En 2025, la educación argentina enfrentará uno de los escenarios más comprometidos en décadas: una caída del 40% en el financiamiento educativo a nivel nacional.
Alejandro Morduchowicz, especialista en Planeamiento y Políticas Educativas, dialogó con “El País de la Libertad” y detalló cómo esta drástica reducción afectará especialmente a la educación obligatoria y analiza los desafíos que enfrentarán las provincias al asumir mayores responsabilidades.
El fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente y otros recortes
Morduchowicz explicó que el declive en el financiamiento comenzó en 2024, con la desaparición del Fondo Nacional de Incentivo Docente, un adicional salarial que había sido clave durante más de 25 años. “Algunas provincias lo han solucionado, pero otras dependen enormemente de ese adicional”, señaló.
Además, destacó que varios programas educativos fueron discontinuados, entre ellos, la distribución de textos escolares, computadoras y los materiales para Educación Sexual Integral (ESI). “Lo que queda como fuerte dentro de la actual Secretaría de Educación son los planes de alfabetización, pero está por verse qué ocurrirá con ellos”, añadió.
2025: un ajuste severo para la educación obligatoria
De cara al próximo año, las proyecciones son alarmantes. “Las estimaciones indican una caída del 40% en términos reales respecto al 2023. Esto golpeará principalmente a la educación básica: inicial, primaria y secundaria. Las universidades no serán las más afectadas esta vez”, afirmó Morduchowicz.
El especialista considera que esta disminución refleja una nueva concepción del rol del Estado en la educación. “El Gobierno Nacional parece haber adoptado una postura de ‘federalismo educativo a palo’. Por primera vez desde los 90, asume que la educación es responsabilidad exclusiva de las provincias y descontinúa acciones fundamentales”, explicó.
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Privatización y provincialización: un fenómeno en crecimiento
Otro cambio importante es el fortalecimiento de la educación privada y la transferencia de responsabilidades a las provincias. “Argentina viene incrementando desde hace décadas la participación de escuelas de gestión privada. Ahora, además, el Gobierno Nacional ha comenzado a subsidiar directamente a las familias, en lugar de a las escuelas. Esto era algo atribuido históricamente a las provincias”, detalló Morduchowicz.
Sobre la relación entre financiamiento y calidad educativa, el especialista utilizó una analogía reveladora: “Nadie va a negar que el agua apaga el fuego, pero un simple balde no puede apagar un incendio. Algo similar ocurre con el presupuesto educativo en Argentina: los recursos son tan bajos que no logran mejorar los aprendizajes”.
Además, agregó que, en las provincias, la mayor parte del presupuesto educativo se destina a salarios. Por lo tanto, “cuando disminuye el financiamiento, lo que realmente cae es el poder adquisitivo de los docentes, lo cual afecta directamente la calidad educativa”.
El desafío de garantizar los días de clase
Otro punto crítico es el tiempo efectivo en las aulas. “El tiempo en la escuela es una de las condiciones necesarias para mejorar el rendimiento educativo. En Argentina, tenemos una ley de 190 días de clase, pero rara vez se cumple. Sin días de clase, difícilmente se pueda mejorar el desempeño”, enfatizó Morduchowicz, aludiendo a las interrupciones por conflictos salariales y otros factores.
Con la desaparición del financiamiento nacional, las provincias deberán asumir la planificación y gestión de los recursos educativos. “Los ministros de Educación provinciales ya no podrán mirar hacia el Estado Nacional. Ahora tendrán que negociar dentro de sus propios gabinetes y reconfigurar sus prioridades”, explicó.
Finalmente, Morduchowicz indicó que esta nueva configuración plantea un escenario desafiante, pero también abre la puerta a repensar estrategias locales: “La clave estará en cómo cada provincia logre adaptarse a esta nueva realidad y en si puede garantizar una educación de calidad sin el respaldo financiero del Estado Nacional”, completó.