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La crisis del transporte urbano de pasajeros en Eldorado continúa generando preocupación entre los ciudadanos, quienes llevan más de un año enfrentando interrupciones del servicio y falta de respuestas claras por parte de la administración municipal. Ante este escenario, el abogado José Luis Fuentes, junto a la abogada Mercedes Galeano, del equipo de Argentina Humana Misiones, presentó un pedido formal de acceso a la información pública dirigido al intendente de la ciudad de Eldorado, con el objetivo de obtener toda la documentación administrativa y judicial vinculada al servicio de transporte urbano, incluyendo contratos, controles, medidas aplicadas y correspondencia con la empresa prestataria.
El requerimiento se respalda en la Ley Provincial IV Nº 58 y la Ordenanza Municipal 055/2012, que establece la adhesión local al régimen de acceso a la información pública, garantizando que los ciudadanos puedan conocer cómo se gestionan los servicios esenciales y los recursos públicos.
La crisis del transporte urbano: un conflicto de más de un año
Fuentes explicó en diálogo con Radio Up que el conflicto ha tenido múltiples escaladas y acciones improvisadas por parte del Municipio de Eldorado y la empresa prestataria. “La ciudadanía de Eldorado ha soportado una seguidilla de interrupciones y conflictos que afectan la educación, los comercios y la movilidad de los trabajadores. Antes de ayer, la empresa suspendió intempestivamente el servicio, prácticamente acorralando al Municipio para negociar un acuerdo que, según trascendió, podría implicar un pago de 1.400 millones de pesos. Es un monto que deja en evidencia la magnitud del problema y la falta de planificación y control.”
El abogado agregó que la gestión municipal ha mostrado falta de previsión y de pericia técnica, con medidas improvisadas como la aprobación de una ordenanza de emergencia en agosto, sancionada en tiempo récord por el Concejo Deliberante, pero que nunca se implementó efectivamente. “Se crearon nuevas líneas de transporte que nunca cumplieron con recorridos ni frecuencias, y el comportamiento de la empresa roza lo delictual: no puede interrumpir el servicio sin aviso ni intimación, como una forma de chantaje a toda la ciudad”, señaló Fuentes.
Reclamo de transparencia y control sobre contrataciones
Uno de los puntos centrales del pedido es el acceso a la información sobre contrataciones extraordinarias realizadas por el Municipio de Eldorado para suplir el servicio, ya que la empresa denunció que se recurrió a colectivos contratados externamente.
Fuentes precisó: “Queremos saber cuánto costaron, a quién se contrató, quién autorizó, si las unidades contaban con seguro y habilitaciones. No estamos en contra de buscar soluciones ante incumplimientos, pero todo debe hacerse conforme a la ley y con transparencia, porque cuando algo sale mal, la ciudadanía termina pagando.”
El requerimiento incluye no solo costos y proveedores, sino también detalles sobre recorridos, frecuencia de servicio, cantidad de unidades y choferes involucrados, así como la documentación que respalde estas contrataciones.
Documentación solicitada al Municipio
El pedido de acceso a la información abarca toda la gestión administrativa y judicial vinculada al transporte urbano en Eldorado:
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Controles e incumplimientos: actas, inspecciones, verificaciones y reportes técnicos, con fechas, hechos y áreas intervinientes.
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Medidas aplicadas: intimaciones, vistas, sumarios, resoluciones y sanciones, con fundamentos y notificaciones.
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Intercambio con la empresa prestataria: cartas documento, notas, descargos y constancias de recepción.
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Actuaciones judiciales: promovidas por el Municipio y/o la empresa, con carátula, fuero, número de expediente, estado y resoluciones relevantes.
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Titularidad, cesiones y contratos: pliegos, dictámenes, garantías, controles de idoneidad y modificaciones contractuales.
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Ordenanzas y reglamentaciones vigentes: texto completo, promulgación/publicación, entrada en vigencia y anexos técnicos (recorridos, paradas, frecuencias, horarios, planos).
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Contrataciones extraordinarias: expedientes, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, objeto, alcance y supervisión administrativa.
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Estado actual de todos los expedientes y medidas en curso, tanto administrativas como judiciales, incluyendo resoluciones pendientes.
Impacto social y económico de la crisis
La falta de transporte afecta directamente a la vida cotidiana de los vecinos de Eldorado. Según Fuentes: “Cuando no hay transporte, los alumnos no pueden asistir a la escuela, los trabajadores deben recurrir a remises y taxis, y los comercios sufren pérdidas. La ciudad entera se ve afectada, y la ciudadanía termina pagando por los errores de gestión y las decisiones mal planificadas de la empresa y del Municipio.”
La suspensión intempestiva del servicio y la falta de información sobre medidas correctivas genera además desconfianza social y malestar ciudadano, que se ha acumulado durante más de un año de conflictos.
Eldorado: con un incremento del 13% en el subsidio, ETCE restableció el servicio de transporte https://t.co/Jby8n0tRks pic.twitter.com/XPunXK7fsJ
— Radio Up 95.5 (@radioup955) October 2, 2025
Marco legal y transparencia
El pedido se ampara en la Ley Provincial IV Nº 58 y la Ordenanza Municipal 055/2012, que garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, en especial sobre contratos, medidas administrativas y judiciales, sanciones y contrataciones. Fuentes señaló que la acción busca poner orden y rigor en la gestión pública, evaluando las decisiones del Municipio frente a los incumplimientos de la empresa prestataria y asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera correcta y transparente.
Una vez recibida la documentación, el equipo jurídico realizará un análisis técnico-jurídico integral, que permitirá evaluar las acciones municipales frente a los incumplimientos del servicio, verificar el cumplimiento de contratos y regulaciones por parte de la empresa, determinar posibles acciones legales o administrativas en defensa del interés de los usuarios y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Fuentes concluyó: “Queremos ponerle seriedad a este tema y evaluar qué se hizo, qué se está haciendo y qué se debe hacer para garantizar un transporte urbano digno. La ciudadanía tiene derecho a información completa y precisa para poder exigir responsabilidades.”
