//
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes registrados el jueves 15 de octubre en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. La medida, impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, busca establecer las responsabilidades por los enfrentamientos ocurridos durante la marcha universitaria, que dejaron 25 personas detenidas, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos y daños materiales estimados en $90 millones.
La presentación contempla posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Para respaldar las acusaciones, la cartera de Seguridad comenzó a reunir fotografías y registros audiovisuales que permitan identificar a las personas que participaron de los disturbios.
Qué sostiene la denuncia del Gobierno
De acuerdo con el planteo oficial, algunos manifestantes habrían actuado con el rostro cubierto para evitar ser reconocidos. Según la denuncia, durante los enfrentamientos se produjeron daños en bienes públicos y se utilizaron objetos contundentes para agredir a los efectivos policiales y de seguridad que participaban del operativo.
El Ministerio de Seguridad también sostuvo que los hechos deben analizarse en el contexto de la actividad legislativa que se desarrollaba ese día. En ese sentido, la presentación plantea que los disturbios habrían buscado “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa”.
La Justicia deberá evaluar las pruebas incorporadas y determinar las responsabilidades individuales por los hechos denunciados.
Ocho efectivos heridos y daños en la Plaza de los Congresos
Los enfrentamientos dejaron ocho integrantes de las fuerzas federales lesionados. El relevamiento oficial detalló que cuatro pertenecían a la Gendarmería Nacional, dos a la Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal.
Los episodios de mayor tensión se produjeron cuando grupos de manifestantes se apartaron de la columna principal y comenzaron a arrojar piedras y otros objetos contra los uniformados desplegados en las calles cercanas al Parlamento.
Entre las personas detenidas se encontraba un adolescente de 14 años, aprehendido por la Policía de la Ciudad en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre. Según la información difundida, fue interceptado cuando arrojaba piedras contra un móvil policial. Tras el procedimiento, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, que dispuso la participación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por otra parte, el Gobierno porteño calculó de manera preliminar que los daños materiales ascienden a $90 millones. Las afectaciones alcanzaron el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.
Una marcha por la educación pública que terminó con incidentes
La movilización se realizó en defensa de la educación pública universitaria y también incluyó reclamos vinculados con la emergencia en discapacidad. Sin embargo, la jornada terminó con enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del Congreso.
Con la denuncia presentada, el Gobierno busca avanzar en la identificación de los involucrados y en el esclarecimiento de los hechos. La investigación deberá determinar si las conductas denunciadas encuadran en los delitos señalados por el Ministerio de Seguridad.
