En un paso sin precedentes, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este lunes la declaración de «emergencia del Sector Energético Nacional» a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 55/2023. La medida, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024, busca abordar la situación crítica que enfrenta el sistema energético del país.
El DNU también establece la intervención de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) a partir del 1 de enero de 2024, así como el inicio de un proceso de revisión tarifaria con el mismo plazo. El gobierno, encabezado por Milei y respaldado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, así como otros ministros, sostiene que la situación de emergencia es evidente y requiere medidas urgentes.
Según el DNU, la «creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura, y la falta de renovación de las redes» son algunos de los desafíos que enfrenta el sector. Se destaca también un aumento preocupante en los indicadores de interrupción del servicio, evidenciando la necesidad de inversiones significativas para mejorar la calidad del servicio.
En términos de acciones concretas, el artículo 2 del decreto instruye a la Secretaría de Energía para que desarrolle un programa de acciones destinadas a establecer precios competitivos y garantizar niveles de ingresos que cubran las necesidades de inversión. Además, el artículo 3 ordena la revisión tarifaria para las empresas encargadas del transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, con la condición de que los nuevos cuadros tarifarios entren en vigencia antes del 31 de diciembre de 2024.
La intervención de ENRE y Enargas, a partir del próximo año, incluirá la designación de nuevos miembros del Directorio mediante un proceso de selección establecido en el mismo DNU. A los interventores se les encomendará la tarea de llevar a cabo la revisión tarifaria y evaluar e informar sobre la gestión de compras y contrataciones, así como identificar posibles anomalías.
El gobierno tiene un plazo de 180 días para iniciar el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes. En los considerandos del decreto se destaca la necesidad de actuar con urgencia para evitar el desabastecimiento de gas natural en el norte del país y abordar los desafíos presentes en el sector energético.
La medida ha generado diversas reacciones en la sociedad, con sectores a favor argumentando la necesidad de intervención para garantizar el suministro energético, mientras que otros expresan preocupación por posibles impactos económicos y ajustes tarifarios.
