El texto fue aprobado con dos tercios de los presentes en la Cámara baja y obtendría también una mayoría holgada en el Senado.
Este lunes, la Cámara de Diputados giró al Senado el proyecto con media sanción sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, consensuado entre los bloques de la oposición “dialoguista” (UCR, HCF, Innovación Federal, entre otros) y Unión por la Patria, y aprobado la semana pasada en el recinto por dos tercios de los presentes con 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones.
El presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley si el Congreso la sanciona, a pesar de lo que indica el artículo 83 de la Constitución Nacional, respecto de las mayorías que pueden insistir con una ley si el Gobierno la rechaza. Según el mandatario, la norma que mejora las jubilaciones afectaría el equilibrio fiscal. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la reforma sería del 0,4% del PBI.
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De acuerdo con Parlamentario, la iniciativa establece que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo al índice de inflación y que “en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario”. Además, estipula un aumento adicional en marzo de cada año del 50% de la variación salarial (RIPTE) por sobre la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Asimismo, establece una recomposición en los haberes del 8,1% para alcanzar a la inflación de enero, que fue del 20,6% (la más alta del año). Esto corrige el monto del 12.5% que fijó el gobierno nacional por medio del DNU 274/24.
En el caso de quienes perciban un solo beneficio, la ANSeS deberá garantizar el pago de un suplemento dinerario que tendrá carácter alimentario, al efecto de que estos ingresos totales no resulten inferiores al último valor disponible de la Canasta Básica Total, multiplicado por 1,09. Así lo establece uno de los artículos consensuados entre los bloques opositores que buscan despegarse del fenomenal ajuste sobre las jubilaciones.
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Por otro lado, se instruye a la ANSeS a cancelar, con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cuenten con sentencia firme, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la ley. Plazo que podría ser prorrogados por seis meses más.
En caso de concretarse un veto del presidente, se podría ver afectado el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, proyecto que ya tiene media sanción y debería votarse este miércoles. Es que los senadores patagónicos José María Carambia y Natalia Gadano, ya avisaron que no habrá ley bases si no se garantiza el mantenimiento del proyecto que aumenta las jubilaciones. Es decir, si no se garantiza que el presidente no lo va a vetar.
Por si fuera poco, el oficialismo enfrenta otro problema: hay varios dictámenes de la Ley Bases, uno de los cuales, el del radical Martín Lousteau, introduce modificaciones que Milei rechaza. Y es justamente ese dictamen el que apoyarían los senadores kirchneristas, si es que el proyecto se aprueba. El oficialismo, con los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, contaría con los números para la sanción en general.
