El debate por una nueva legislación nacional para las personas con discapacidad podría incorporar varios de los planteos realizados por el diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, durante las negociaciones entre las distintas bancadas de la Cámara de Diputados. El proyecto de dictamen denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” contiene distintas sugerencias del legislador misionero, algunas formuladas individualmente y otras en coincidencia con representantes de otros bloques.
Se trata todavía de un texto de trabajo y no de una redacción definitiva. Por eso, las medidas deben ser consideradas como propuestas que serían incorporadas o tenidas en cuenta en la elaboración final del dictamen, y no como disposiciones ya acordadas o sancionadas.
Uno de los principales aportes atribuidos a Herrera Ahuad apunta a modificar la concepción del sistema: pasar de una respuesta limitada por la emergencia a un esquema de fortalecimiento permanente, con previsibilidad presupuestaria y continuidad de las prestaciones. El borrador señala específicamente su sugerencia de superar “la transitoriedad de un esquema de emergencia” y garantizar anualmente recursos suficientes.

Presupuesto suficiente y protegido frente a la inflación
Uno de los puntos centrales que podría quedar incorporado en la versión definitiva es el mecanismo de financiamiento. El artículo 7 del borrador establece que el cumplimiento de la futura ley sería afrontado mediante partidas específicas asignadas anualmente al Ministerio de Salud, con un crédito presupuestario suficiente para garantizar la sostenibilidad real y permanente del sistema.
La propuesta agrega una condición relevante: esos recursos no podrían ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio inmediato anterior. De esta manera, no alcanzaría con mantener nominalmente una partida, sino que debería preservarse su capacidad real de financiamiento.
El propio documento deja asentado que se trata de una propuesta compartida respecto de la necesidad de garantizar presupuesto suficiente, pero identifica la redacción del artículo como sugerida por Herrera Ahuad. Además, durante el primer ejercicio de vigencia se habilitaría a la Jefatura de Gabinete a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para evitar interrupciones en prestaciones y beneficios.

Pensión y empleo formal podrían ser compatibles
Otro de los planteos que sería considerado para el dictamen definitivo es la posibilidad de compatibilizar la pensión por discapacidad con el trabajo formal. El artículo 9 proyectado establece que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrían conservar el beneficio aun teniendo un vínculo laboral formal o encontrándose inscriptas en los regímenes general o simplificado.
El esquema prevé mantener la pensión mientras los ingresos del beneficiario no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si excedieran ese límite, el beneficio sería suspendido mientras dure esa situación y podría rehabilitarse cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope establecido.
Esta propuesta surgió como pedido de Herrera Ahuad, Nancy Picón y Karina Maureira, mientras que registra aportes del PRO y la UCR sobre parte de su redacción.

Mantener la cobertura de Incluir Salud
Entre las propuestas en análisis también figura garantizar por ley la cobertura sanitaria para los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto establece que tendrían derecho al programa básico de salud garantizado actualmente mediante el Plan Federal Incluir Salud, o aquel que eventualmente lo reemplace.
En este caso, el documento identifica la iniciativa como una sugerencia compartida por Herrera Ahuad, PRO y Unidos, tomando una previsión existente en el régimen de emergencia.
Más información sobre presupuesto, aranceles y pensiones
Otro de los aportes que podría formar parte del dictamen definitivo apunta a reforzar los mecanismos de transparencia. La propuesta obligaría al Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, a publicar periódicamente información sobre la asignación y ejecución presupuestaria, los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas y la cantidad y montos vigentes de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.
La información tendría que difundirse en formatos abiertos y accesibles, preservando los datos personales y sensibles. El borrador atribuye esta sugerencia a Herrera Ahuad y el PRO.

Prestadores: cronograma con fechas ciertas para cobrar
La situación de los prestadores aparece como otro punto relevante de las negociaciones. La propuesta establece que, si al momento de aprobarse la futura ley todavía existieran compensaciones pendientes contempladas por la Ley 27.793, el Poder Ejecutivo debería informar y publicar un cronograma para completar su liquidación y pago.
Además, el eventual vencimiento del régimen de emergencia no debería afectar el derecho de aquellos prestadores que ya hubieran cumplido los requisitos para acceder a esas compensaciones.
La anotación interna del documento atribuye esta propuesta a Cristian Ritondo, Oscar Herrera Ahuad y la UCR, y resume el criterio buscado en dos definiciones: establecer un “cronograma con fechas ciertas de pago” y garantizar que los derechos subsistan hasta el efectivo cobro.
Los puntos de Herrera Ahuad que podrían quedar en la ley
Si estas propuestas finalmente son incorporadas al dictamen, la participación de Herrera Ahuad quedaría reflejada especialmente en cinco ejes: permanencia del sistema, garantía presupuestaria, compatibilidad entre pensión y empleo, cobertura sanitaria y transparencia, además de su participación en la propuesta destinada a asegurar el pago de compensaciones pendientes a los prestadores.
El cambio de fondo sería pasar de una legislación pensada alrededor de una emergencia temporal hacia un marco permanente. El objeto planteado para la futura norma contempla precisamente fortalecer la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas, garantizar la continuidad de las prestaciones de la Ley 24.901 y establecer mecanismos estables de financiamiento, control y articulación federal.
La negociación parlamentaria, sin embargo, permanece abierta. El documento analizado es un proyecto de dictamen con observaciones y sugerencias de diferentes bloques. Por lo tanto, será la redacción final la que determine cuáles de estos planteos efectivamente alcanzan consenso y llegan al recinto.



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