La regularización de tierras en El Soberbio avanzó en la Legislatura de Misiones con el dictamen favorable al proyecto que propone declarar de utilidad pública dos inmuebles de poco más de 500 hectáreas, ocupados por unas 31 familias. La iniciativa contempla la compraventa y/o expropiación de los terrenos para su posterior adjudicación a los actuales ocupantes, en un contexto marcado por una sentencia judicial firme de desalojo.
En una entrevista con Radio Up, el diputado provincial y exintendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, destacó el avance legislativo y sostuvo que la propuesta representa una oportunidad para resolver un conflicto que lleva décadas y que amenaza con dejar sin sus viviendas a más de un centenar de personas. “Parece que sí, un paso bastante fuerte dimos el día martes, donde este proyecto superó la instancia de comisiones, obteniendo un dictamen favorable y la aprobación de los 17 integrantes de la comisión”, señaló.
Al momento de la entrevista, el proyecto debía tratarse en el recinto de la Cámara de Representantes de Misiones. Soboczinski expresó su expectativa de que la iniciativa obtuviera la aprobación legislativa y permitiera avanzar hacia la regularización dominial de las parcelas.
El legislador dimensionó las consecuencias sociales que podría tener un desalojo. Según explicó, las 31 familias afectadas representan a más de 100 personas que podrían perder sus viviendas y el patrimonio construido durante años. “Serían más de 100 personas que estarían en una situación de perder todo lo que trabajaron en su vida”, advirtió.
La propuesta apunta a brindar una respuesta a quienes residen en esos terrenos desde hace décadas y que, según los antecedentes del expediente, en algunos casos llevan más de 40 años en el lugar.

El origen de un conflicto que lleva décadas
Soboczinski explicó que la situación actual se vincula con los procesos de colonización que marcaron el crecimiento de El Soberbio y con la falta de documentación dominial que acompañara la ocupación de las tierras.
“En el caso de El Soberbio hubo programaciones de colonización donde a la gente se le permitía entrar y se colonizaba, pero lamentablemente los papeles, la mensura o las escrituras no llegaron”, relató.
Según reconstruyó el diputado, algunas propiedades fueron abiertas a la ocupación mientras se desarrollaban actividades vinculadas con la extracción de madera y su transporte por vía fluvial. Con el paso de los años, nuevas familias se instalaron en la zona, pero no siempre pudieron obtener los títulos de propiedad correspondientes.
El caso que ahora busca resolver la Legislatura involucra terrenos que formaron parte de Sobro S.A., una empresa que llegó a disponer de una extensa superficie en el municipio. De acuerdo con Soboczinski, el patrimonio original rondaba las 30.000 hectáreas y todavía quedarían alrededor de 14.000 hectáreas vinculadas con esa firma.
El legislador señaló que la empresa acumuló deudas con el entonces Banco Provincia. Cuando esa entidad pasó a ser Banco Macro, las obligaciones quedaron en el ámbito del denominado banco residual y el conflicto ingresó en una instancia judicial. La situación de las parcelas ocupadas por las familias se agravó cuando un acreedor consiguió escriturar los terrenos y comenzó a reclamar su restitución.
Soboczinski cuestionó los antecedentes de la escrituración
Durante la entrevista en Radio Up, el diputado describió distintos antecedentes administrativos que, según su interpretación, contribuyeron a que las familias quedaran expuestas a un proceso de desalojo.
Soboczinski sostuvo que, durante el procedimiento de escrituración, se incorporaron constancias que indicaban que los inmuebles estaban libres de ocupantes. También cuestionó una certificación que describía la superficie como selva, al señalar que conocía la zona y sabía que allí vivían familias. “Yo soy de Picada Mandarina y sé que no es así porque vivo ahí o vivía ahí al lado de esta gente”, afirmó.
Además, se refirió a un certificado de libre deuda municipal que, según indicó, habría sido emitido alrededor de 2013 o 2014. El legislador sostuvo que no pudieron constatar que la deuda correspondiente hubiera sido efectivamente cancelada en el municipio.
Estas declaraciones forman parte de la reconstrucción del caso realizada por Soboczinski y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre eventuales irregularidades administrativas.
El diputado contó que, cuando asumió la intendencia, el proceso de desalojo ya estaba en marcha. Desde el municipio, explicó, intentaron acompañar a las familias mediante asesoramiento legal e intervenciones en la causa judicial, que se tramitó en San Vicente.
Sin embargo, los recursos presentados no lograron revertir la situación y la sentencia quedó firme. Según relató, durante la semana previa a la entrevista se habían comunicado nuevas notificaciones relacionadas con el procedimiento.
Frente a ese escenario, Soboczinski consideró necesario impulsar una solución legislativa que contemplara la situación de los ocupantes y permitiera avanzar dentro de los mecanismos legales previstos para la adquisición o expropiación de los inmuebles.

