El debate por la Ley de Tierras volvió a ocupar un lugar central en la agenda ambiental de Misiones. El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, participó de una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y llevó la posición de la provincia frente a la derogación del régimen que establecía límites para la titularidad extranjera sobre tierras rurales.
En diálogo con Radio Up, Recamán explicó que el COFEMA reúne a las autoridades ambientales de todas las provincias y constituye un ámbito federal para debatir y establecer posiciones sobre cuestiones vinculadas con el ambiente y los recursos naturales.
El ministro recordó que el organismo ya había tratado la cuestión el 5 de agosto, cuando una asamblea extraordinaria había expresado su rechazo a la modificación de la normativa y elevado un informe al Congreso Nacional por las consecuencias que podía generar sobre la protección ambiental y los recursos estratégicos.
Ahora, según explicó, el escenario cambió a partir de la vigencia efectiva del DNU 70/2023 tras el fallo judicial que dejó sin efecto las restricciones previstas por la Ley 26.737. Frente a esa situación, Misiones planteó la necesidad de volver a reunir al organismo.
“Tenemos que ver qué otras acciones llevar adelante y qué proponer desde el COFEMA para resguardar lo que nos vincula, que son los recursos naturales”, sostuvo Recamán durante la entrevista.
La Provincia informó que el COFEMA acordó avanzar en una asamblea extraordinaria para el martes 13 de octubre, con el objetivo de definir la posición del organismo frente a los cambios en la Ley 26.737.

El riesgo para Misiones va más allá del valor de la tierra
Durante la entrevista, Recamán puso el foco en las características particulares de Misiones. La provincia tiene una superficie territorial reducida, está ubicada entre Brasil y Paraguay y más del 90% de sus límites son internacionales.
A esto se suma la presencia de la Selva Paranaense, una importante biodiversidad y parte del Acuífero Guaraní, elementos que, según planteó el ministro, hacen que la discusión sobre la propiedad de la tierra tenga una dimensión ambiental y estratégica.
Para Recamán, el debate no puede reducirse a una operación inmobiliaria. La tierra contiene bosques, agua, biodiversidad y otros recursos naturales cuya importancia excede el valor económico del suelo.
“Son recursos estratégicos para la población, para los misioneros y lógicamente para los argentinos”, planteó.
En ese sentido, defendió la necesidad de que el Estado conserve herramientas de regulación y control sobre el territorio, particularmente cuando están involucrados recursos considerados estratégicos.
El ministro aclaró que la discusión planteada por Misiones no apunta a impedir que extranjeros puedan vivir o desarrollar actividades en el país, sino a establecer mecanismos de control frente a operaciones vinculadas con intereses económicos de gran escala y con la explotación de recursos naturales.
Qué establecía la Ley de Tierras
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.
Además, disponía que una misma nacionalidad no podía concentrar más del 30% de ese cupo y fijaba límites respecto de la superficie que podía adquirir un mismo titular extranjero. La normativa también contemplaba restricciones específicas para inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera y para tierras que contuvieran o fueran ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
La derogación de este régimen se produjo mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. El Gobierno de Misiones sostiene que la vigencia efectiva de esa disposición, luego del fallo de la Corte Suprema mencionado por la Provincia, genera una situación de desprotección para el territorio misionero.
Cinco departamentos de Misiones superan el límite de extranjerización
Uno de los puntos centrales planteados por Recamán durante la entrevista fue que el promedio provincial puede ocultar situaciones de concentración territorial mucho más marcadas en determinadas zonas.
Según los datos citados por el Gobierno provincial, aunque la extranjerización de tierras en Misiones se encuentra por debajo del 15% en términos provinciales, cinco de sus 17 departamentos superan ese límite: Iguazú, Montecarlo, Eldorado, General San Martín y Concepción.
El caso más significativo es el departamento Iguazú, donde existen 114.406 hectáreas en manos extranjeras, una superficie que representa casi el 40% de su territorio rural.
