspección, sin verificación independiente posible.
El área responsable, el Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial, está bajo la órbita del INAME, y su titular, Andrea Rey, declaró el pasado 22 de mayo ante el juez federal Ernesto Kreplac, hermano del actual ministro de Salud, Nicolás Kreplak.
Fuente: Noticias Argentinas.
