El grupo que nuclea a las agencias marítimas de la argentina, criticó con dureza en su carta dirigida a Alberto Fernández y Sergio Massa la nueva disposición del BCRA de gravar con el impuesto PAIS la adquisición de servicios de flete y transporte y las restricciones de acceso al mercado de cambio.
“Señalamos con absoluta preocupación la situación de incertidumbre generada por la aplicación de estas medidas, ya que imponen un sistema completamente disruptivo con la realidad generalizada a nivel global, entorpeciendo y encareciendo las operaciones y flujos del comercio exterior, los cuales se cumplen en más de un 90% en todo el mundo, vía transporte marítimo», comienza el comunicado, haciendo énfasis en la incertidumbre que provocó la nueva disposición del Gobierno Nacional.
En la solicitada, aseguran que este nuevo régimen, impone que las empresas argentinas que recaudan en el país el pago de los fletes, deban cumplir en forma obligada con un plazo de 90 días corridos desde la fecha de facturación del servicio prestado para poder remesar dichos pagos, agregándose 60 días más por la exigencia de tener que contar con una SIRASE en estado «aprobada» como requisito previo para poder efectuar dicha remesa. Algo que desde el Centro de Navegación aseguran que reduce el CEF, el Sistema de Capacidad Económica Financiera que evalúa mensualmente a los contribuyentes frente a la AFIP y determina su capacidad de realizar ciertas operaciones.
Además, hacen mención a la aplicación del impuesto PAIS a los fletes con una alícuota del 7,5% dispuesta por decreto, lo que consideran una “medida cuestionable no solo porque aumenta los costos del transporte internacional perjudicando al productor y al consumidor argentino, sino también porque invade atribuciones indelegables del Congreso, como es la de legislar en materia tributaria.”
El Centro de Navegación advirtió que resulta imposible que las agencias marítimas puedan absorber el riesgo cambiario e inflación durante el «parking» de noventa 90 días, más con el plazo de sesenta 60 días que puede insumir la aprobación de la SIRASE, ya que consideran que “erosiona el valor del pago del flete, lesionando el derecho patrimonial del armador del buque y colocando a empresas argentinas en situación de deuda con empresas extranjeras.”
También reconocen que estas medidas llevaron a que el cobro de los fletes sea efectuado en el exterior, “provocando que nuestro mercado de transporte sea definido, negociado y arbitrado en el exterior” lo que consideran que lleva a la Argentina a convertirse en «Puerto Sucio» y “obligando a nuestros exportadores e importadores a cumplir con el pago de los fletes en el exterior a valor divisa, en vez de poder hacerlo en nuestro país, al tipo de cambio oficial”
Otra de las duras advertencias que realizaron es que, con estas medidas, varias empresas marítimas opten por “saltearse a nuestros puertos como escala, sin que podamos proyectar a futuro más buques recalando en puertos argentinos, encareciéndose así aún más los costos de nuestro comercio exterior”
Al final del documento aseguran que estas medidas, que ya se han implementado en el pasado, fueron implementados para contrarrestar el déficit fiscal y fracasaron: “debemos evitar sacrificar al comercio exterior como resorte cortoplacista. Ello no puede constituir jamás una solución viable y sostenible. Los planes económicos basados en medidas de restricción del comercio exterior, […] todos ellos implementados para administrar los desequilibrios económicos en las cuentas públicas y mitigar el sostenimiento del déficit fiscal, han sido implementados en la Argentina en múltiples oportunidades, habiendo fracasado en todos los casos, sin excepciones.”
“La Argentina necesita vender y comprarle al mundo. […] Debemos consolidar la competitividad y favorecer el crecimiento de nuestras exportaciones e importaciones para favorecer la producción nacional, el desarrollo y el bienestar social para todos los argentinos. Señor Presidente y Señor Ministro de Economía de la Nación, queremos destacar la necesidad de revertir el estado de situación impuesto por la nueva normativa […] Toda esta situación, perjudica a los actores que conforman nuestra cadena logística y productiva, con aumento de costos y pérdida de competitividad.”
