Los gremios UDA y AMET y el sindicato Alfredo Bravo (SEMAB) desarrollan asambleas rotativas en numerosas escuelas de la provincia, en reclamo por una recomposición en salario básico de los docentes misioneros.
Como lo informaron días atrás, los gremios Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo (Semab) llevan adelante medidas de fuerza en diversas escuelas misioneras, en reclamo de salarios dignos y de incrementos en el salario básico del sector en Misiones. Sólo la provincia de Formosa paga a sus docentes, sueldos más bajos que los que paga el gobierno de Hugo Passalacqua, que mantiene el componente en negro que provenía de Nación a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
A partir de este lunes 8 de abril, los gremios mencionados iniciaron medidas de acción directa con la modalidad de asamblea sin atención de alumnos en todos los turnos en horario rotativo, acorde a la modalidad de cada institución.
La semana pasada, la secretaria general del Semab, Mariana Lescaffette, explicó a este medio: “Nosotros creemos que la asamblea tiene que ser el lugar de trabajo con una medida concreta que es retención de servicios por dos horas ya sea en el horario de la entrada o de la salida y desde ahí hasta que resuelvan la convocatoria y un aumento real al básico”.
Y añadió: “A partir del día lunes 8, se va a realizar medidas de acción directa con la modalidad de asamblea, sin atención al alumno en todos los turnos, en horarios rotativos, acorde a la modalidad de cada institución y en todos los establecimientos de la provincia, hasta que se solucionen las cuestiones que son urgente recomposición, al básico acorde al costo de vida”, precisó Lescaffette, quien mencionó los demás puntos de reclamo al gobierno educativo misionero.
Entre los planteos, Lescaffette precisó “la cuestión de pago en tiempo y forma del FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente), que tenían que pagar el 20, a más tarde del marzo, y no pagaron todavía y lo anunciaron para el 9 (de abril); el cese de bloqueo ilegales de hora y cargo, que serían despidos; el pago total de las deudas salariales teniendo en cuenta el carácter alimentario y salario; la derogación total de las resoluciones 241/24 y 271/24 que también afectan a directivos poniéndolos como único responsable y depositario legal de toda la documentación del Consejo, mientras hay funcionarios que cobran un salario enorme y no se hacen cargo”, fustigó la docente, en obvia referencia a los nombramientos en el CGE y en institutos como el Superior Politécnico Misiones N° 1.
Además, Lescaffette sostuvo que también cuestionan la circular que está girando “por la dirección de secundaria donde pretenden sacarle a los que estaban en disponibilidad a los cargos, cuestión que ya se frenó de alguna manera pero que legalmente sigue vigente. Y la continuidad de los suplentes que están sin trabajo de manera irregular cuando el titular no se presentó y toda esta cuestión que creemos que es de corrupción en el marco de las plantas funcionales va favoreciendo a funcionarios de alto rango o ex ministro mientras el ajuste lo hacen solo con los trabajadores”, cuestionó la docente, en obvia referencia al escándalo que involucra a la planta funcional del Instituto Superior Politécnico Misiones N° 1.
“Agotamos el diálogo, tratamos de todo el año pasado y anteriormente siempre mantuvimos el espíritu de la escuela abierta porque entendemos que también hay una política de dejar de que nos odien (los padres y madres de alumnos) más o menos a los docentes por el tema de abandonar el puesto laboral. Pero nosotros en este caso estamos en una situación ya límite y con colegas que ya no tienen ni para trasladarse digamos en función de que tampoco pagaron en tiempo y forma la movilidad. O sea, acá el ajuste fue perpetuo (no) desde que empezó este nuevo gobierno, pero vemos que hay otros gastos y de hecho hubo mucha plata que llegó a la provincia”, dijo Lescaffette.
Sobre el mismo tema podés leer: Lescaffette cuestionó la presunta “corrupción con las plantas funcionales, que va favoreciendo a funcionarios de alto rango, mientras el ajuste lo hacen solo con los docentes”
