En el mes de noviembre la ciudad de Corrientes sufrió más de una semana sin colectivos por medidas de fuerzas. El grupo ERSA denunció el incumplimiento de los contratos de concesión y afirmó que para el Gobierno Provincial «es evidente que el servicio público de transporte dejó de ser una prioridad».
Sin embargo, el paro del 7 de diciembre fue convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes. La medida se implementó en reclamo del aumento previsto para los trabajadores del volante y fue la continuación de la crisis del mes pasado en que los choferes interrumpieron el servicio por siete días.
La mejora salarial prevista para los choferes debería ir de la mano de los aportes de los estados, nacional, provincial y municipal, tal lo refrendado en los acuerdos suscriptos en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los fondos no llegaron para abonar el aumento y las empresas pagaron los sueldos del mes de noviembre sin el incremento. Ello derivó en un nuevo paro en el servicio de transporte urbano de pasajeros de Capital.
Según el último acuerdo, los salarios de los choferes tendrían una suba del 12%, 10% y 8% en los meses de octubre, noviembre y diciembre. El pasado mes, las empresas correntinas abonaron el salario más la mitad del incremento previsto. Por ese saldo, los choferes fueron al paro que se concretó por tiempo indeterminado. Finalmente, la Provincia y el Municipio capitalino hicieron los aportes que les correspondían, se abonó la totalidad del aumento y se levantó la medida de fuerza.
En la noche del 7 de diciembre, el grupo ERSA emitió un comunicado en el que informó que después de 60 años decidió dejar sus operaciones en la ciudad de Corrientes.
«El incumplimiento de los contratos de concesión del servicio público de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos de la Ciudad de Corrientes, que determinan los ingresos de las operadoras del servicio, ha tornado materialmente imposible la ejecución de los mismos», reza el comunicado.
“Las tarifas fijadas desde el inicio de la concesión no han respondido a las claras normas del contrato porque no se han establecido en función de los costos reales de la operación. Ello generó permanentes déficits que dieron lugar a numerosas presentaciones, en ese sentido, al poder concedente».
Párrafo después, en el texto se analizó que «dicha situación no fue atendida de modo suficiente y oportuno por el Estado Provincial, a pesar de los convenios que se suscribieran con el Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco del Fondo Compensador del Transporte Urbano y Suburbano del Interior del País».
«Estas condiciones serán más desfavorables en 2024. Ello surge de la lectura de la Ley de Presupuesto de la Provincia de Corrientes, que establece que se destinarán al Transporte Público unos $2.000 millones de pesos. Esto significa solo el 0,18% del presupuesto total provincial, porcentaje que en los últimos años se redujo considerablemente frente a los ingresos corrientes de la Provincia», aseveró luego.
Más adelante, el comunicado del principal grupo empresario de la provincia evaluó que «es evidente que el servicio público de transporte en Corrientes dejó de ser una prioridad. Los beneficios que conllevan tener un transporte de pasajeros digno, regular, económico y eficiente no se encuentran dentro de las políticas públicas actuales. La falta de un servicio acorde a las necesidades de los correntinos se reflejará en lamentables índices de siniestralidad y sus consecuencias, que serán aún más costosas para el propio Estado».
«Desde hace tiempo, no está garantizada la sustentabilidad de un sistema que requiere previsibilidad e ingresos suficientes para mantener la regularidad y continuidad de los servicios», señaló el comunicado.
A continuación, expresó: «Por lo expuesto, nos resulta materialmente imposible continuar con la prestación del servicio público concesionado en los términos del Contrato».
Y concluyó: «Por las razones expresadas, el GRUPO ERSA, fundado el 26 de octubre de 1963, luego de prestar ininterrumpidamente sus servicios a nuestros conciudadanos durante 60 años, decidió finalizar sus operaciones en la ciudad de Corrientes. Esto significará el cese de casi 1.000 puestos de trabajo de los 5.500 que genera con sus actividades en todo el país, para lo cual formalizará las presentaciones del caso ante las autoridades competentes».
(Fuente: Diario Época)
