La iniciativa volvió a ser presentado por los diputados Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, luego que perdiera estado parlamentario y, además, no fuera aprobado en la ley ómnibus.
Este lunes, los diputados nacionales Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro (Pro) presentaron un proyecto de ley para declarar a la educación como un servicio esencial, y así garantizar los 180 días de clases en todas las escuelas del país. La iniciativa fue representada luego de que perdiera estado parlamentario y que no haya sido aprobado este tema durante el tratamiento de la ley de Bases, que impulsaba el Gobierno nacional.
El proyecto propone “declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.
Según publicó el portal Parlamentario, Ritondo, presidente del bloque, afirmó que “es importante volver a insistir con esta iniciativa. Es fundamental garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza, sobre todo en algunas provincias que han tenido conflictos docentes muy largos en los últimos años”.
El diputado macrista, agregó que “el sistema de educación obligatoria nacional –desde nivel inicial hasta la secundaria– debe pasar a ser considerado un servicio esencial como son los hospitales y la seguridad, por ejemplo. Eso implica que se debe garantizar una prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. No es contra nadie, sino en favor de los chicos y el sistema educativo”, opinó Ritondo, sin referirse a los planteos de los docentes que sostienen que ese tipo de iniciativas conculca el derecho a huelga, garantizado por la Constitución Nacional.
Por su parte, el exministro de Educación macrista, Finocchiaro aseguró que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Nuestro proyecto de declarar la educación como servicio estratégico esencial se encuentra destinado a asegurar los derechos educativos”. “El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”, sentenció el exfuncionario y actual legislador nacional.
