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El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en el marco de la investigación por las muertes causadas por fentanilo contaminado, según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
Muertes por fentanilo contaminado: juez dicta prisión preventiva a empresario
El magistrado consideró que García Furfaro ‘’es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales’’ por provocar los fallecimientos de 20 personas, ‘’en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor’’.
Según el fallo, el empresario intervino junto a 16 miembros del personal de ambos laboratorios en “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” del lote 31202 del opioide, ‘’destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024’’.
El escrito judicial destaca que ‘’las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, muchas de ellas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas’’.
Además de García Furfaro, fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria). Otros imputados, como Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay, fueron procesados sin prisión preventiva.
El juez también estableció embargos millonarios: $1.000.000.000 a Ariel García Furfaro; $5.000.000.000 a Diego Hernán García, Nilda Furfaro y Javier Tchunkrán; y sumas que alcanzan los $100.000.000.000 a otros implicados. Además, se dispuso la inhibición general de bienes de más de 15 personas físicas y jurídicas vinculadas al caso.
La investigación continúa abierta, con medidas de coerción solicitadas por la fiscalía federal para garantizar la sujeción al proceso y evitar posibles obstáculos a la investigación.
