El oficialismo en la Cámara de Diputados busca impedir que la oposición reúna los 129 votos necesarios para sesionar el 15 de octubre y avanzar contra el DNU 70/23, luego de que distintos bloques opositores formalizaran una convocatoria que también incluye iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento familiar. La estrategia del Gobierno consiste en cerrar acuerdos con sectores dialoguistas y gobernadores para evitar que la sesión prospere y, al mismo tiempo, prepara una convocatoria propia para el 21 de octubre.
La disputa se intensificó después del fallo de la Corte Suprema que convalidó el artículo 154 de la Ley de Tierras y habilitó la extranjerización sin límites. A partir de esa decisión, los bloques opositores comenzaron a coordinar acciones parlamentarias y movilizaciones para intentar recuperar la vigencia de la norma y avanzar contra otros puntos del DNU 70/23.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei derogó la Ley de Tierras y también modificó o eliminó distintas regulaciones. Entre ellas se encuentran la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Compre Nacional.
Además, el DNU eliminó controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, suprimió la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), habilitó la eventual cesión a privados del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, avanzó con la política de “cielos abiertos”, eliminó el registro obligatorio para importar y exportar y quitó los topes a los intereses punitorios de las tarjetas de crédito.
Frente al riesgo de que la oposición consiga avanzar contra el decreto, el Gobierno tiene plazo hasta el día de la sesión para conseguir acuerdos que le permitan bloquear el quórum.
En ese marco, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, mantuvo una reunión con representantes de bloques aliados y les comunicó la intención del oficialismo de convocar a una sesión el 21 de octubre para discutir los proyectos de Discapacidad y sobreendeudamiento familiar. También los invitó a trabajar sobre los dictámenes de mayoría.
La oposición incluyó precisamente esas dos iniciativas en el temario previsto para el 15 de octubre, con la intención de sumar legisladores y alcanzar el número necesario para abrir el recinto.
La formalización de la convocatoria opositora generó preocupación en la Casa Rosada y llevó al oficialismo a suspender temporalmente los contactos con los sectores dialoguistas de Diputados. Entre las primeras alternativas evaluadas apareció la posibilidad de incorporar controles a la compraventa de tierras rurales en la media sanción de la Ley de Inviolabilidad Privada que llegó desde el Senado.
Sin embargo, el escenario cambió con el correr de las horas. En el oficialismo consideraron que Unión por la Patria y sus aliados todavía están lejos de alcanzar los 129 diputados necesarios para garantizar el quórum y avanzar contra el DNU 70/23.
A esa situación se sumó la actividad del Gobierno en París, donde 13 mandatarios provinciales, entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acompañan a Milei en la Argentina Week, una actividad destinada a promover inversiones extranjeras.
Según el análisis del oficialismo, el jefe de Estado, con la intervención del jefe de Gabinete, Diego Santilli, logró acercar posiciones con gobernadores como Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Raúl Jalil, quienes en distintos momentos mantuvieron contactos con sectores opositores y podrían resultar decisivos a la hora de definir el escenario parlamentario.
Mientras tanto, en la oposición confían en que el creciente debate sobre la soberanía territorial genere movilizaciones y presión social antes del 15 de octubre. Ese sector considera que ese contexto podría llevar a algunos diputados a modificar su posición frente al tratamiento del DNU.
Los bloques opositores también mantienen reparos sobre los proyectos que el oficialismo pretende llevar al recinto. En el caso de la iniciativa sobre discapacidad, cuestionan que el proyecto incorpora parte de los beneficios de la ley de emergencia, pero entra en contradicción con el Capítulo 6 del proyecto de Presupuesto Nacional, que plantea recortes y eliminación de derechos para el sector.
Además, desde el Ministerio de Economía trascendió el rechazo a algunos puntos del dictamen de mayoría negociado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el respaldo de Karina Milei.
Respecto del proyecto sobre endeudamiento familiar, la oposición sostiene que la propuesta oficialista se limita principalmente a la educación financiera y no contempla una solución concreta para las seis millones de personas que se encuentran en mora con el sistema financiero.
Otro punto de tensión es que el Gobierno todavía no oficializó la convocatoria al recinto para el 21 de octubre. Por ahora, la única sesión formalmente convocada para tratar discapacidad y endeudamiento es la impulsada por la oposición para el 15 de octubre.
En este escenario, el oficialismo parte con ventaja respecto de la posibilidad de impedir el quórum, aunque la oposición sostiene que la sesión también podría servir para exponer públicamente la posición de cada diputado.
“La divisoria es entre quienes apoyamos a los discapacitados, a los endeudados y a la soberanía territorial del país, y quienes están por la lógica de la crueldad de Estado y la extranjerización de las tierras”, sostuvo un diputado nacional de Unión por la Patria en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
