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La extranjerización de tierras rurales en la Argentina volvió a ocupar un lugar central en la agenda política nacional tras el anuncio del gobierno de avanzar con la derogación definitiva de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras (N° 26.737), sancionada en 2011. Con la asunción de los nuevos diputados y senadores y en un contexto de ofensiva legislativa, el oficialismo incluyó esta norma entre los proyectos clave a desarmar, reabriendo una discusión que atraviesa la historia reciente del país y toca uno de los núcleos más sensibles de la soberanía territorial.
Para dimensionar lo que está en juego, resulta imprescindible revisar el proceso histórico de concentración y extranjerización del suelo, especialmente en zonas fronterizas y en regiones con recursos estratégicos como agua dulce, minerales, bosques nativos y corredores logísticos.
El quiebre de los años noventa y la apertura de las fronteras a la venta de tierras
Un punto de inflexión en el proceso contemporáneo de venta de tierras a extranjeros se produjo a mediados de los años noventa. En 1996, durante la presidencia de Carlos Menem, se creó la Secretaría de Seguridad Interior, que asumió funciones hasta entonces ejercidas por la Superintendencia Nacional de Fronteras. En ese marco institucional, se habilitó la venta de más de ocho millones de hectáreas ubicadas en zonas de seguridad fronteriza, territorios históricamente protegidos por el decreto 15.385 de 1944, que restringía su adquisición exclusivamente a ciudadanos argentinos.
Si bien esa normativa nunca fue formalmente derogada, durante la década del noventa fue sistemáticamente vulnerada mediante ventas irregulares, triangulaciones societarias y mecanismos opacos de transferencia de dominio. Entre los casos más emblemáticos se encuentran Lago Escondido, en Río Negro, adquirido por el magnate británico Joe Lewis, y la compra de extensas superficies en la Patagonia por el grupo Benetton, de capitales italianos. Estos episodios marcaron el inicio de un proceso que luego se profundizaría con nuevas dinámicas económicas globales.
El boom de los commodities y la sanción de la Ley de Tierras
Durante los años 2000, el escenario internacional potenció la presión sobre la tierra como activo estratégico. El aumento sostenido de los precios internacionales de los alimentos, combinado con la devaluación posterior a la crisis de 2001, facilitó la compra de tierras fértiles por parte de inversores extranjeros, tanto productivos como especulativos.
Frente a ese contexto, en 2011 el Estado argentino avanzó con la sanción de la Ley de Tierras, que introdujo límites claros a la extranjerización y fortaleció los mecanismos de control estatal. La norma estableció que la superficie rural en manos extranjeras no podía superar el 15% del total nacional, provincial ni departamental, e incorporó criterios específicos para evitar triangulaciones empresarias y operaciones encubiertas a través de sociedades, fideicomisos o participaciones indirectas.
La flexibilización durante el macrismo y el cambio en la metodología
En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, el Decreto 820/2016 modificó sustancialmente la aplicación de la Ley de Tierras. La reforma flexibilizó los procedimientos de control, habilitó la notificación retroactiva de cambios societarios, redujo exigencias para las operaciones de compra y amplió los criterios para definir qué debía considerarse capital extranjero.
En la práctica, estos cambios no solo facilitaron nuevas adquisiciones sino que alteraron la forma de medir la extranjerización, especialmente en casos de sociedades, sucesiones, condominios y participaciones indirectas. Como consecuencia, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 se registró una aparente baja en los porcentajes de tierras en manos extranjeras que no respondió a una reducción real, sino al impacto de esta nueva metodología de cómputo.
El DNU 70/2023 y el freno judicial a la derogación
Con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 avanzó directamente sobre la derogación de la Ley de Tierras mediante su artículo 154. Sin embargo, en enero de 2024, un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) logró frenar provisoriamente la medida en la justicia, evitando cambios inmediatos y reabriendo el debate público sobre la defensa del territorio nacional.
Aunque el gobierno sostiene que ninguna provincia supera hoy el límite legal del 15%, el esfuerzo por eliminar la norma revela que el problema no se expresa en los promedios generales, sino en los datos desagregados por departamento y en su relación con la ubicación de recursos estratégicos.
Cuánta tierra, dónde y en manos de quiénes
A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino se encuentra en manos extranjeras, lo que equivale a más de trece millones de hectáreas, una superficie comparable a la extensión total de Inglaterra. Sin embargo, el dato agregado oculta situaciones críticas cuando se analiza la escala territorial fina.
Existen al menos 36 departamentos que superan el límite legal del 15%, y en cuatro casos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)— la extranjerización supera el 50% de la superficie. Se trata de territorios con agua dulce, minerales estratégicos y valor geopolítico.
El patrón se repite en departamentos ubicados sobre el río Paraná, la principal vía fluvial del país. Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) superan el 30% de tierras en manos extranjeras, consolidando un mapa de vulnerabilidad territorial.
Misiones y Corrientes: el NEA como zona crítica
Un relevamiento del Observatorio de Tierras del Conicet y la UBA revela que siete departamentos de Misiones y Corrientes exceden el tope legal de extranjerización, encendiendo alertas en una región marcada por su condición fronteriza, su riqueza hídrica y su atractivo turístico internacional.
En el departamento Iguazú, el 40% del territorio se encuentra bajo dominio extranjero, lo que representa 114.406 hectáreas. Montecarlo alcanza el 18%, Libertador General San Martín el 17%, mientras que Eldorado y Concepción registran un 16% cada uno.
En Corrientes, Ituzaingó presenta un 34% y Berón de Astrada un 33%, ambos en zonas de frontera y alto valor ambiental.
Grandes empresas, conflictos y concentración de la tierra
En Misiones, la empresa forestal chilena Arauco se posiciona como el principal concentrador de tierras extranjeras, con 264.334 hectáreas distribuidas en distintas provincias. La compañía controla cerca del 10% del territorio misionero y opera la planta de celulosa más grande del país.
En Corrientes, Adecoagro, de capitales luxemburgueses, posee más de 217.810 hectáreas en Argentina y ha sido cuestionada por su uso intensivo del agua, especialmente durante la sequía de 2022.
Un debate de fondo sobre soberanía y futuro
La derogación de la Ley de Tierras apunta a habilitar la compra de territorios con valor natural y estratégico excepcional: lagos patagónicos, acuíferos, bosques nativos, minerales críticos y zonas fronterizas sensibles. En un contexto internacional atravesado por disputas en torno al agua, la energía y los alimentos, permitir una expansión irrestricta del capital extranjero implica reducir la capacidad del Estado argentino para planificar su desarrollo de manera soberana.
Definir qué se vende, a quién y bajo qué reglas no es una cuestión administrativa. Es una decisión política y estratégica que ordena el acceso a los recursos esenciales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo nacional. En territorios donde los límites ya fueron superados, la discusión deja de ser abstracta y se traduce en impactos concretos sobre comunidades, economías regionales y soberanía.
Del recibo de sueldo al rebusque diario: desde fines del 2023 se perdieron 271.000 trabajos registradoshttps://t.co/8hzRcHKBQT pic.twitter.com/IkqrL8O6FA
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