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La comisión parlamentaria resolvió cesar a la funcionaria Marisa Graham que había extendido su mandato por decisión propia. La conducción desprolija y cruzada por internas, no logró aclarar cómo seguirá el organismo sin titular ni adjunto.
En una sesión cargada de tensiones, chicanas y confusión normativa, la Comisión Bicameral del Congreso Nacional decidió este miércoles remover del cargo a Marisa Graham como Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Graham había prorrogado de forma unilateral su mandato en enero pasado, un hecho que generó fuertes cuestionamientos y que ahora desemboca en un escenario institucional incierto para el organismo.
La decisión fue adoptada por el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, aunque sin el respaldo de los dos tercios que, según el kirchnerismo, exige este tipo de definiciones. Con seis votos a favor, la comisión avanzó en cortar el vínculo con Graham desde este mismo miércoles, pero no logró resolver quién asumirá interinamente la conducción de la Defensoría ni cómo continuará su funcionamiento.
Durante más de dos horas, los legisladores se cruzaron en una reunión presidida de forma caótica por la diputada radical Natalia Sarapura. El diputado Nicolás Mayoraz intentó sin éxito clarificar la posición de La Libertad Avanza, mientras que su compañera de bancada, Nadia Márquez, protagonizó un ríspido ida y vuelta con legisladores del kirchnerismo. “Parecía una pelea entre camporistas”, deslizó un asesor parlamentario al finalizar el encuentro.
El punto de conflicto principal radica en la falta de conducción del organismo tras la salida de Graham y su adjunto. Pese a las advertencias del senador peronista Pablo Bensusán sobre las posibles consecuencias legales de este vacío institucional, ni Sarapura ni otros referentes de la comisión lograron precisar bajo qué marco se garantizará la continuidad administrativa. “Quien se arrogue la competencia de llevar adelante el órgano de la Defensoría hasta el concurso va a carecer de todo fundamento”, advirtió el legislador pampeano.
La Comisión recién resolvió lanzar un nuevo concurso a partir del 16 de junio, con un plazo de 180 días prorrogable. Mientras tanto, persisten las dudas sobre la validez de las medidas adoptadas por Graham desde enero, así como sobre la legalidad de las decisiones futuras sin una autoridad formal a cargo.
El encuentro concluyó con la propuesta de un cuarto intermedio para el martes próximo, dejando expuesta la falta de consenso incluso en cuestiones básicas. En medio del caos político, las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia —muchas con años de trabajo sostenido— vuelven a quedar en el centro de la incertidumbre institucional.
En algunos despachos del Congreso se teme que el Gobierno nacional, amparado en facultades delegadas, avance por su cuenta con decisiones sobre la Defensoría, evitando el debate parlamentario. Para La Libertad Avanza, sin embargo, la jornada dejó un saldo positivo: celebraron el “gran trabajo” de Mayoraz y Márquez. Para muchos otros, fue una muestra más del deterioro del funcionamiento legislativo.
El Gobierno endureció hoy la política migratoria:
➡️ Restringen acceso a salud y universidad pública
➡️ Expulsión exprés a extranjeros con antecedentesTodos los cambios acá https://t.co/oa8j3qWrSw#Migración #DNU366 #Argentina #LeyDeMigraciones
— RadioUp (@radioup955) May 29, 2025
