El presidente del Foro Nacional de Discapacidad, Pablo Molero, cuestionó las declaraciones del asesor presidencial Santiago Caputo sobre presuntas irregularidades en las pensiones por invalidez y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa el sector. En una entrevista con el programa Arriba la Radio, transmitido por RadioUp, sostuvo que los aranceles de las prestaciones acumulan un atraso del 30% respecto de 2024, mientras persisten las demoras en el otorgamiento de pensiones y en el acceso a medicamentos.
Molero pidió pruebas sobre las pensiones por invalidez
La discusión comenzó luego de que Santiago Caputo afirmara en redes sociales que cerca del 60% de las pensiones por invalidez en Argentina serían irregulares. Frente a esa acusación, Molero reclamó que se presenten los datos y las auditorías que respalden esa afirmación.
"Si él tiene datos para asegurar que el 60% de las pensiones son truchas, que lo muestre. La verdad que me gustaría saber qué auditoría hizo Santiago Caputo", expresó el titular del Foro Nacional de Discapacidad.
Molero también cuestionó el procedimiento de revisión impulsado por el Gobierno sobre casi 500.000 personas, que, según indicó, debió suspenderse por deficiencias en su implementación. De acuerdo con sus declaraciones, en ese proceso se había detectado alrededor de un 10% de irregularidades, entre ellas casos de personas fallecidas o que no se presentaron a las citaciones.
"¿De dónde saca Caputo para decir que hay un 60%? Nos gustaría que lo pueda demostrar", planteó.
En ese contexto, el dirigente sostuvo que las acusaciones generalizadas contribuyen a la estigmatización de las personas con discapacidad y sus familias. "Estigmatizar es la salida que tiene el gobierno frente a esta situación", afirmó.
Pensiones demoradas y prestaciones con costos que no se cubren
Molero advirtió que las dificultades del sector también se reflejan en la cantidad de trámites pendientes y en el financiamiento de los servicios destinados a las personas con discapacidad.
Según detalló, después de la sanción de la ley se presentaron cerca de 230.000 solicitudes de pensión, pero el Gobierno habría otorgado apenas el 10%, mientras la mayoría de los expedientes continúa sin resolución.
A esa situación se suma el retraso de los aranceles que reciben los prestadores, cuyos valores, según explicó, se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación, aunque sin recuperar la pérdida acumulada.
"Los aranceles están atrasados un 30% del año 2024 (...) Hoy tenemos aranceles que se adaptan todos los meses a la inflación, pero con un 30% de atraso, con lo cual lo que se paga no alcanza a cubrir los costos", señaló.
El dirigente también alertó sobre las consecuencias de las dificultades financieras en la atención cotidiana. Entre los problemas mencionados, indicó que hay personas con discapacidad que enfrentan demoras en la entrega de medicamentos esenciales, necesarios para sus tratamientos diarios.
La discusión por el Presupuesto y las responsabilidades de las provincias
Otro de los temas que preocupa al Foro Nacional de Discapacidad es el tratamiento del Presupuesto y la posibilidad de que las provincias deban asumir mayores responsabilidades sin contar con los recursos necesarios.
Molero cuestionó esa alternativa y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para las familias si se transfieren obligaciones a las jurisdicciones provinciales sin el correspondiente financiamiento.
"El gobierno con el proyecto de presupuesto abría la puerta para desligar todo el tema de discapacidad a las provincias (...) Ya sabemos lo que pasa cuando le han trasladado a las provincias de golpe sin presupuesto, obligaciones. El que termina sufriendo es la gente", sostuvo.
El presidente del Foro también manifestó su preocupación por el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y afirmó que las organizaciones deben continuar visibilizando los reclamos para obtener respuestas.
"No queda otra más que seguir haciendo visible sus necesidades, porque es lo único que contrarresta toda la propaganda oficial", concluyó.
