Recientemente se anunció que el círculo de bioquímicos decidió implementar un cobro adicional a las prácticas médicas realizadas en los laboratorios que atienden a pacientes afiliados a obras sociales y prepagas. Esta situación sacó a la luz un problema que viene experimentando la provincia desde hace ya mucho tiempo, el cobro de «plus» en obras sociales y prepagas.
El sistema de obras sociales está diseñado para brindar cobertura a todos los afiliados por igual. El cobro de plus introduce una barrera económica que puede impedir que muchos pacientes accedan a tratamientos y servicios esenciales. La imposición de costos adicionales puede desincentivar a los afiliados a buscar atención médica cuando la necesitan. Si los pacientes sienten que no pueden costear los cargos extra, podrían postergar o evitar tratamientos necesarios, lo que podría tener consecuencias negativas para su salud en el largo plazo e inuso, la muerte.
Lo que ocurre cuando el IPS daña a sus afiliados y a la sociedad en su conjunto
El reciente anuncio sobre el cobro de un 25 por ciento de los estudios bioquímicos en Misiones, puso en jaque a miles de personas cuyas prestaciones médicas están cubiertas por el organismo provincial. Pero esa situación de coyuntura, expuso lo que viene ocurriendo desde hace años con el cobro del plus médico y con el instituto en general.
Si los afiliados del Instituto de Previsión Social de Misiones, podían esperar mejores servicios y prestaciones en base al creciente presupuesto del organismo, la decisión del Círculo de Bioquímicos de la provincia, de cobrar hasta un 25 por ciento de los exámenes de laboratorio les cayó como un baño de realidad: que el organismo cuente este año, con el doble de recursos que el año anterior, no se traduce en un mejor funcionamiento.
El Presupuesto del instituto pasó de $26.179.668.000 en 2022, a unos $43.200.000 en 2023. Recientemente, el presidente del organismo, el médico Lisandro Benmaor, solicitó $90.513.677.00, para atender las demandas de 223.327 afiliados, entre titulares activos, familiares y pasivos. Es un incremento del 99,93 por ciento respecto del año previo. Es decir, prácticamente se duplicó el presupuesto del IPS entre 2022 y 2023, y volverá a duplicarse para el año próximo, cuando se apruebe el Presupuesto 2024 en la Legislatura misionera, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.
Sin embargo, estos incrementos presupuestarios no se condicen con mejoras en las prestaciones, sino, todo lo contrario. Hubo varios ejemplos en las últimas semanas, de esta debacle en la cobertura del IPS, sin tener en cuenta el reciente canon bioquímico. Por sólo mencionar dos ejemplos: un paciente oncológico tenía que realizarse una endoscopía y le exigieron que pague $35 mil por el estudio, y otros $20 mil por la anestesia, es decir $55 mil. Cuando se dirigió al Hospital Madariaga, le dieron un turno para dentro de 40 días.
Otro paciente fue a requerir una práctica con una chequera para enfermedad crónica, pero en el centro de salud le exigieron que abone la misma. Esta persona acudió al IPS, donde le recomendaron que “pague la práctica o que acuda a otro profesional”. Pero casi ningún profesional acepta estas chequeras que son gratuitas. Como estos, hay cientos de casos.
Y vinculado a la cuestión de las chequeras del IPS para pacientes diabéticos, les estarían entregando metformina –un medicamento que ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en sangre– de la marca DBI, que llevan la leyenda “de uso exclusivo gratuito para el servicio de salud”. En Posadas, habría un único proveedor, exclusivo del IPS para esas chequeras, que estaría cobrando al Estado provincial por un medicamento para pacientes crónicos que, supuestamente, debería distribuirse en forma gratuita en hospitales y CAPS.