Qué establece el proyecto de expropiación
La iniciativa reúne antecedentes legislativos presentados por Roque Soboczinski, Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), y la exlegisladora Cristina Novoa.
El proyecto propone declarar de utilidad pública dos inmuebles de Colonia El Soberbio y habilitar los mecanismos de compraventa y/o expropiación para su posterior adjudicación a los actuales ocupantes que cumplan con las condiciones establecidas.
La propuesta contempla la intervención del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), organismo que deberá realizar un relevamiento sociohabitacional y territorial para identificar a los grupos familiares alcanzados por la medida.
A partir de ese procedimiento se determinarán las condiciones para adjudicar las parcelas, destinadas principalmente a vivienda familiar única y, cuando corresponda, a actividades productivas.
El proyecto también establece restricciones para la transferencia de los terrenos. Según los fundamentos difundidos, las parcelas no podrán venderse ni transferirse durante los diez años posteriores a la escrituración.
La eventual expropiación deberá contemplar, además, los derechos de los propietarios y los mecanismos legales para establecer la compensación económica correspondiente.
Durante el tratamiento en comisión participaron representantes de las familias, autoridades municipales y concejales, quienes aportaron información sobre la situación de los terrenos.
Soboczinski destacó el intercambio y sostuvo que la discusión requiere considerar tanto la protección de los títulos de propiedad como la realidad de quienes habitan las parcelas desde hace años.
“Uno piensa que es bueno preservar las escrituras, los títulos de propiedad, pero cuando hay una historia como esta, sinceramente uno trata de ser humano y de defender la verdad y la realidad”, expresó.
El objetivo de regularizar otras 14.000 hectáreas
La situación de las 31 familias forma parte de una problemática territorial más amplia. Soboczinski explicó que el municipio mantiene gestiones para encontrar una solución definitiva a las tierras que todavía permanecen vinculadas con la situación judicial de Sobro S.A.
El diputado sostuvo que la falta de regularización dominial condiciona el crecimiento urbano, porque dentro de esas superficies existen barrios, avenidas y sectores habitados que necesitan contar con documentación que respalde la ocupación y permita planificar nuevas obras.
“Dentro de las 14.000 hectáreas también están los barrios y las avenidas de El Soberbio, entonces no hay manera de avanzar con una urbanización”, explicó. En ese sentido, estimó que resolver la situación permitiría avanzar con la entrega de entre 3.000 y 3.500 títulos de propiedad a vecinos del municipio.
El proceso requerirá visitas sociales, mensuras, escrituras y la posterior entrega de la documentación a los ocupantes que cumplan con los requisitos correspondientes. Se trata de un trabajo de mayor alcance que el proyecto específico sobre las 500 hectáreas y que deberá desarrollarse por etapas.
La regularización permitiría mejorar las condiciones para la planificación urbana y dar mayor seguridad jurídica a las familias que viven en distintos barrios y sectores de la colonia.
La Provincia prevé destinar $950 millones al pago de acreedores
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación judicial de Sobro S.A. y las gestiones para resolver las deudas pendientes de la empresa.
Soboczinski afirmó que el Gobierno provincial dispuso destinar $950 millones al pago de los acreedores de la quiebra, una partida que, según indicó, ya había pasado por el presupuesto.
“Estamos trabajando a full. El Gobierno dispuso ahora pagar la quiebra, los 950 millones que quedan de los acreedores”, señaló.
El legislador explicó que el desembolso permitiría cancelar las obligaciones pendientes y avanzar con las actuaciones judiciales y administrativas necesarias para destrabar la situación dominial de las tierras.
Según describió, una vez resuelta esa instancia se podría iniciar un trabajo de fondo que incluya relevamientos sociales, mensuras, escrituraciones y entrega de documentación a los ocupantes de la colonia y de los barrios de El Soberbio.
El objetivo es resolver los obstáculos que impiden regularizar parcelas y avanzar con la planificación urbana. Sin embargo, el pago previsto constituye una etapa dentro de un procedimiento más amplio, que todavía requiere completar los trámites jurídicos y territoriales correspondientes.
Soboczinski agradeció al gobernador y al equipo de Gobierno por acompañar las gestiones, así como a los diputados que respaldaron el presupuesto que contempla los fondos.

Una definición clave para el futuro de El Soberbio
El proyecto sobre las 500 hectáreas representa una respuesta legislativa buscada para evitar que 31 familias pierdan las tierras donde viven y trabajan. Al mismo tiempo, vuelve a poner en discusión una deuda histórica de El Soberbio con la regularización dominial, originada en procesos de ocupación y colonización que no siempre estuvieron acompañados por mensuras y títulos definitivos.
La iniciativa reúne una urgencia inmediata y un desafío estructural. Por un lado, busca dar una respuesta a más de 100 personas que enfrentan el riesgo de perder sus viviendas. Por otro, forma parte de un proceso más amplio que podría permitir regularizar miles de parcelas y avanzar con la seguridad jurídica de los vecinos.
Al cierre de la entrevista, Soboczinski insistió en que resolver el conflicto de Sobro S.A. podría tener un impacto que excede a las familias alcanzadas por el proyecto. La posibilidad de regularizar entre 3.000 y 3.500 títulos permitiría avanzar sobre problemas que afectan tanto a los barrios urbanos como a distintos sectores de la colonia.
Al momento de la entrevista, la aprobación del proyecto en el recinto todavía estaba pendiente. Su tratamiento debía definir el siguiente paso para las familias alcanzadas, mientras que la regularización del resto de las tierras requerirá nuevas instancias administrativas y judiciales.
Herrera Ahuad confirmó que la fecha de la sesión por el Presupuesto y anticipó reuniones con rectores universitarios https://t.co/ka8ad0XpCf https://t.co/5gGHa4Ck5I
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