Recamán señaló que la situación adquiere particular relevancia en municipios como Puerto Libertad, donde la concentración de tierras puede condicionar las posibilidades futuras de expansión urbana, habitacional e industrial.
El ministro remarcó además que buena parte de esa concentración se produjo antes de la existencia de la Ley de Tierras. Desde su perspectiva, ese antecedente permite dimensionar la importancia que atribuye a contar con límites sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La ubicación fronteriza suma presión sobre el territorio
Recamán insistió durante la entrevista en que Misiones presenta una situación territorial particular por encontrarse entre Brasil y Paraguay.
La provincia forma parte, además, de una región ambiental que excede las fronteras políticas. Los ecosistemas, cursos de agua y procesos productivos tienen impactos que pueden atravesar los límites entre países.
Por esa razón, el ministro vinculó la discusión sobre la propiedad de la tierra con el ordenamiento territorial, la protección ambiental y la soberanía sobre los recursos naturales.
La posición provincial también se relaciona con la decisión del Gobierno de Misiones de iniciar acciones judiciales luego de la vigencia efectiva de la derogación de la Ley de Tierras. El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado a recurrir a la Justicia para resguardar los derechos de la provincia sobre su territorio.
El decreto provincial que formalizó esa decisión sostiene que la situación impacta sobre cuestiones vinculadas con la autonomía territorial, el control de los recursos naturales, la seguridad provincial y municipal y el entramado económico-social de Misiones.
Recamán vinculó la discusión con la situación económica de los productores
Durante la entrevista en Radio Up, el ministro también relacionó la discusión sobre la extranjerización de tierras con el contexto económico que atraviesan determinados sectores productivos de Misiones.
En particular, mencionó la situación de los productores yerbateros y las dificultades económicas derivadas de los cambios producidos en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tras el DNU 70/2023.
Recamán señaló que existen productores con cheques impagos y dificultades económicas, mientras aumenta la presión para vender.
Desde su perspectiva, ese escenario puede convertirse en un factor adicional de preocupación frente a una normativa que permita una mayor libertad para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
El funcionario puso especial énfasis en diferenciar entre una persona extranjera que decide radicarse en Argentina y otros actores económicos de mayor escala que pueden llegar al territorio con intereses vinculados con la explotación de recursos naturales.
“Estamos mirando más bien aquellas cuestiones que vienen con intereses de explotación o con la mirada puesta en esos recursos naturales”, explicó.
Agua, biodiversidad y bosques en el centro de la discusión
Uno de los argumentos centrales de la posición misionera es que el territorio rural concentra recursos que tienen un valor ambiental y estratégico.
La provincia posee una alta concentración de bosques, cursos de agua y biodiversidad, además de formar parte del sistema del Acuífero Guaraní. Para Recamán, el recurso hídrico adquiere una importancia creciente en un escenario mundial de presión sobre los recursos naturales.
La postura planteada por Misiones apunta, por eso, a que el Estado conserve capacidad para regular la propiedad y el uso de la tierra rural, particularmente en áreas donde confluyen condiciones ambientales, productivas y fronterizas.
El Gobierno provincial sostiene que la propiedad de la tierra debe compatibilizarse con el interés ambiental, productivo y territorial de Misiones.

Qué definirá ahora el COFEMA
El próximo paso será la asamblea extraordinaria del COFEMA prevista para el 13 de octubre. Allí las autoridades ambientales deberán abordar nuevamente los cambios producidos alrededor de la Ley 26.737 y definir la posición del organismo.
Para Misiones, el planteo llevado por Recamán coloca en el centro de la discusión la necesidad de contar con herramientas estatales para ordenar un territorio que combina frontera internacional, biodiversidad, bosques, agua, producción y recursos naturales estratégicos.
La discusión sobre la Ley de Tierras queda así incorporada a una agenda más amplia que excede la propiedad inmobiliaria y alcanza la planificación territorial y ambiental de la provincia.
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