A todo esto se suma ahora la situación con los bioquímicos. El titular del Círculo de Bioquímicos, Rubén Angeloni, explicó a Radio Up que ya venían con problemas con los insumos para los exámenes de laboratorio desde antes de la devaluación del peso con respecto al dólar oficial del 22 por ciento, aplicada el lunes 14 de agosto. Pero desde ese día, según Angeloni, los proveedores de reactivos cancelaron todas las cuentas corrientes, por lo que los bioquímicos tienen que pagar al contado por estos insumos dolarizados.
De acuerdo con Angeloni, el cobro del 25 por ciento del costo de todos los exámenes de laboratorio que se realicen en Misiones, también tiene que ver con una paritaria de los empleados, que cobrarían un bono salarial que no estaba en los cálculos del CirCuBio. Además, como perciben de las prepagas y obras sociales –el IPS incluido–, cheques a 60 y 90 días, la situación -según Angeloni- era insostenible. “Por eso tomamos la decisión de cobrar este pequeño co-pago para hacernos del dinero necesario para hacer cumplir nuestras obligaciones a fin de mes”, dijo el jefe del CirCuBio.
El cobro de este plus fue avalado también por el Colegio de Bioquímicos de Misiones, que emitió un documento para los colegiados, según confirmó a este medio, su titular, Liliana Benítez.
Pero volviendo a la cuestión de los plus médicos, está naturalizado el cobro a los afiliados de la mayor obra social de Misiones. Funciona como si fuera una ley no escrita: todos los afiliados al IPS deberán pagar un plus, además de tener que esperar hasta que se atiendan a los demás pacientes –de otras obras sociales y particulares–. Últimos en la lista de espera y, además, sujetos a co-pagos, abandonados a su suerte y siendo tratados indignamente.
Sin embargo, vale remarcar que el cobro del plus es una práctica ilegal que viola el acuerdo de los médicos con las obras sociales y con las prepagas. De hecho, en la provincia de Santa Fe, el cobro del plus médico está prohibido por una ley provincial desde el año 2017. Aunque esto no impidiera que se siga cobrando plus en esa provincia, al menos existe una normativa que prohíbe esa práctica que es violatoria de derechos de afiliados a obras sociales o empresas de medicina prepaga. En cambio, en Misiones, la desprotección a los afiliados del IPS, es total. ¿A dónde van los miles de millones que recibe el organismo, sigue siendo un misterio?
En este contexto proliferan discursos que apuntan a privatizar todas las empresas del Estado y reducir sus funciones casi exclusivamente a las que desempeñan las fuerzas de seguridad, entre las que no es menor, la represión a las protestas o la persecución a referentes políticos y sociales. La debacle de las obras sociales estatales y la presunta corrupción en el manejo del Estado, son las condiciones de posibilidad del surgimiento de liderazgos mesiánicos y populistas neoliberales como se están observando no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica.
Si el Estado recauda y destina miles de millones de pesos a una obra social que deja desamparados a sus afiliados y los obliga a pagar plus médicos y co-pagos bioquímicos, es lógico que los damnificados consideren que ese organismo estatal no debería existir. Al fin y al cabo, ya existe una suerte de privatización de hecho: los plus médicos implican una doble exacción al afiliado, que debe pagar por consultas y prácticas, pero al mismo tiempo, aportar a la obra social.
Optar por caminos alternativos para recuperarse
En un reciente testimonio que destaca el debate en torno al cobro de «plus» en servicios médicos, Luis, un paciente con una lesión en la pierna derecha, compartió su experiencia al tratar de acceder a una cirugía para reparar sus meniscos. Según él, al presentar la necesidad de someterse a la operación, se encontró con una sorpresa desagradable por parte de su médico y la obra social a la que pertenece.
En diálogo con RadioUp 95.5, Luis explicó: “Mi problema de salud consiste en que tengo los meniscos de la pierna derecha rotos y necesitaba operarme. Pero al proponerle eso al médico, él me dio a operar, pero arriba de lo que cubría la obra social, me quería cobrar un plus por el trabajo que tenía que hacer él. Y creo que eso no está bien.”
