El Departamento de Estado de los Estados Unidos puso bajo el reflector la situación de corrupción en el gobierno argentino, liderado por Alberto Fernández, en su informe anual sobre la práctica de los derechos humanos en todo el mundo. Este documento, que incluye un análisis sobre la calidad institucional de Argentina en el año 2023, generó un fuerte impacto al mencionar específicamente la condena de la expresidente Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad.
Desde Washington, la presentación de este informe, que cuenta con un prólogo del presidente Joseph Biden, no pasó inadvertida, en él se cuestiona el compromiso del gobierno argentino en la lucha contra la corrupción pública, señalando casos emblemáticos como el de Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con contratos de obras públicas durante su mandato presidencial.
El informe del Departamento de Estado destaca la debilidad de las instituciones argentinas y la politización del sistema judicial como factores que socavan los esfuerzos por combatir la corrupción de manera efectiva. Además de mencionar el caso de la ex presidenta, el informe también hace referencia a otras situaciones de corrupción, incluyendo casos que involucran a miembros del Poder Judicial argentino, como el del ex juez federal Walter Bento, acusado de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico.
En cuanto a la corrupción en las fuerzas de seguridad, el informe describe una situación preocupante, con casos de complicidad oficial en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero. Se menciona la existencia de acusaciones de corrupción tanto en los tribunales provinciales como en los federales, lo que evidencia la amplitud del problema en el sistema judicial argentino.
Una de las áreas de mayor preocupación señaladas en el informe es la situación carcelaria en distritos bonaerenses y en la Ciudad de Buenos Aires. Las condiciones en las cárceles son descritas como duras debido al hacinamiento, la falta de nutrición y atención médica, y las condiciones insalubres. El hacinamiento en las cárceles continúa siendo un problema grave, con una población carcelaria que supera ampliamente la capacidad diseñada de las instalaciones.
Además, el informe destaca que el hacinamiento en los centros de detención conduce a que las personas permanezcan retenidas en comisarías de policía durante períodos prolongados, a pesar de que esto está prohibido por ley. Se mencionan protestas de organizaciones de derechos humanos por el hacinamiento en las comisarías de Buenos Aires, evidenciando una preocupación generalizada por las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
En lo que respecta a la libertad de expresión, el informe señala que durante el último año del gobierno de Fernández y Kirchner, se registraron comentarios agresivos contra periodistas por parte de líderes políticos, incluyendo al expresidente. Se destaca que estas declaraciones limitaron la libertad de prensa en el país.
Un aspecto particularmente preocupante es la situación de los periodistas en la ciudad de Rosario, donde se encuentran bajo constante amenaza debido al cruce de intereses entre narcotraficantes, barras bravas y punteros políticos. Organizaciones de vigilancia de la libertad de prensa han advertido sobre la intimidación y las amenazas que enfrentan los periodistas en esta ciudad, lo que representa una seria amenaza para la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación.
