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El gasto público primario de la Administración Nacional registró una caída real del 2,3% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe elaborado por la consultora Analytica con datos oficiales disponibles hasta el 3 de julio. La medición contempla el impacto de la inflación sobre los gastos devengados, es decir, las obligaciones de pago generadas por el Estado.
Aunque en junio el gasto primario aumentó 3,7% interanual en términos reales, el resultado acumulado entre enero y junio continuó mostrando una reducción, impulsada principalmente por el menor envío de fondos a las provincias y la contracción de la obra pública.
El mayor recorte del semestre se registró en las transferencias a las provincias, que disminuyeron 62,1% en términos reales. Según el análisis, al excluir los fondos destinados a hospitales SAMIC, la baja acumulada se ubica en torno al 52,3%.
Otro de los sectores más afectados fue la inversión en infraestructura, que tuvo una caída real del 32,4% durante la primera mitad del año. En el caso particular de junio, el retroceso alcanzó el 74,9%, con descensos tanto en construcciones como en transferencias de capital.
En contraposición, los subsidios económicos aumentaron 29,6% real en el semestre, impulsados principalmente por las partidas destinadas al sector energético, que crecieron 73,7%. En cambio, los subsidios vinculados al transporte registraron una baja del 24%, debido a menores transferencias al sistema ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.
Dentro del gasto social, las variaciones fueron más moderadas. Las jubilaciones y pensiones aumentaron 1,3% en términos reales, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares crecieron apenas 0,3%, manteniéndose en niveles similares a los del año anterior.
El informe también detalló la situación de la deuda flotante del Estado, que corresponde a pagos pendientes de cancelación. Al cierre del primer semestre, alcanzó los $3,9 billones, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel similar al registrado en junio de 2025 y relacionado, en parte, con el pago estacional de aguinaldos.