Cuando se le preguntó sobre la cantidad que se le pedía pagar adicionalmente, Luis compartió: “El monto aproximado de arriba de los 100 mil pesos”.
En cuanto a la decisión final, Luis afirmó: “No me operé. Busqué otras alternativas y recurro a otros tratamientos para poder lograr la curación de mi problema.”
Confusión y desacuerdo entre el colegio y el círculo de bioquímicos por la noticia del cobro adicional
Fuentes cercanas al Colegio de Bioquímicos de Misiones, negaron estar de acuerdo con la decisión del círculo de bioquímicos de cobrar hasta 30 mil pesos de plus por estudios.
Algunos bioquímicos se mostraron en estado de confusión y desacuerdo debido a la imposición de un 25% de plus por parte del Círculo de Bioquímicos en los honorarios establecidos por las obras sociales. La falta de comunicación y la ausencia de una regulación oficial dejaron a muchos profesionales en un dilema ético y financiero.
Un bioquímico, quien prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su preocupación por la falta de claridad en esta situación. “El círculo de bioquímicos es el que trabaja con las obras sociales, fija los NBU y los aranceles de los análisis. Según afirmó Angeloni en Radio Up 95.5 del Círculo de Bioquímicos, sus integrantes deben cobrar un 25% adicional sobre lo que pagan las obras sociales. Sin embargo, a nosotros no nos proporcionaron ninguna comunicación oficial, ni circular al respecto”.
El profesional también señaló que la falta de información reglamentaria creó un ambiente de incertidumbre en la comunidad. “Ellos deberían emitir un comunicado oficial y enviárselo a todos los colegiados para aclarar esta situación. Hasta ahora, no recibimos nada oficial que respalde esta imposición. En mi caso, no apliqué este incremento ya que no existe una regulación clara. Además, si aplicara este aumento, podría quedarme sin pacientes, ya que muchas personas no tienen los recursos para cubrirlo”, aseguró.
La ausencia de una comunicación formal y la falta de regulación generaron preocupación y malestar entre los bioquímicos, quienes sienten que esta situación amenaza tanto su ética profesional como su sustento económico.
Los docentes sumaron la protesta contra el plus
Entre los temas que preocupan a los docentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), se encuentra también el costoso acceso a la atención médica. Resaltaron el impacto negativo de los altos costos de estudios y trámites en el sistema de salud, señalando que la situación es insostenible para muchos trabajadores.
La indignación por las tarifas exorbitantes en los estudios médicos fue un catalizador qu se sumó a los puntos de reclamos que los llevan a movilizarse nuevamente, en búsqueda de mejoras salariales, así como también en la búsqueda de mejor atención médica.
Entre los testimonios, encontramos a una docente que, al ser paciente oncológica, necesitaba realizarse una endoscopía y cuyo estudio valía 35 mil pesos, más la anestesia, 25 mil pesos, 55 mil en total. Se dirigió entonces al hospital donde le informaron que la disponibilidad sería para octubre recién, como si se tratara de un paquete para paseos en la provincia y no para un grave tema de salud.
Este testimonio pone de manifiesto la situación crítica que los pacientes oncológicos enfrentan, con tratamientos y procedimientos que no solo son esenciales sino también costosos. Las demoras en la atención médica pueden tener impactos severos en la salud de estos pacientes y generar angustia tanto en ellos como en sus familias.
El cobro de plus en pacientes médicos parece atentar contra la igualdad en la atención médica, la confianza en el sistema de salud y la integridad de la profesión médica. En un país que se jacta de la educación y la salud gratuita, todos los individuos deberían tener acceso a la atención médica que necesitan sin preocuparse por cargos financieros adicionales. La equidad en el acceso a la atención médica debe ser una prioridad fundamental para un sistema de salud justo.
Y por supuesto, el trato humano y digno a los afiliados en el caso de obras sociales y prepagas, y más aun en la atención médica, son cuestiones que atentan contra los derechos humanos básicos, por lo tanto, con consecuencias legales.