Se trata de personas que no cumplían con los requisitos previstos para el cobro de la asistencia social pensada para personas en estado de vulnerabilidad. El Ministerio de Capital Humano publicó la lista completa de los 4.588 beneficiarios (183 de los cuales son misioneros) que no deberían cobrar el plan, porque poseen empleo formal o realizan prestaciones al Estado, o son titulares de inmuebles, vehículos o comercios.
Este martes, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, publicó la lista completa de los 4.588 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no deberían percibir esta ayuda social por incumplir con algunos de los requisitos que marca la ley y que fueron dados de baja. De estos, 183 son misioneros, los cuales percibieron el subsidio hasta diciembre y fueron suspendidos por “incompatibilidades”.
La revelación del ministerio que conduce Pettovello confirma que había misioneros cobrando el plan Potenciar Trabajo de manera irregular.
Vale destacar que la baja de estos planes Potenciar Trabajo, se concretó por el avance de la investigación iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), que preside el fiscal Guillermo Marijuán, y que tuvo su primer impulso fuerte cuando se constató que había beneficiarios del plan social que viajaron al exterior, y más precisamente, al Mundial de Qatar.
En la investigación de la Ufises, se cruzaron los datos de las nóminas de los empleados públicos de distintas provincias con los del programa que manejaron en su momento, la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y el exsecretario de Economía Social, Emilio Pérsico –el secretario general del Movimiento Evita.
De ahí surgió que había 4.588 personas que no deberían cobrar el Potenciar Trabajo, muchos de los cuales eran empleados públicos. En el caso de Misiones, en el listado en el que se consignan las identidades de los 183 beneficiarios con “incompatibilidades”, se menciona al “ministerio de Coordinación General de Gabinete – subsecretaria legal y técnica” de ese ministerio que presidió Ricardo Wellbach, hasta el 10 de diciembre pasado.
Sin embargo, esto se debería a que fue esta cartera provincial la que remitió a la Ufises de Marijuan, el listado de los empleados públicos misioneros.
De acuerdo a la fiscalía que preside Marijuan, se produjeron “presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública” y, por su parte, el Ministerio de Capital Humano informó que encontró incompatibilidades con la Resolución N° 121/2020, que establece los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso del programa y, en lo que define las compatibilidades e incompatibilidades para percibir este beneficio.
En la resolución 17/2023 firmada por Pettovello el pasado 29 de diciembre, no se especificó el motivo de la suspensión de pagos de cada caso, la norma indica que, este plan social, no lo puede cobrar quien tenga un empleo formal registrado; quien sea titular de más de 1 (un) bien inmueble; quien sea titular de 1 (un) establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo; quien sea titular de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera que no sean las establecidas en el Registro Nacional de la Economía Popular; y tampoco lo pueden percibir quien esté registrado en alguna categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes vigente, con excepción de las categorías A, B y del Monotributo Social.
Dado que las incompatibilidades surgen del entrecruzamiento de los datos de la planta laboral estatal y la base de datos del Ministerio de Capital Humano, muy probablemente, la mayor parte de estos 183 “beneficiarios” misioneros a los que les dieron de baja el Potenciar Trabajo, hayan sido o sigan siendo empleados públicos de la provincia.
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