En la previa de la medida de fuerza de la central obrera, este 9 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la decisión oficial y consideró que “mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre”.
A escasas horas del paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo para este 9 de mayo, el Gobierno nacional anunció que se le descontará el día a los estatales que se sumen a la medida de fuerza. La medida fue anunciada este miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aclaró que solo se aplicará el descuento a quienes no concurran por el paro y no para aquellos que no puedan llegar a sus lugares de trabajo por la huelga de los choferes del transporte público.
“Es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana en la Casa Rosada, en una postura contraria a lo que determina el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a huelga.
De acuerdo con Infobae, Adorni recordó que al igual que en otras manifestaciones, “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”.
En ese contexto, el portavoz repasó una serie de datos para dejar en evidencia el impacto nocivo del paro que impulsa la CGT: “6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”, subrayó Adorni, sin hacer alusión al artículo 14 Bis de la Constitución, que determina que “queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga.”
Prosiguiendo con su arenga contra el paro cegetista, Adorni enumeró una serie de datos comparativos para deslegitimar la convocatoria de la CGT, a la que atribuye una connotación política y no laboral. “Desde el 10 de diciembre, nuestro Gobierno tuvo dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronaúticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes. Mientras que, en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos (por COVID-19) bajo el lema ‘El Estado te cuida’, tuvo 0 paros”, disparó el vocero, en una mirada que no toma en cuenta las negociaciones que habría mantenido la CGT con diputados nacionales para consensuar el tipo de reforma laboral que sería aprobada en el Congreso.
En el marco de la diaria conferencia de prensa, puso de relieve que más de la mitad de los paros que lanzó la CGT en los últimos 41 años, se dio contra gobiernos no peronistas. “Desde 1983 (con el retorno de la democracia), el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, casi dos de cada tres medidas fueron contra gobiernos no peronistas”, subrayó.
“Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos quienes mañana quieren y necesitan ir a trabajar. Esos argentinos a los que el Gobierno va a representar y se siente orgulloso en que cada día confíen en el rumbo que se está llevando adelante”, opinó el funcionario, en defensa del gobierno del que forma parte desde diciembre del 2023.
El paro general impulsado por la CGT y ambas CTA, al que adhirieron diferentes gremios, comenzará desde las 0 hora de este jueves. Es por esta razón que los colectivos, trenes y subtes sufrirán modificaciones en la prestación de sus servicios desde que empiece la medida de fuerza en protesta contra la Ley Bases –que incluye una reforma laboral–, contra la restitución del impuesto a las ganancias sobre los salarios y contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 impulsados por la gestión del presidente Javier Milei.
La medida de fuerza, que parece transformarse en un instrumento de presión política contra los senadores que debaten la ley Bases, no puede ocultar que la CGT estuvo pactando con un sector “dialoguista” de la Cámara de Diputados (legisladores de Hacemos Coalición Federal) el contenido de la reforma laboral, que no incluyó la quita del aporte “solidario” (compulsivo) a los sindicatos.
Tras las gestiones de la CGT con diputados de HCF -el propio presidente del bloque, Miguel Pichetto confirmó el diálogo-, del proyecto de reforma se quitó la limitación a las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo.
A esto se sumó, según consigna Perfil, el blindaje de las protestas extorsivas luego de la eliminación de las sanciones contra los bloqueos a empresas. El texto original del artículo establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales. Esto fue retirado gracias a las gestiones del bloque de Pichetto y la CGT.
Se trata de cambios que la asociación sindical exigía y que el Gobierno aceptó en vistas de aprobar la Ley Bases. Asimismo, de acuerdo con Perfil, si bien se eliminó la limitación a las cuotas solidarias, la medida beneficiará solo a los gremios del sector privado. Es que el texto aprobado por Diputados contempla el artículo 62 del capítulo sobre Empleo Público, que limita ese beneficio para los estatales.
