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La situación de las empresas argentinas volvió a mostrar señales de deterioro durante 2026. Hasta el 23 de julio se habían iniciado 153 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo, un mecanismo que permite negociar alternativas a los despidos y suspensiones masivas cuando una compañía atraviesa dificultades económicas. El dato surge de información oficial solicitada por Ámbito y representa más de un trámite por cada día hábil transcurrido en ese período.
La cantidad registrada este año también supera el total de procedimientos iniciados durante 2024, cuando hubo 131 casos, y se acerca al número correspondiente a todo 2025, que alcanzó 164. Desde diciembre de 2023, cuando comenzó el actual Gobierno, ya se acumularon al menos 448 procedimientos.
El comportamiento de los últimos años muestra una diferencia importante respecto del período inmediatamente anterior. Entre 2020 y 2023 se contabilizaron 26, 24, 43 y 42 procedimientos, respectivamente. En cambio, la cantidad comenzó a crecer durante la actual gestión: 131 casos en 2024, 164 en 2025 y 153 hasta el 23 de julio de 2026.
El Procedimiento Preventivo de Crisis funciona como una instancia de negociación obligatoria entre la empresa, los trabajadores y el Estado antes de avanzar con despidos o suspensiones de determinada magnitud por motivos económicos o de fuerza mayor. Entre las alternativas que pueden discutirse figuran la reducción de jornadas, adelantos de vacaciones y planes de retiro.
El aumento de estos trámites se produce en un contexto de retroceso del empleo registrado. De acuerdo con los datos citados por Ámbito, en mayo se perdieron 6.791 puestos de trabajo registrados y, desde noviembre de 2023, la reducción neta de asalariados registrados supera los 337.300 trabajadores, con trece meses consecutivos de descenso.
Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, el incremento de los procedimientos evidencia el nivel de presión que atraviesan empresas y trabajadores. El especialista sostuvo que “el diálogo social está dando el máximo” frente a un escenario caracterizado por la caída de empresas, menor actividad, falta de nuevas contrataciones y desvinculaciones.
Ottaviano también advirtió que el mecanismo tiene un alcance limitado frente a una crisis extendida. Según explicó, “ya de por sí es bastante acotado para crisis extendidas a nivel sectorial” y agregó: “Queda muchísimo más limitado para una situación como esta, que afecta prácticamente a toda la actividad económica y laboral del país”.
La presión sobre el sector privado también aparece en la cantidad de empresas que dejaron de operar. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo citados en el informe, en mayo se destruyeron 2.371 unidades productivas, equivalentes al 0,49% del total. La cifra eleva a más de 30.000 las empresas perdidas durante los últimos tres años.
El pedido de información realizado ante la Secretaría de Trabajo también buscó conocer cuántos trabajadores están afectados por los procedimientos, cuáles son los sectores con mayor cantidad de empresas en crisis, cómo se distribuyen territorialmente los casos y cuántos despidos o suspensiones fueron acordados. Sin embargo, el Gobierno no proporcionó esos datos, al argumentar que la normativa sobre acceso a la información pública no obliga al Estado a procesar o reclasificar individualmente los expedientes.
La evolución de los procedimientos preventivos refleja así una mayor cantidad de empresas que recurren a una herramienta diseñada para evitar despidos masivos, en un escenario marcado por la pérdida de puestos de trabajo registrados y una menor cantidad de unidades productivas.
