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Elvani aclaró que nunca recibió una pensión como pago a la militancia política, tal como insinuaron el Roque Gervasoni, presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC) y Micaela Gacek, candidata a Diputada Nacional por el Frente Renovador. Según explicó Goring, accedió "en 2010 a una pensión no contributiva por invalidez laboral, respaldada por su historia clínica y certificada por profesionales del Servicio de Acción Social del Municipio de Colonia Aurora, durante la gestión del entonces intendente renovador Jorge Kramer".
Según explica "posteriormente, la documentación fue ratificada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organismo competente en ese momento para la adjudicación de pensiones". La reciente diputada electa subrayó que Héctor “Cacho” Bárbaro no tuvo ningún tipo de intervención en esas diligencias.
“Nunca percibí un sueldo o contrato municipal”
En su descargo, la legisladora provincial también remarcó que jamás cobró un sueldo ni contrato municipal mientras percibía la pensión. “Hasta enero de este año sólo percibía la pensión por discapacidad”, afirmó.
De cara a las elecciones provinciales, y antes de definir su candidatura, solicitó formalmente la baja de la pensión "para poder inscribirse en el monotributo y dedicarse a la entrega de tabaco".
Elvani señaló que desde muy joven trabajó en la chacra familiar, lo que provocó secuelas en su salud. “Mi cuerpo se lesionó, impidiéndome realizar tareas propias de la agricultura familiar”, sostuvo en el descargo, recordando que su historia clínica avala esas limitaciones.
En ese sentido, destacó que no existe incompatibilidad entre un padecimiento físico o psíquico y el ejercicio de la función legislativa. Incluso mencionó que el propio presidente de la Legislatura "reconoce tener una discapacidad de salud que no le impide cumplir con sus funciones".
Denuncia de violencia política y de género
La diputada denunció haber sido víctima de violencia simbólica, política y de género por parte de funcionarios provinciales. En particular, apuntó contra “un mediocre funcionario público, vulgar, misógino y mentiroso” que —según dijo— se dedica a hostigar a opositores en redes sociales y que habría participado en lo que calificó como una “operación sucia en plena campaña electoral”.
Elvani confirmó que el equipo jurídico del PAyS ya inició acciones legales contra quienes la acusaron. “Los responsables deberán presentar pruebas y hacerse cargo de su accionar”, advirtió.
Finalmente, la diputada afirmó que seguirá defendiendo su nombre, el de su familia y el de sus compañeros de militancia frente a lo que consideró una campaña de desprestigio basada en agravios y falsedades.
Contexto político de las acusaciones
Las denuncias contra Elvani Goring surgieron en medio de un clima electoral en Misiones atravesado por fuertes tensiones entre el oficialismo provincial y el Frente PAyS. Las acusaciones fueron difundidas por el dirigente peronista y actual presidente del IMaC, Roque Gervasoni, quien señaló presuntas irregularidades en el cobro de pensiones por invalidez laboral.
El señalamiento apuntó directamente a Goring, diputada electa en los comicios de junio y esposa del intendente de Colonia Aurora, Cali Goring, y a la actual diputada Blanca Álvez, también del PAyS. Gervasoni incluso reclamó públicamente a La Libertad Avanza (LLA) —espacio que solicitó las auditorías nacionales— que profundice la investigación sobre este y otros posibles casos, al tiempo que publicó capturas que supuestamente probarían el cobro de beneficios hasta 2025 en el caso de Elvani y hasta 2021 en el de Álvez.
Ante estas acusaciones, el ex diputado nacional y líder del PAyS, Héctor “Cacho” Bárbaro, salió a responder con firmeza. Negó haber gestionado pensiones para diputadas de su espacio, al tiempo que denunció Gervasoni a la Justicia. “Es mentira que yo hice esos trámites. En 2011 yo era diputado provincial, no funcionario nacional. No tenía nada que ver”, había señalado.
Bárbaro, además, interpretó la acusación como parte de una maniobra política en plena campaña: “Indudablemente estamos en campaña. Él está nervioso porque le pedí que presente los papeles de los subsidios del secadero de Andrésito, donde hay millones sin rendir”, disparó.
Un mensaje que trasciende lo personal
El caso de Elvani Goring refleja la intensidad de la disputa política en Misiones, donde las denuncias cruzadas, los cuestionamientos sobre la transparencia y las acusaciones mediáticas marcan la agenda en plena campaña electoral.
Mientras la diputada electa se defiende asegurando que su pensión estuvo debidamente justificada por razones de salud, y anuncia demandas judiciales contra quienes considera responsables de una operación de desprestigio, el oficialismo provincial redobla las críticas y exige auditorías más profundas.
Para Elvani, la prioridad es limpiar su nombre y reafirmar la legitimidad de su banca. Para el oficialismo, en cambio, el caso representa un ejemplo de lo que consideran prácticas cuestionables en el manejo de pensiones.
El desenlace, que se trasladará a los tribunales, no sólo marcará la trayectoria política de los protagonistas, sino que también puede convertirse en un precedente clave para el futuro del debate sobre ética y política en Misiones.
Denuncian a diputados del PAYS por gestiones irregulares para cobrar pensiones por invalidez https://t.co/zn0Z7ilIaa
— Radio Up 95.5 (@radioup955) September 8, 2025
