Los legisladores del bloque de la UCR, presentaron un proyecto en la Cámara de Representantes, planteando que el poder ejecutivo de Misiones, “tiene la obligación de acatar la Constitución” y esto “adquiere relevancia en el contexto de los reiterados aumentos de las tarifas de energía eléctrica (…) que el Estado provincial viene realizando, sin garantizar el procedimiento constitucional, en resguardo de los derechos de los usuarios”.
Los diputados provinciales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto para que el gobierno provincial convoque a audiencias públicas antes de definir el próximo aumento en las tarifas de la empresa Energía de Misiones SA (EMSA). El proyecto pone de manifiesto que la empresa provincial de energía y el Ejecutivo Provincial, jamás convocaron a audiencias, con lo que vienen incumpliendo la Constitución Provincial y la Constitución Nacional desde hace décadas.
El proyecto presentado por Lilia Torres, Ariel Pianesi, Rosa Kurtz, Gladys Cornelius y Francisco Fonseca, solicita al Ejecutivo provincial que encabeza el gobernador Hugo Passalacqua, que a través del Ministerio de Hacienda se “convoque a celebrar, la Audiencia Pública previa, a resolver nuevos aumentos de tarifas de Energía Eléctrica en la Provincia de Misiones, a los fines de escuchar y recabar informe de los usuarios”.
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados radicales sostienen que el proyecto de comunicación “tiene como objetivo expresar preocupación respecto a la falta de audiencias públicas previas ante ajustes de tarifas de energía eléctrica en la Provincia de Misiones. La última que se dictó – Sin celebrar audiencia- es la, Resolución nº 46 del Ministerio de Hacienda (…) de fecha 20 de diciembre del año 2023, publicada en BO el 25/01/2024, con aumentos de tarifas desde el 1ro. de noviembre del año 2023, al 30 de abril del año 2024”.
“Adquiere relevancia –nuestro pedido– en el contexto de los reiterados aumentos de las tarifas de energía eléctrica de la Provincia de Misiones que el Estado Provincial viene realizando, sin garantizar el procedimiento constitucional, en resguardo de los derechos de los usuarios”, sostienen los diputados en la iniciativa.
“La Audiencia Pública es una instancia de participación ciudadana relacionada a aspectos de decisiones de política pública. Permite a la población ejercer su derecho de acceso a la información y también expresar sus posturas en relación a estas decisiones”, puntualizan los legisladores.
El proyecto de comunicación pone de relieve el rol de contralor que debería ejercer el ministerio de Hacienda sobre la empresa privada con control estatal que provee del servicio de energía eléctrica en Misiones. El Gobierno de la Provincia de Misiones “a través del Ministerio de Hacienda (…) en su calidad de servidor público con funciones de control, debe convocar – en forma previa- a Audiencia Pública para escuchar y recabar las opiniones de los misioneros y misioneras que deseen expresarse sobre la propuesta de adecuación del cuadro tarifario que luego aplica la Empresa Energía Misiones S.A.”.
En esta línea, los diputados que impulsan la iniciativa recuerdan al Estado provincial que “resulta obligatoria la celebración de audiencia pública como procedimiento previo al dictado de normas que fijen un nuevo esquema de precios y cuya obligatoriedad resulta de la cláusula que fue incorporada por la Convención Reformadora de 1994 en la primera parte de la Constitución Nacional, dentro del capítulo titulado ‘Nuevos Derechos y Garantías’(…)”. Con esto, plantean que el gobierno provincial está incumpliendo la Constitución, toda vez que autorizaron incrementos en la tarifa eléctrica sin convocar a audiencias en las que la ciudadanía pueda expresarse sobre el servicio que presta EMSA.
“Los artículos 42 y 43 de la CN son herramientas definidas, destinadas a proteger a los consumidores y usuarios de las consecuencias del desequilibrio por las asimetrías real en que se desenvuelven las personas usuarias para acceder y satisfacer sus necesidades, ante el mercado como en el caso de la Provincia de Misiones que es Pública y Monopólica”, sostiene el proyecto, en uno de sus tramos más ásperos con el actual manejo de la cuestión energética en Misiones.
Asimismo, los diputados radicales recordaron al Ejecutivo misionero, que el Estado Provincial “está obligado” a convocar las audiencias públicas, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que “en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. De acuerdo con lo desarrollado precedentemente es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio… La participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información ‘adecuada y veraz’ (artículo 42, Constitución Nacional) y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno (artículo 10, Constitución Nacional) Asimismo, otorga una garantía de razonabilidad para el usuario. (fallo 339:1077)”
Por otra parte, los diputados radicales insistieron en el proyecto de comunicación referido, que en este razonamiento, de participación ciudadana “en la Provincia de Misiones, se sanciono la Ley 1 – LEY X – N.º 17 (Antes Ley 3270) Marco Regulatorio Eléctrico y Ley 2- LEY IV – Nº 58 de Libre acceso a la Información Pública. La primera, obliga a conocer el régimen tarifario aprobado y sus sucesivas modificaciones, previo a su aplicación; y la segunda determina que el acceso a la información pública es el derecho de participación ciudadana”, se argumenta en la iniciativa.
En otro tamo saliente del proyecto, los diputados plantean que los usuarios de EMSA, “poseen, en primer lugar, un derecho de contenido sustancial que es el derecho de todos los usuarios a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial. La capacidad de acceder a una información con estas características es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios, pues ese conocimiento es un presupuesto insoslayable para poder expresarse fundadamente, oír a todos los sectores interesados, deliberar y formar opinión sobre la razonabilidad de las medidas que se adoptaren por parte de las autoridades públicas, intentando superar las asimetrías naturales que existen entre un individuo y el Estado que habrá de fijar la tarifa de los servicios públicos”.
Por último, el proyecto de comunicación insiste en que “resulta claro que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Hacienda (…) se realizó sin haber respetado el derecho a la participación de los usuarios bajo la forma de audiencia pública previa, cuya exigencia además de legal, es constitucional”.
Proyecto de comunicación so… by RadioUp
La iniciativa que podrá ser bloqueada por la mayoría del bloque renovador y sus aliados en la Legislatura misionera, pone de manifiesto el manejo discrecional de las tarifas eléctricas que efectúa el gobierno provincial a través del ministerio de Hacienda y de la empresa EMSA. En los últimos 20 años de administraciones de la Renovación, jamás se convocó a audiencias públicas previo a cualquier incremento en las tarifas de electricidad.
De hecho, tampoco se conformó el Ente Provincial Regulador de la Energía Eléctrica (EPRE), un organismo de contralor creado por la ley X – Nº 17 (Antes Ley 3.270) que fue sancionada en 1995 definiendo el “Marco Regulatorio Eléctrico” de Misiones. En su capítulo XII, artículo 65, la ley mencionada sostiene que se crea “en el ámbito de la Secretaría de Estado de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, EPRE”, el cual “deberá estar constituido, y en condiciones de cumplir sus funciones, dentro de los sesenta (60) días de sancionada la reglamentación de la presente Ley”.
“El EPRE gozará de autarquía y tendrá plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado; y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera por cualquier título y tendrá su sede en la Ciudad de Posadas”, sostiene el artículo 66 de la mencionada ley. Pero el EPRE jamás fue creado ni entró en funciones, a casi 30 años de su creación por ley.
