En el marco del debate sobre la propuesta de implementar el divorcio express en Argentina, Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, manifestó su preocupación por los efectos que esta medida podría tener sobre los derechos de los menores y de los cónyuges en situaciones de vulnerabilidad. “El divorcio no es solo una cuestión de disolver un vínculo, es un proceso donde se deben proteger derechos fundamentales”, afirmó.
En diálogo con Antonio Villalba en el programa “RX- Realidad Mixta” de Radio Up 95.5, Antonio López Forastier expresó “No podemos abandonar los derechos de los más vulnerables porque decidimos terminar una relación”.
El Ministerio de Desregulación presentó un proyecto en el Congreso de la Nación que busca promover ciertas modificaciones en los trámites de divorcio lo que conllevaría a que sean más rápidos y sin pasar por la Justicia. En el proyecto de ley que envió el ministro Federico Sturzenegger al Congreso, agrega a esa lista el “divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el declarado en sede judicial”.
La importancia de la intervención judicial
López Forastier enfatizó que, aunque la propuesta busca acelerar los trámites de divorcio, este no es solo un trámite administrativo. “Cuando dos personas se casan, forman una familia, acumulan bienes, y cuando se divorcian, hay que resolver quién se queda con el hogar conyugal, quién va a hacerse cargo de los alimentos de los hijos. Y todo esto no puede quedar en manos de un simple trámite administrativo”, explicó.
Según el presidente del Colegio de Abogados, los jueces de familia cumplen un rol clave en el proceso de divorcio, ya que se encargan de garantizar que los derechos de los hijos y de los cónyuges más vulnerables estén protegidos. “Un juez puede, por ejemplo, atribuir el hogar conyugal a los hijos, incluso si la propiedad pertenece a uno de los cónyuges. Esa es una decisión que busca el interés superior del niño, algo que no puede hacerse en un mero trámite administrativo”, subrayó.
Riesgos de desprotección
López Forastier también alertó sobre los riesgos de que, en un divorcio sin intervención judicial, uno de los cónyuges quede en una situación de desventaja. “Nos preocupa que un cónyuge, en una posición dominante, por ejemplo, en casos de violencia de género, pueda presionar al otro para firmar un acuerdo sin la intervención de un juez. Eso es algo que no podemos permitir”, expresó con firmeza.
“Una mujer o un hombre que sufre violencia tiene que entender lo que está pasando y lo que le corresponde, por derecho, el victimario no puede obligarle a la otra persona a firmar un papel y después decirle `nos vamos a divorciar’ y la otra persona pierde todo” remarcó el abogado.
El abogado insistió en que, más allá de la intención de agilizar los procesos, es fundamental garantizar que ninguna persona quede desprotegida. “Podemos hacer el proceso más rápido y más barato, pero no a costa de abandonar los derechos de una madre o de los menores. Esa es nuestra principal preocupación”, sentenció.
Una crítica a la desinversión en justicia
López Forastier también aprovechó para criticar la falta de inversión en el sistema judicial, una de las principales razones por las que los procesos de divorcio suelen ser largos y complicados. “La solución no es eliminar la intervención de la justicia, sino invertir en ella. Necesitamos jueces de familia con más recursos y mejores tiempos de respuesta, no menos”, afirmó.
Finalmente, el presidente del Colegio de Abogados dejó en claro que la oposición de los abogados al divorcio exprés no responde a intereses profesionales, sino a la defensa de los derechos de las partes más vulnerables. “No se trata de si se divorciado o no, se trata de qué va a pasar con las consecuencias de ese matrimonio: los niños, el hogar, el patrimonio familiar. Y eso es algo que necesita la intervención de un juez que vele por esos derechos”, concluyó
Divorcio express: los puntos para entender el proyecto
En lugar de recurrir a los tribunales, el proyecto propone un mecanismo más ágil y económico, permitiendo a los cónyuges optar por un “divorcio simplificado”. Esta vía administrativa les permitirá poner fin a su matrimonio de manera más rápida y accesible, sin la necesidad de acudir a un juez. El procedimiento sería gestionado por el oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, replicando el mecanismo de mutuo acuerdo que dio origen al matrimonio.
El Ministerio de Justicia mencionó que varios países ya aplican este tipo de mecanismos. Ejemplos de ello son Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón, donde se permite el divorcio administrativo o notarial, dependiendo del caso.
El texto del proyecto también aborda algunas críticas históricas al divorcio, como la idea de que facilitar su acceso destruiría la familia y la sociedad. El Gobierno argumenta que, aunque tras la sanción de la Ley 26.994 se registró un aumento temporal en los divorcios, esto se debió a que muchas separaciones previas se formalizaron bajo el nuevo régimen. Lejos de destruir a la familia, el divorcio ofrece una solución a situaciones insostenibles, reduciendo el conflicto y los efectos negativos que una convivencia forzada podría tener en los hijos.
Finalmente, se señala que, según estudios realizados a lo largo de los años, los efectos perjudiciales en los hijos no son causados por el divorcio en sí, sino por el deterioro de las relaciones dentro de un matrimonio disfuncional, independientemente de que se formalice la separación o no. El proyecto subraya que facilitar el divorcio puede, en muchos casos, ser un alivio tanto para los adultos como para los menores involucrados.
