El gobierno reconoció públicamente que la tan anunciada auditoría a las universidades públicas no es una realidad inminente, sino más bien una cuestión que recae en la competencia de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este cambio de discurso se produjo en medio de la agitación generada por la Marcha Federal de la Educación.
La revelación provino inicialmente del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, y fue reafirmada desde la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell. A pesar de anunciar un aumento presupuestario, que según los representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resultó insuficiente, el Gobierno mencionó un supuesto acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para llevar a cabo una auditoría conjunta que mejoraría los sistemas de control existentes.
Sin embargo, esta declaración fue recibida con escepticismo en el ámbito universitario. Ricardo Gelpi, rector de la UBA, junto con el titular del CIN, Victor Moriñigo, argumentaron que cualquier intervención del Ejecutivo en la auditoría sería inconstitucional, ya que la AGN, un organismo que reporta al Congreso, es el ente encargado de esta tarea debido a la autonomía universitaria establecida desde su creación.
Mientras tanto, el Gobierno se enfrenta a otras prioridades legislativas, como la ley Bases, que fue retirada y reconsiderada tras una demora de dos meses. En cuanto a las universidades, más allá de los recortes presupuestarios, no se vislumbra ningún plan concreto a corto plazo, aunque persiste un deseo de implementar aranceles para el acceso a la educación superior, especialmente para aquellos que puedan costearlos.
(Fuente: Infobae)
