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La crisis sanitaria provocada por el lote de fentanilo contaminado sigue sumando víctimas y ahora también genera repercusiones en el plano político. Hasta el momento, la Justicia federal investiga 68 muertes relacionadas al uso del medicamento —muchas ocurridas en hospitales públicos—, y se estima que más de 33 mil dosis fueron aplicadas a pacientes internados, muchos en terapia intensiva.
El escándalo involucra directamente al lote 31202, compuesto por más de 154.000 ampollas producidas por los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., el cual fue prohibido por la Anmat en marzo tras detectarse la presencia de bacterias letales como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Un bebé en grave estado y decenas de víctimas
Entre las víctimas hay pacientes críticos, adultos mayores y un bebé recién nacido, Giovanni, que permanece internado en Córdoba en estado crítico tras haber recibido una dosis contaminada. Su madre relató que el bebé nació sano por cesárea, pero horas después fue sedado con fentanilo y comenzó a mostrar signos de infección. “Nadie sabía que estaba contaminado. Hoy solo espero un milagro”, dijo.
En total, 67 casos asociados al brote ya fueron confirmados por el Ministerio de Salud: 46 en Santa Fe, 19 en Buenos Aires y 2 en CABA. No obstante, fuentes judiciales aseguran que podrían ser muchos más.
La política paralizada
En el Congreso, un proyecto para crear una comisión investigadora fue presentado por la diputada del PRO, Silvana Giudici, pero no fue tratado por falta de quórum. La legisladora acusó directamente al kirchnerismo por “encubrir” el caso y afirmó que existen vínculos políticos con funcionarios del gobierno anterior.
“El objetivo es que los responsables vayan presos. Este laboratorio jamás debió haber sido habilitado”, sostuvo. El proyecto busca indagar en la cadena de producción, distribución y control del medicamento, desde la Anmat hasta el Ministerio de Salud, y proponer reformas para evitar que algo así vuelva a ocurrir.
La investigación judicial avanza en los tribunales federales de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, quien ya ordenó el embargo de 24 personas vinculadas al caso. Entre los imputados está Ariel García Furfaro, principal responsable de HLB Pharma, además de directores técnicos y encargados de control de calidad. Todos tienen prohibido salir del país.
La Anmat confirmó que HLB Pharma no contaba con habilitación para operar: no tenía director técnico, ni permisos para importar, fabricar ni fraccionar medicamentos. Sin embargo, seguía figurando en registros y logró producir el lote contaminado.
De las 154.530 ampollas, unas 64.000 fueron recuperadas, 45.000 están en depósitos judiciales y más de 11.000 aún no fueron recolectadas. El resto ya fue aplicado a pacientes.
Certificados falsos y negligencia prolongada
En las últimas horas, se conoció que la firma habría presentado un certificado municipal falso —supuestamente emitido por el Municipio de San Isidro— para importar citrato de fentanilo, una sustancia sensible al desvío hacia el narcotráfico. La documentación fue rechazada por las autoridades municipales, que afirmaron que la empresa operaba desde 2013 con un permiso precario que fue revocado este año.
El Ministerio de Seguridad evalúa que esta maniobra podría ser sancionada bajo el artículo 44 bis de la Ley de Estupefacientes, que castiga con hasta seis años de prisión la presentación de documentación apócrifa ante organismos de control.
La clave ahora está en los estudios científicos que determinarán si las bacterias encontradas en los cuerpos de los fallecidos coinciden genéticamente con las halladas en las ampollas. De confirmarse, se consolidaría la responsabilidad penal directa de los fabricantes y distribuidores.
Mientras tanto, familiares de víctimas comienzan a presentar denuncias por su cuenta, y organizaciones civiles reclaman la intervención urgente del Congreso y la revisión profunda de los mecanismos de control sanitario.
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