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Los docentes de universidades públicas realizarán un paro nacional de 48 horas el jueves 27 y viernes 28 de agosto, convocado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y acompañado por distintos sindicatos del sector, entre ellos FEDUBA, debido a la falta de fondos para las casas de estudio y al deterioro de los salarios docentes. La medida se desarrolla mientras continúa la disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso luego del veto presidencial.
Los gremios sostienen que el Gobierno no está realizando las transferencias presupuestarias previstas por la legislación, pese a que existen fallos judiciales que ordenan avanzar con su cumplimiento.
Según las organizaciones sindicales, la demora en el envío de recursos afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas y también las partidas destinadas a salarios, becas estudiantiles y otras actividades académicas.
El reclamo también está centrado en los ingresos de los trabajadores. La conducción gremial cuestiona que los últimos aumentos hayan sido definidos de manera unilateral y sin una nueva instancia formal de negociación paritaria, además de considerar que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada.
Las entidades docentes calculan que el sector perdió cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Para recuperar el nivel salarial de ese período, estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales.
La pérdida salarial impacta con mayor intensidad en los cargos de dedicación simple y semi-exclusiva, aunque también alcanza a quienes cuentan con dedicación exclusiva.
A la situación salarial y presupuestaria se suma otra preocupación dentro del sistema universitario: la salida de docentes e investigadores con alta formación y títulos de posgrado, debido a las diferencias de ingresos respecto del sector privado y de instituciones académicas del exterior.
Las autoridades y representantes universitarios advierten que este proceso implica una pérdida de recursos humanos especializados y puede repercutir tanto en la calidad de la enseñanza como en la investigación científica y tecnológica del país.
En este contexto, los sindicatos resolvieron avanzar con la medida de fuerza mientras continúa sin resolverse la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha si el Poder Ejecutivo no presenta respuestas concretas a sus reclamos.
