Tras una investigación del fiscal Marijuan, entrecruzaron los datos y se constataron las incompatibilidades vinculadas al programa destinado a personas en situación vulnerabilidad social. Los casos se detectaron en 14 provincias, incluida Misiones y por el momento no trascendió la cantidad de estatales misioneros que cobraban los planes sociales.
Este viernes, el Ministerio de Capital Humano suspendió el pago del programa “Potenciar Trabajo” a más de 4500 titulares que son empleados públicos en 14 provincias, entre ellas Misiones. La decisión fue tomada en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan, que tuvo como punto de inflexión, el Mundial de Qatar 2022, al que acudieron 180 beneficiarios del plan ideado para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social.
Luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, se constató que 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder al plan social creado para personas que carecen de ingresos y de empleo formal.
De acuerdo con TN, las 14 provincias investigadas son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió dar de baja los mencionados planes Potenciar Trabajo, porque los beneficiarios eran empleados públicos, según quedó en evidencia al cotejar las planillas de empleados estatales y las del programa nacional ideado “con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social”.
De esta forma, Pettovello se diferencia de su predecesora, la exministra y ahora diputada nacional Victoria Tolosa Paz que está imputada por defraudación en perjuicio del Estado e incumplimiento de deberes en el marco de esta causa que investiga el fiscal Marijuan. Otro de los imputados es Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social, y máximo referente del Movimiento Evita.
Durante su gestión, Tolosa Paz no dio de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social violando la normativa que establece que uno de los requisitos para acceder a Potenciar Trabajo, es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
También es incompatible con el cobro de Potenciar Trabajo, “el ingreso y la permanencia (…) para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
Se estima que desde 2020 a la fecha, casi 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.
En ese marco, la funcionaria de Javier Milei también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social (que manejaba Pérsico) es muy escasa y poco confiable.
De acuerdo con Infobae, Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Pero no todas contestaron y algunas ya fueron intimadas por segunda vez.
La baja de estos planes Potenciar Trabajo gracias a la contrastación de las nóminas de empleados públicos y de beneficiarios del plan social, confirma que hubo casos en Misiones. Esto es así porque el cotejo se concretó con las 14 provincias mencionadas más arriba. Por el momento, no trascendió la cantidad de empleados públicos misioneros que cobraban los planes Potenciar Trabajo.
No sería la primera vez que empleados públicos perciben asistencias del Estado que no corresponden para trabajadores formales. En Candelaria, en 2012, se detectó que una docena de familiares y allegados del intendente Carlos Luna, algunos de los cuales eran empleados municipales, cobraban pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad. Esa causa que quedó cajoneada en Misiones, es un antecedente inmediato de la malversación de planes sociales y pensiones graciables.
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