Durante las últimas décadas venimos observando la lentitud en muchas cuestiones, pero sin dudas que una de las que más dolor viene generando en la sociedad argentina es el tufillo que respira y que produce una sensación de temor, desconfianza y hasta de una costumbre, como manifestaba el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Estamos demasiado acostumbrados a aceptar la injusticia”.
En efecto, cada finalización de los mandatos presidenciales en Argentina, por lo general, luego de transcurrir un determinado período, los argentinos comenzamos a observar cómo algunas instituciones o poderes aprietan el acelerador o el botón de encendido para que comience el gran show o pantomima de imputaciones, denuncias y causas judiciales; las mismas “caen con todo el peso de la lentitud de la ley” sobre aquellos exfuncionarios públicos o dirigentes sociales que pertenecían o simpatizaban con el gobierno saliente. Este tipo de procesamientos judiciales se han transformado en una parte esencial del folklore de la política y de la justicia en Argentina.
Valga como ejemplo lo ocurrido hace algunas semanas atrás, donde quedó en el ojo de la tormenta la exministro de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, por una compra donde no se encontraron rendiciones, esto según consta en la auditoría que llevó adelante la nueva administración de dicho organismo.
Según consta en el detalle, y que también investiga el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuya titular era Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos, aunque aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
Y durante los últimos días se conoció que el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, ha decidido ampliar la denuncia presentando más pruebas en la causa que investiga el pago de $ 5.300 millones a 30 cooperativas que entregaron menos de la mitad de las prendas que debían confeccionar y recibieron casi el 80% de lo presupuestado en 2023 por Desarrollo Social.
Sin ir más lejos, la desesperanza deberíamos espantarla, apartarla de los pensamientos para que de una buena vez por todas, exista algo distinto. Muestra que pueda brindarnos mayor claridad, tranquilidad.
Es que el argentino hace varios años viene cansado, hastiado y fastidioso de no sentirse cuidado en un país donde una gran parte de la Justicia tarda en llegar, no importa si son hechos civiles, penales, laborales o comerciales; la lentitud forma parte del proceso.
Uno de los casos que generó sorpresa, asombro fue el que puesto bajo la lupa el gobierno nacional hace algunas semanas atrás, cuando ubicó en el ojo de la tormenta a uno de los dirigentes políticos que empezó a esconderse con el paso del tiempo bajo la capa de poder que tenía en su momento la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Muchas de las cooperativas fueron creadas durante sus dos mandatos presidenciales y también durante el último período que presidió Alberto Fernández 2019-2023. Actualmente, muchas de ellas “están flojas de papeles”.
Por eso, desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, arremetieron denunciado penalmente al líder piquetero kirchnerista Juan Grabois, a quien lo acusan de ser el responsable de una cooperativa fantasma: “Asociación para la Salud Popular Comunitaria”, mediante la misma habría hurtado millones de pesos a los más necesitados, a los verdaderamente más vulnerables.
Por otra parte, en las últimas horas el fiscal Carlos Stornelli imputó al dirigente social y exprecandidato a presidente, Juan Grabois. La recriminación llegó después de una auditoría que hizo el gobierno de Javier Milei.
En el dictamen que Stornelli le presentó al juez Sebastián Ramos, aduce que “resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad y también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano, el famoso (FISU). El hecho por el cual los imputan habría ocurrido entre el 10 de diciembre de 2019 y diciembre del 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidente de la Nación era Cristina Kirchner.
Hay que recordar que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), tenía como objetivo principal urbanizar barrios populares. De dicho proceso únicamente se habrían concretado 400 obras de las más de 6.517 que estaban previstas. La denuncia expresa que los fondos fueron utilizados “para beneficio propio o para campañas políticas”.
Por este tipo de hechos, y también por citar evidencia, según los datos que se desprenden de informes de la auditoría de causas de corrupción del Consejo de la Magistratura de la Nación, que analizó las causas que llegaron a juicio en los Tribunales Orales Federal de la Ciudad de Buenos Aires, entre 1996 y 2016, solo un 2 por ciento de los funcionarios nacionales que fueron denunciados o acusados por corrupción fueron condenados. Afinando el lápiz, tenemos que decir que de cada 100 investigados, solamente 2 fueron condenados por corruptos y tuvieron una sentencia condenatoria.
A todo esto, la caja de pandora se abrió y no es precisamente aquella de la mitología griega, esta es de aquellas que ventila la opacidad, la miserabilidad de una parte de la dirigencia política argentina, donde van quedando cada vez más en claro que se necesita tener políticos que sean considerados “fichas limpias”, es decir sin prontuarios. Ya que del cofre de cartón no trae regalos bellos, solo exterioriza mugre, negocios espurios y dinero que malversaron del pueblo.
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”
(Séneca)
Fiel al estilo “argento” y como venimos observando en las últimas décadas, los gobiernos salientes, ni bien culminan sus mandatos se activa a todo vapor la máquina del Poder Judicial para investigarlos e ir a fondo contra algunos funcionarios que se quedaron sin los “privilegios o impunidad”, que al parecer les eran conferidos -vaya a saber por qué motivo o, por cuál fuerza del cielo-. Lo real es que esos superpoderes o, mejor dicho, aquella “súper impunidad” tienen un punto final con el cambio de mandato.
¿Es momento de exigirle mayor celeridad a la Justicia y aquellos que deban ser juzgados, lo sean a pesar de estar gobernando el país? ¿Es justa la Justicia si no se evita el delito o ilícito?
