La Municipalidad de Puerto Piray presentó una denuncia penal contra los concejales Adrián Duarte y Elizabeth Mercado, integrantes del bloque Juntos Podemos, a raíz de la difusión de un flyer en el que se cuestionaba la calidad del agua potable distribuida en la localidad.
El abogado asesor de la Municipalidad de Puerto Piray, Daniel Moschner, explicó la situación en comunicación con el programa Realidad Mixta, emitido por Radio Up, y señaló que la presentación fue realizada inicialmente en la comisaría local, junto a la intendenta de la localidad: “Nos presentamos aquí en principio, en la comisaría de Puerto Piray, donde estoy justamente haciendo la presentación, denunciando a dos concejales del bloque Juntos Podemos, Adrián Duarte y Elizabeth Mercado”, explicó Moschner.
Según sostuvo el abogado, los concejales difundieron un comunicado en el que afirmaban que el agua de Puerto Piray no era potable y que contenía restos de materia fecal. Desde el Ejecutivo municipal consideran que esas afirmaciones generaron preocupación entre los vecinos y que podrían constituir una situación de intimidación pública: “Para nuestra interpretación, y es lo que sometemos a la Justicia, los hace encuadrar su conducta en el delito tipificado en el artículo 211, que habla de intimidación pública”, afirmó.
El municipio sostiene que el agua es apta para consumo
Uno de los principales argumentos de la Municipalidad para sostener la denuncia está relacionado con los análisis realizados sobre el agua. Moschner explicó que, luego de distintos inconvenientes registrados con las bombas de abastecimiento durante los últimos meses, el municipio reforzó los controles sobre el sistema: “Nosotros tuvimos la particularidad de que esa bomba, de gran dimensión, se nos rompió en estos tres meses tres veces”, relató.

De acuerdo con su explicación, las fallas provocaron episodios de desabastecimiento y aumentaron la preocupación de los vecinos. Por ese motivo, sostuvo que se mantuvo un seguimiento permanente de las condiciones del agua.
En ese contexto, señaló que el 7 de septiembre se tomaron siete muestras en distintos puntos de abastecimiento y en la propia cisterna, con participación de técnicos de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y del EPRAC, además de vecinos y los propios concejales: “Los resultados que ellos nos proporcionaron dan fe de que el agua está en condiciones de ser consumida y que reúne los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino”, aseguró.

El municipio también sostiene que los análisis cuestionados por los concejales no representarían adecuadamente las condiciones del sistema general de abastecimiento. Medios locales informaron que desde el laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM se explicó que una de las muestras había sido tomada desde un caño sucio y oxidado, mientras que otras muestras obtenidas bajo condiciones técnicas adecuadas dieron resultados aptos para consumo.
Ampliaron la denuncia por movimientos en la zona de la cisterna
Moschner también explicó que la presentación judicial fue ampliada a partir de una situación registrada en inmediaciones de la cisterna que abastece a la localidad: “En el día de ayer, en la tarde, hubo gente merodeando justamente en la cisterna”, señaló.
Según relató, alrededor de las 18:30 horas se habría detectado la presencia de personas en la zona y el municipio solicitó que la Justicia investigue qué estaban haciendo allí: “Hoy estamos pidiendo que la Justicia nuevamente pida informes de qué hacían en ese lugar y por qué”, sostuvo.

Además, indicó que la documentación presentada incluye capturas de pantalla relacionadas con la circulación de las publicaciones cuestionadas en redes sociales.
Un conflicto que ya había generado reclamos por el servicio
El conflicto por la calidad del agua se da luego de varios meses atravesados por problemas en el abastecimiento en Puerto Piray. En junio, la localidad había registrado cortes prolongados del servicio debido a inconvenientes con las bombas y los concejales Duarte y Mercado habían realizado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema.
En ese contexto, Moschner remarcó que la Municipalidad tenía especial atención puesta sobre el servicio: “Todos nuestros ojos estaban puestos en el abastecimiento de agua de la población”, afirmó.

La denuncia presentada por el municipio deberá ser analizada por la Justicia, que tendrá que determinar si las publicaciones cuestionadas constituyen o no un delito y establecer las eventuales responsabilidades correspondientes.
Desde el Ejecutivo municipal, en tanto, sostienen que los controles realizados sobre el sistema respaldan la seguridad del agua distribuida a la población y que las afirmaciones difundidas por los concejales carecen de sustento suficiente.



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