//
Por ahora, ARCA solo observa el drama sin actuar. La burocracia, la falta de información y la naturalización de la informalidad empujan a casi 800 mil mujeres a la precariedad.
En la Argentina, ocho de cada diez trabajadoras domésticas —de un universo de aproximadamente 790 mil personas, el 95% mujeres— no están registradas. La cifra, que proviene de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirma lo que muchas veces se intuye pero pocas se animan a enfrentar: el trabajo en casas particulares sigue siendo uno de los sectores más invisibilizados y explotados del país.
El monitoreo de esta situación está en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero su intervención llega, si llega, cuando ya es demasiado tarde: cuando el conflicto ya se judicializó y el daño ya está hecho. “ARCA actúa recién cuando hay sentencia de un Tribunal que determina que la relación laboral no fue registrada o lo fue de forma deficiente”, explicó la directora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, Diana Edith García.
El proceso para formalizar el vínculo laboral debe hacerlo el empleador, quien muchas veces desconoce el procedimiento o no tiene los medios para llevarlo adelante. “Una parte importante de estos empleadores son personas mayores, incluso enfermas, que necesitan ayuda pero no tienen cómo hacer el trámite. Son evasores involuntarios”, señaló García. Y alertó sobre otra realidad: “Cuando se llega a juicio, los aportes que se recaudan no van al trabajador, sino al Estado. Tampoco obtienen un beneficio real de esa sentencia. Tendría que generarse una modificación legislativa desde ese lugar también”.
Pero el problema no se agota en el desconocimiento. También hay quienes directamente optan por la informalidad, incluso con el consentimiento de las trabajadoras, que piden cobrar "en mano" para no sufrir descuentos. Según la organización Ecofeminita, esta informalidad deriva en un drama social:
- El 78,4% no tiene descuentos jubilatorios.
- El 72,6% no goza de vacaciones pagas.
- El 71,4% no percibe aguinaldo.
- El 74,7% no cobra en caso de enfermedad.
- El 78% no cuenta con cobertura de salud.
A pesar de estar o no registradas, por ley deben respetarse las jornadas de trabajo: ocho horas diarias o 48 semanales, con un máximo de nueve horas por día. Pero ni eso se garantiza.
Registrar a una empleada doméstica implica, para muchos, enfrentarse a una serie de pasos engorrosos en el portal de AFIP. Desde la obtención de la clave fiscal hasta la carga de datos personales, la elección de la obra social, la modalidad de pago, la categoría de trabajo y la cantidad de horas semanales. Una vez finalizado, debe abonarse la ART y descargarse la constancia.
Para quienes no dominan herramientas digitales o no tienen acceso a asesoramiento contable, esto puede ser una odisea. En la práctica, se traduce en el incumplimiento de derechos básicos.
El trabajo doméstico se divide por ley en cinco categorías: supervisoras, personal para tareas específicas, caseros, cuidado de personas y tareas generales. A su vez, pueden ser con retiro (viven fuera del lugar de trabajo) o sin retiro (viven en la casa).
En abril de 2025, el salario mínimo mensual para tareas generales es de $351.233 con retiro y $390.567 sin retiro. También se paga un extra del 30% en zonas desfavorables y se reconoce doble pago por días no laborables como el 3 de abril, Día de las Empleadas Domésticas.
El valor por hora es de $2.863 con retiro y $3.089 sin retiro. A partir de las 24 horas semanales con un mismo empleador, se puede acordar un sueldo mensual proporcional.
La clase media, media-alta y alta concentra la mayor parte de los empleadores. “Los de ingresos más altos, en general, sí registran a sus empleadas, incentivados por el descuento en el impuesto a las ganancias. La clase media, que también necesita que le cuiden a los hijos o los adultos mayores, muchas veces no accede a ese beneficio y cae en la informalidad”, explicaron fuentes judiciales.
¿Afecto o abuso?
García advirtió que “en este tipo de trabajos hay un grado afectivo, familiar. Entonces, el empleador y el trabajador tienen otro tipo de vínculo y, a veces, esa misma afectividad conlleva a la falta de registro”. Un argumento sensible, pero peligroso: la familiaridad no puede ser excusa para evadir derechos laborales.
El resultado de esta informalidad estructural es la precarización de miles de mujeres, muchas migrantes, muchas madres solteras, muchas únicas proveedoras de su hogar.
La ley existe, los mecanismos también. Falta voluntad, información y, sobre todo, control. Mientras tanto, ARCA espera.
