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La creciente importancia de los dispositivos electrónicos como fuente de prueba en las causas judiciales puso de manifiesto la complejidad de la custodia y el análisis de la evidencia digital. Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), subrayó los retos que enfrenta la justicia al basar una imputación o condena en este tipo de pruebas, destacando la necesidad de garantizar la integridad, trazabilidad y transparencia de los datos.
La fragilidad de la prueba digital y la “carrera de las armas”
Pomar describió en Argentina Divina Comedia por Radio Up a la recolección de evidencia digital como una “carrera que se genera en ese momento para poder garantizar la integridad de la prueba”. El objetivo no es sólo preservar la información, sino también evitar que se inyecten datos de forma remota para incriminar al acusado.
Para ilustrar la delicadeza del proceso, mencionó un protocolo específico: “Cuando se secuestra un teléfono, en lugar de meterlo en un sobre, debería ir a una bolsa Faraday, que lo que implica es una bolsa en la cual no ingresan las señales de telecomunicación”. Este método, aunque "pintoresco" para el público en general, genera un aislamiento adicional que impide la alteración remota de la información.
A pesar de estos protocolos, el presidente de ODIA afirmó que existe una “carrera de arma” en los procesos judiciales. Según él, las defensas suelen cuestionar la validez de la prueba digital “porque no se cumplieron con las condiciones de custodia y trazabilidad”.
Esto genera un dilema para los magistrados, quienes deben determinar si la evidencia es confiable para condenar a una persona, un problema que recae sobre el juez y no solo sobre la acusación o la defensa: “¿De qué forma logran los jueces que en base a la prueba que se le aporta alguien sea acusado? Si está afectado el principio de confianza sobre la prueba del magistrado, el problema es para las dos partes, no hay ningún ganador, salvo la empresa (de software usada) que se lleva el contrato”.
Peritajes informáticos: ¿neutralidad o transparencia?
Uno de los puntos más críticos que señaló Pomar fue la falta de transparencia en el proceso de peritaje. “Cuando se hace una pericia es un hackeo”, resumió, refiriéndose a la necesidad de sortear las barreras de seguridad de los dispositivos. Esto plantea un problema de escala para los poderes judiciales, que no pueden contar con un gran número de hackers de alto nivel en todas las dependencias del organismo.
La solución, en la mayoría de los casos, es el uso de software de fácil manejo como UFED (herramienta de Cellebrite, empresa contratada por el Poder Judicial de Misiones a través de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas) y que permite a personal sin una formación técnica avanzada realizar un peritaje con solo “seis clics”. Sin embargo, esto genera una inquietud fundamental: “Si no sabemos cómo rompió el sistema del teléfono, ¿es confiable la prueba que sacó?”, añadió.
El experto cuestionó la falta de transparencia de estos programas, cuyas licencias privativas impiden que el juez conozca los métodos exactos de extracción de la evidencia.
“El informe de UFED tiene que dar cuenta de qué herramienta y qué tipo de ataque dentro de sus variables de ingreso utilizó para entrar”, enfatizó. La falta de este detalle socava el principio de confianza sobre la prueba.
Pomar consideró que “la usabilidad del sistema conspira en contra de la explicabilidad”. Un problema que se agrava cuando empresas privadas, y no peritos judiciales, son las encargadas de llevar a cabo los peritajes.
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La encrucijada del sistema judicial y el factor geopolítico
El presidente de ODIA también advirtió sobre los intereses económicos y geopolíticos detrás del software forense utilizado. Las empresas que ofrecen estos servicios son contratadas por decisión política, y sus intereses pueden no estar alineados con los de la justicia, analizó.
Este problema, según Pomar, se podría acentuar en los próximos años, ya que países como China están registrando más propiedad intelectual en el ámbito tecnológico. Esto significa que las herramientas forenses del futuro podrían provenir de un puñado de empresas con intereses específicos, que podrían no ser neutros. “No es ciencia ficción, esto es la realidad cotidiana debajo de las reglas con las que se condena a gente o no”, advirtió.
