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La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. De esta forma, el país podrá conservar su participación mayoritaria en la compañía mientras se tramitan las apelaciones.
Según informó Bloomberg, el tribunal rechazó exigir una “garantía” concreta por los US$ 16.099 millones que Argentina debe pagar según el fallo original. Aclaró que las acciones continuarán en la Caja de Valores hasta que se resuelva el litigio de fondo.
Los camaristas concedieron así el pedido de la defensa argentina para suspender la medida de Preska, dictada el pasado 30 de junio, mientras avanza el proceso de apelación que podría extenderse durante meses. La Procuración del Tesoro, a través del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, presentó dos apelaciones: una contra la sentencia que favoreció a los acreedores y otra contra la orden de entrega de las acciones. Especialistas estiman que esta última podría tardar hasta dos años en resolverse.
Argentina celebró la prórroga para entregar acciones de YPF
Desde el Gobierno destacaron que la resolución “garantiza” que Argentina conserve el control mayoritario de YPF durante el proceso judicial, lo que consideran “un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.
El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido:
•Aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y
•Acepta que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como “amigo de… pic.twitter.com/lHpJNNzcm9
— Pablo Quirno (@pabloquirno) August 15, 2025
También remarcaron que la medida es estrictamente administrativa y no interfiere en la apelación principal contra la sentencia de septiembre de 2023, que condena al país al pago de más de US$ 16.000 millones más intereses.
YPF: Un conflicto de más de una década
El litigio se originó en 2015, cuando el fondo Burford Capital adquirió en subasta el derecho a litigar contra la Argentina en nombre de las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado tras la reestatización de YPF.
La demanda no cuestiona el derecho del país a expropiar, sino el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de la compañía. Según la acusación, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner omitió realizar ese procedimiento al nacionalizar el 51% de la petrolera en 2012, lo que afectó a inversores que tenían acciones en Nueva York.
La controversia se remonta a 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó YPF y recaudó US$ 1.100 millones en Wall Street bajo las reglas del mercado estadounidense. Años después, el Grupo Petersen compró el 25% de la empresa a Repsol, financiado con préstamos bancarios y dividendos futuros. Pero tras la expropiación, YPF dejó de pagar dividendos, lo que llevó al grupo a la quiebra.
