Desde este martes, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comienza a debatir un proyecto que busca impedir una eventual privatización de la empresa estatal que arrastra un déficit operativo anual de 527 millones de dólares.
Luego de las elecciones PASO en las que el oficialismo del Frente Unión por la Patria quedó tercero detrás de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, se reactiva la actividad de comisiones en la Cámara de Diputados y el kirchnerismo pone en marcha el debate de un proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner para blindar a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización.
La aerolínea de bandera, en los 15 años que lleva estatizada, acumuló un déficit de 7.909 millones de dólares con una plantilla de 11.983 empleados, que según consultores privados, es desproporcionada para la flota actual de 81 aviones de la empresa.
Con el resultado de las primarias ya consumado, en el que las fuerzas políticas comprometidas con una privatización para reducir el déficit fiscal -LLA y JxC-, cosecharon el 57 por ciento de los votantes que sufragaron el pasado 13 de agosto, el kirchnerismo reflota el proyecto de Máximo Kirchner que dispone que la empresa no podrá privatizarse sin contar con el aval de los dos tercios del Congreso.
La iniciativa será el principal tema de una reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por el salteño Lucas Godoy (FdT), que arrancó este martes a las 14 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja. Allí el oficialismo cuenta con mayoría, por lo que se espera que el proyecto obtenga el dictamen favorable, sin mayores problemas.
Según trascendió, el proyecto solo posee tres artículos, dos de ellos de forma. La principal modificación es la que propone la incorporación de un párrafo al artículo 1ro. de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
Así pues, la ley que impulsa el jefe de La Cámpora, “prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación que para su aprobación requerirá obtener el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara”.
En otras palabras, se trata de obstaculizar una futura privatización, que debería ser aprobada por una mayoría difícil de conseguir para cualquier oficialismo, tanto en Diputados como en el Senado. Es decir, se blindaría la empresa estatal en la que recalaron numerosos dirigentes de La Cámpora en los últimos años, en el caso de aprobarse la iniciativa.
De acuerdo con Parlamentario, Máximo Kirchner sostiene en los argumentos del proyecto que “si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley -o el espíritu o finalidad-”. En realidad, la redacción se basa en el contenido del artículo 10 de la Ley 26.741, de expropiación de YPF en 2012.
En los 15 años desde la reestatización que impulsó Cristina Kirchner, Aerolíneas Argentinas acumuló un déficit de US$ 7.909 millones, que fue cubierto con aportes del Estado. Según datos oficiales, esto representa una pérdida anual de US$ 527 millones desde julio de 2008 a la fecha.
Según fuentes consultadas, para el kirchnerismo, Aerolíneas representa un bastión no sólo simbólico -la idea de que el Estado puede y debe asumir un rol de empresa para fomentar un supuesto “desarrollo”-, sino también económico y laboral: buena parte de los nuevos empleados de Aerolíneas son militantes de La Cámpora, o familiares y allegados a dirigentes oficialistas.
